DETRÁS DE LOS BARROTES

Quien haya atravesado alguna vez los barrotes que dividen la libertad de la prisión, saben que en la cárcel dos cosas son sagradas: la comida y la visita. Esto es, la subsistencia y el afecto. O el cuerpo y el alma.

Cuando en el otoño pasado miles de santafesinos iniciaron un exilio obligado por el agua y quedaron a merced de las decisiones oficiales, hubo quienes ofrecieron el único tesoro de que disponían: su alimento. Sin poder experimentar en carne propia el caos de aquellos días, sin posibilidades de saber qué era de sus seres queridos, privados de estar allí donde se necesitaban brazos, los presos decidieron donar su ración diaria de comida a los inundados.

¿Qué dice este gesto solidario de personas condenadas al encierro por otras personas? ¿De qué habla esta presencia necesaria, urgente, decidida, de esos hombres a quienes la ciudad mantiene ausentes? ¿Qué señala esta mano tendida hacia la sociedad, de quienes son escondidos y negados como una parte propia, como un espejo en el que evitamos mirarnos?

La respuesta es una sola: detrás de ese gesto hay un ser humano. Hay miles de seres humanos. En Santa Fe son alrededor de 2.500, si contamos sólo los hombres y mujeres que están presos en las cárceles de la provincia. Hay 500 más que hace tres años y muchos de ellos purgan condenas que los privarán de la libertad por el resto de sus días. Pero hay unos 2.000 más en celdas de las comisarías, esperando una decisión de la Justicia.

¿Qué conocemos de la cárcel los que estamos de este lado de las rejas?

En el imaginario colectivo se mezclan desde los antiguos uniformes a rayas, pasando por imágenes de la fuga de “Papillón”, la crueldad de “Expreso de medianoche”, el frío registro de las cámaras que custodian las cárceles del primer mundo, las transmisiones de los motines por TV en directo, o el hacinamiento y la muerte ficcionados por “Tumberos”. Y quizás algunas que otras imágenes más.

¿Pero es eso una cárcel? ¿Quiénes son y cómo pasan sus días de encierro los internos? ¿Qué hace el Estado con ellos? ¿Qué hacemos nosotros, los ciudadanos, los vecinos de un pueblo, de una ciudad, con las personas privadas de libertad? A algunas respuestas intentaremos aproximarnos con este informe especial, en un intento por construir con varias voces -la de los presos, la de las organizaciones sociales, la de la ley, la de las instituciones, la del Estado-, una mirada profunda y local acerca del sistema penitenciario.

El marco legal

Según un relevamiento de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el año 2000 había 36.561 presos en todo el país, de los cuales el 56,12 % no tenía condena y el 35,21 % estaba encarcelado desde hacía más de 2 años.

En la provincia de Santa Fe, los reclusos están distribuidos en las unidades penitenciarias 1 de Coronda (1.526 internos), 2 de Las Flores (500), 3 de Rosario (300), 4 de mujeres Santa Fe (60), 5 de mujeres Rosario (60) y la de Santa Felicia, departamento Vera (70). Pero también hay presos a cargo de la Policía, en la Alcaidía de la UR I, en numerosas comisarías, en las distintas reparticiones de la UR II (Rosario) y en Asuntos Juveniles.

Todos están bajo un sistema penitenciario encuadrado en la ley nacional N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, sancionada en el año 1996, que reafirmó el ideal resocializador de las cárceles.

Este marco normativo tiene como principio básico “lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”. Y exige a la Justicia “el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la Argentina, y los derechos de los condenados”.

Letra muerta

Sin embargo, como ocurre con las graves problemáticas de la sociedad argentina, las leyes son cuerpos cuidadosamente pensados, consensuados y escritos, pero escasamente cumplidos. Y en las cárceles santafesinas no hay excepciones a esta regla de la práctica nacional.

“Sin temor a exagerar, podemos afirmar que cada uno de los internos de la provincia representa un historial de graves violaciones a su dignidad humana; en muchos casos, tales violaciones son causadas por la acción u omisión, abuso o negligencia de los funcionarios del sistema penitenciario o del sistema de justicia”, afirma la Coordinadora de Trabajo Carcelario, una de las organizaciones civiles que -con sede en Rosario- recorre los penales y bucea en la problemática.

“Tales violaciones no son aisladas, sino generalizadas entre la población interna, y su origen no está en la conducta de un funcionario únicamente, sino que deviene de causas estructurales que requieren del mayor esfuerzo del Estado y la colaboración de la sociedad para superarlas”, apela.

“La gama de las distintas violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad tiene como extremo la muerte en las cárceles”, afirma la Coordinadora. El mes pasado, la entidad denunció que 38 internos perdieron la vida durante los últimos 4 años en episodios violentos dentro de los penales santafesinos (ver cuadro).

La vida en el encierro

El hacinamiento, los maltratos físicos, la convivencia entre procesados y penados, y la falta de un trabajo dentro de la cárcel, son cuatro características que están presentes con frecuencia en el sistema penitenciario. “En el último Encuentro de Abogados Católicos del Cono Sur en Pastoral Penitenciaria -que tuvo lugar en julio pasado-, hablábamos del cumplimiento de las reglas mínimas que están establecidas a nivel internacional y que están en nuestra Constitución, o sea que pedir la aplicación no es decir nada nuevo. Y dentro de ellas están estos cuatro puntos fundamentales que sabemos que existen en nuestras cárceles”, explicó la Dra. Fabiana Retamosa, integrante de Pastoral Penitenciaria.

“Está establecido en todas las legislaciones de los países que integran esta agrupación (Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia y Argentina), que no se puede maltratar físicamente, que es necesario dividir a procesados y penados, y que tampoco se cumple la necesidad de un trabajo. Todo el mundo sabe que el trabajo dignifica, y además, a través de un trabajo dentro de la misma unidad, los internos se pueden abastecer ellos mismos o pueden vender para afuera, para la sociedad, o sea, se puede reparar el daño con la sociedad”, subrayó.

“Si el fin de la pena es la resocialización de la persona, no hay que depositarla en un monstruo como es la Unidad 1. Allí los internos están depositados, porque no hay un tratamiento para que no vuelvan a delinquir. La sociedad se queja de que salen de la cárcel y vuelven a cometer un delito; y justamente eso está evidenciando que el sistema penitenciario -el sistema, no el servicio penitenciario- no está produciendo frutos”.

“Entonces, simplemente pedimos que se cumpla el fin de la pena, que es la resocialización del interno. Y hay muchas cosas que están mal, hay muchas leyes que han sido creadas y no se están cumpliendo. Las penas alternativas a la pena de prisión, por ejemplo, los trabajos comunitarios para casos de hurto de menor escala, por citar un caso. Eso estaría evitando la institucionalización de esta persona, y aparte, todos sabemos que en la cárcel no se reforman, sino que se especializan”, destacó Retamosa.

Cuestión de derechos

“En la pared de la cárcel está escrito con carbón, que aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor”, grafica un dicho popular. Y una de las causas de ese mal radica en el tono de la convivencia en los lugares de prisión.

“Dentro del sistema penal, sabido es que la mayoría de las normas tienen un carácter represivo, cuestión ésta que en la actualidad no resuelve el problema de la proliferación de delitos y la debida sanción que deben tener los que delinquen”, opina Angel Cardozo, docente universitario y juez de los tribunales de Posadas, Misiones.

“Evidentemente nuestro derecho positivo penal se ha ocupado siempre de tratar los efectos sin entrar a analizar las causas, como así también de buscar los sistemas de mecanismos de control social que eviten la aplicación solamente de normas punitivas. Olvidando de tal suerte el Estado, que dentro de sus deberes está buscar los mecanismos adecuados para prevenir y evitando sancionar solamente, analizando alternativas para una mejor convivencia social”.

Para la Coordinadora de Trabajo Carcelario, “la política de seguridad basada en el encierro de personas y aumento de la fuerza policial es un objetivo de control social que responde al proyecto de país de los últimos años. Y el perfil logrado en la provincia en este tema distó del respeto por la legislación vigente”.

“La parálisis del poder judicial frente a serias violaciones a los derechos consagrados por la legislación nacional e internacional en materia de condiciones de detención, creó una situación caótica ya que en muchos casos el Estado incurrió en la ilegalidad. La sobrepoblación carcelaria, la violación de los derechos consagrados por la legislación nacional e internacional de los detenidos, los menores privados de la libertad en comisarías, el aumento de los casos de gatillo fácil y violencia institucional fueron rasgos característicos de esta gobernación -afirma la Coordinadora. El hecho de reforzar la represión antes que la prevención impidió asegurar un orden urbano democrático”.