DEUDORES HIPOTECARIOS: YA HUBO MÁS DE DOS MIL REMATES

A cuatro años y medio de la devaluación, después de cientos de protestas y miles de reclamos judiciales, todavía hay unas 4.500 familias que viven con miedo de perder su casa, porque pidieron una hipoteca en una escribanía cuando un peso valía un dólar y hoy no pueden pagar lo que sus acreedores reclaman. El temor tiene sus fundamentos: desde 2002 hasta ahora la Justicia ordenó rematar más de 2.000 viviendas por deudas hipotecarias contraídas durante la convertibilidad.

Ocurre que no todos los jueces respetan la suspensión de los remates hipotecarios que el Congreso dispuso en reiteradas ocasiones, y que rige hasta el 3 de diciembre próximo según la última prórroga aprobada por los legisladores nacionales. Por eso, mandan a ejecutar viviendas aunque sus dueños le estén pagando sus cuotas al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, una entidad que fue creada por el Gobierno para evitar que se produjera una ola de remates.

“Desde 2002 hasta ahora, la Justicia remató entre 2.000 y 2.100 viviendas”, le dijo a Clarín Gladys Ferro, de la Asociación de Deudores Argentinos (ADA). Y precisó que “hoy en el fideicomiso hay unos 4.000 deudores que pueden ser rematados”.

La historia es larga y compleja. En 2002, apenas el peso se devaluó, se comenzó a estudiar cómo se cobrarían las deudas que habían sido contraídas con particulares durante los años en que un peso valía un dólar, ya que para los bancos el Estado dispuso una compensación especial para la que emitió bonos. Se dispuso que las deudas privadas se pagarían a un peso por dólar y se ajustarían por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que desapareció en 2004 pero incrementó las deudas en un 23%.

En diciembre de 2003 el Congreso aprobó la ley 25.798, que dispuso refinanciar las deudas hipotecarias de quienes hubieran pedido un crédito de hasta 100.000 pesos (o dólares pesificados) para comprar una vivienda única, y que —por distintos motivos— dejaron de pagar sus cuotas entre el 1º de enero de 2001 y el 11 de setiembre de 2003.

A través de esa ley se creó también el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, entidad que debía hacerse cargo de cobrarles a los deudores y pagarles luego a los acreedores, tanto bancos como escribanías.

Unas 13.500 familias ingresaron a ese Fideicomiso con la esperanza de que eso las salvaría del remate. Alrededor de 4.500 son deudores de escribanías. Pero sólo 770 prestamistas privados aceptaron que el Fideicomiso les pagara sus deudas a un peso por dólar. El resto presentó sus quejas ante la Justicia.

Algunos jueces ordenaron remates por considerar que la ley 25.798 es inconstitucional, porque obligó a los acreedores privados a aceptar un mecanismo que para los bancos fue optativo. Y esto allanó el camino para que varios magistrados fallaran a favor de los acreedores ordenando al deudor pagar la deuda sobre la base del “esfuerzo compartido”.

Fue así como deudores que le estaban pagando puntualmente sus cuotas al Fideicomiso (que administra el Banco Nación), vieron cómo su casa era rematada.

“Esto se resolverá cuando el Es tado ponga lo que hace falta para cubrir la diferencia entre lo que los deudores pueden pagar y lo que piden los acreedores”, argumentó Ferro. Y precisó que eso demandaría $114 millones.

“Si aprobamos que el Estado pague la diferencia, los bancos querrán el mismo trato”, advirtió la senadora Cristina Fernández de Kirchner en el último debate sobre deudores en el Senado. Mientras tanto, 4.500 familias siguen en la incertidumbre.