DETUVIERON EN ESPAÑA A OTRO ARGENTINO ACUSADO DE REPRESOR

El ciudadano argentino Ricardo Oliveros, de 53 años, que vive en una urbanización de Alicante, declarará como imputado el próximo jueves 27 ante el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Oliveros fue detectado por los abogados de la acusación en la causa contra los crímenes de la dictadura argentina que se tramitaba ante el juez Baltasar Garzón.

Este nuevo caso de un argentino que actuó en la represión de la dictadura detenido en España podría convertirse en otro juicio a represores argentinos después del que ha tenido lugar contra el ex marino Adolfo Scilingo, cuya sentencia se conocerá mañana, y del oficial retirado de la marina de Guerra Ricardo Miguel Cavallo, detenido en una prisión madrileña, cuyo proceso oral comenzará en los próximos meses.

Como Garzón está ahora temporalmente en Estados Unidos, donde da clases en una universidad, lo reemplaza su colega Fernando Grande Marlaska. El jueves pasado Marlaska tomó declaración durante cinco horas a Oliveros, a quien había citado después que declaró ante otro juez español que tramitaba su extradición a Argentina que había pertenecido a los servicios secretos de la dictadura militar, que tenía datos sobre desaparecidos, sobre todo, un enterramiento de varias personas en localidad de Mar de Cobo que habrían estado ilegalmente detenidos en el centro llamado “La Cueva”, en Mar del Plata.

El juez Marlaska se interesó especialmente en saber si Oliveros había actuado en el secuestro y desaparición de Jorge Carlos Toledo, quien fue víctima de la represión en Mar del Plata. Es en esta ciudad donde actuaba Ricardo Oliveros como miembro civil de los servicios de inteligencia responsables de muchas desapariciones, torturas y asesinatos.

En una conferencia de prensa que se realizó el viernes en la Argentina, María Luisa Toledo, madre del desaparecido, y Alberto, hermano de la víctima, explicaron que Oliveros había participado en el crimen y lo acusaron de haber tenido una amplia actuación represiva en Mar del Plata.

“En 1999, cuando un grupo de piqueteros ocupó la Catedral, Oliveros, junto a otros individuos, entraron armados para sacarlos a tiros y por eso fue procesado”, explicaron los Toledo.

Oliveros insistió ante el juez español con que pertenecía a los servicios de inteligencia en Mar del Plata, que conocía muchos datos sobre la actuación de grupos represores, pero que nunca había participado en esas operaciones. Al concluir su declaración, el magistrado lo dejó en libertad con vigilancia policial y ordenó que declarara el 27 de abril próximo defendido por un abogado.

La familia Toledo declaró que en el año 2000 Oliveros se acercó a Alberto Toledo diciendo que tenía información sobre su hermano Jorge. “Me dijo que no había participado directamente en la represión pero que se encargaba de los legajos de los detenidos y sabía que Jorge había estado en el centro La Cueva, que funcionó en la base aérea marplatense, un dato que ya conocía.”

Añadió que Oliveros le reclamó veinte mil dólares para darle más información sobre el destino de su hermano, que, añadió Oliveros, habría sido enterrado junto a tres hombres y tres mujeres también secuestrados en la localidad de Mar del Cobo.

María Luisa Toledo informó de estos hechos a Baltasar Garzón, “quien no se olvido del tema”, destacó. Según la familia Toledo, Oliveros fue ubicado hace tres meses en España. Según fuentes de algunos abogados de la acusación en el juicio de Madrid, un juez argentino envió a la Justicia española un pedido de extradición de Oliveros por delitos comunes.

Fue entonces cuando Oliveros declaró ante el juez que era víctima de una persecución porque había formado parte de los servicios de inteligencia.