DETIENEN A 8 IMPORTANTES JEFES DEL SERVICIO PENITENCIARIO

Director de la cárcel de Mendoza, subdirector de la División Judiciales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), jefe de Seguridad Interna del penal de Misiones. Estos cargos ocupaban tres de los 15 penitenciarios —ocho de ellos jefes de alto rango— detenidos ayer por orden del juez de Instrucción Alberto Baños. La lista de Baños tiene un total de 22 nombres, todos ellos asociados al mayor escándalo descubierto dentro del SPF: la salida sistemática de presos de la cárcel de Caseros para robar en bandas organizadas por guardiacárceles.

Anoche —confiaron fuentes del caso a Clarín— personal de la Policía Federal seguía haciendo allanamientos en distintos puntos del país. El objetivo: completar todas las órdenes de captura, último capitulo de un caso sorprendente iniciado hace más de cinco años, cuando todos los penitenciarios ahora bajo la mira de la Justicia trabajaban en la Unidad I de Caseros.

“Se ha acreditado en esta causa la salida de presos para delinquir en connivencia con personal del Servicio Penitenciario Federal”. En octubre del año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Capital dio por probado —y lo fundamentó en párrafos como el anterior— que algunos presos eran sacados del penal de Caseros para concretar asaltos. Los internos —según confesaron al menos tres presos “arrepentidos”— debían pagar una especie de “peaje” a los guardiacárceles y también compartir con ellos los botines.

Los jueces del Tribunal Oral N°5 llegaron a esta conclusión luego de analizar una causa sobre una serie de violentos robos, atribuidos a una misma banda y ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de julio de 1998. El último de ellos terminó con el asesinato del cabo de la Federal Rubén Juárez, frente a un restorán, en la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle, en el barrio de Palermo.

Fue el nombre del restorán —”Dolli”— el que terminó bautizando el caso. Este empezó en el juzgado de Baños como un expediente más por “homicidio en ocasión de robo” y terminó provocando una enorme purga dentro del Servicio Penitenciario Federal, a mediados de 2000.

Lo que Baños descubrió fue que la misma banda que intentó asaltar “Dolli” la madrugada del 18 de julio también había concretado otro asalto pocas horas antes y que en ese golpe había participado un joven —Alejandro Hebert Núñez— que esa noche debía estar durmiendo en el pabellón 18 B de la cárcel de Caseros.

Durante casi dos años Baños juntó indicios y sospechas, pero no fue hasta principios de 2000 que el expediente de “Dolli” dio un paso decisivo. El 3 de abril de ese año Hebert Núñez declaró en la causa y contó detalles de cómo eran las salidas de los presos de la cárcel de Caseros. Lo hizo luego de que dos internos que sabían de las “salidas” fueran asesinados en circunstancias sospechosas: a uno lo balearon penitenciarios en un supuesto intento de fuga y a otro lo ahorcaron en su celda.

Al testimonio de Núñez se sumaron otros. Incluso uno de los presos “arrepentidos” —Alejandro Penczarsky— le dijo a Baños que agentes del SPF habían armado un complot para matarlo y así evitar que el juez continuara investigando.

Pero el caso siguió adelante y, a fines del año pasado, Núñez, otros dos ladrones y un agente penitenciario de Caseros llegaron a juicio oral acusados de los golpes que la banda de “Dolli” dio el 17 y 18 de julio de 1998. A Núñez lo condenaron por un asalto ocurrido horas antes del golpe al restaurante. Al penitenciario lo sentenciaron a 20 años por haber matado al cabo Juárez en la esquina de Dolli.

Con las salidas de presos “confirmadas” por un tribunal superior, Baños siguió juntando pruebas sobre la cadena de responsabilidades y complicidades penitenciarias que se manejaban detrás de las bandas “mixtas” armadas con presos y guardiacárceles.

Así llegó a formar la lista de 22 penitenciarios que hoy o bien están detenidos o bien tienen pedido de captura. Todos ellos ocupaban lugares clave en la cárcel de Caseros en julio de 1998 cuando —como comprobó la Justicia— Alejandro Hebert Núñez fue sacado del penal para robar. Actualmente algunos están retirados.

Fuentes del caso consultadas por Clarín confiaron que al menos desde hace tres meses la Policía Federal venía siguiendo a los sospechosos de la causa “Dolli”. A muchos los tuvo que ubicar en el interior del país y a otros en sus nuevas direcciones, que no figuraban en sus legajos.

Finalmente, ayer los policías recibieron la orden para, en operativos simultáneos en distintos puntos del país, comenzar con las detenciones. La idea de Baños sería que, a más tardar a fines de esta semana, todos los acusados respondan en indagatoria por una larga serie de delitos: “robo agravado por el uso de armas”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “falsedad ideológica” y “cohecho” son algunos de ellos.