DEUDORES INSISTEN CON UNA LEY PROVINCIAL DE PROTECCIÓN

Las organizaciones santafesinas que defienden la vivienda única consideraron insuficiente la suspensión de remates aprobada el miércoles por el Congreso nacional y aseguraron que insistirán en su pedido para que la Legislatura provincial prorrogue la ley que congeló las ejecuciones en el territorio santafesino, que vence a fin de mes.

Así lo señalaron dirigentes de la Agrupación para la Protección de la Vivienda Unica (Aprovu) tras conocer el texto del proyecto que finalmente convirtió en ley el Senado de la Nación.

Esa norma, votada por unanimidad, suspende por 120 días los remates de viviendas únicas por causas originadas en deudas hipotecarias con bancos y escribanías. Según señalaron los legisladores que participaron de la sesión del miércoles, la protección alcanzaría a unos 8 mil deudores cuyas deudas fueron incorporadas a un fideicomiso administrado por el Banco Nación y que, aún así, estaban siendo objeto de ejecución.

“Esa ley beneficia fundamentalmente a los deudores de Capital Federal, mientras que en el interior las causas por las que se ven amenazadas las viviendas únicas son mucho más amplias”, señaló Susana Bazán, de Aprovu.

En rigor, y a pesar de la protección que dispuso en su momento la Legislatura provincial, los pedidos de remate de vivienda no cesaron. Es que muchos jueces interpretan que esa suspensión no alcanza a los casos que derivan de situaciones de quiebras.

Para los dirigentes de Aprovu, las órdenes de ejecución se incrementarán en esta última parte del año, anticipándose a la feria judicial. “La ley que sancionó el Congreso nacional es mejor que nada pero atiende una parte menor de la problemática que involucra a los deudores que ven amenazada su vivienda única”, señaló Bazán.

Por ello, anticipó que insistirán con el pedido para que la Legislatura provincial extienda la vigencia de la ley 12.406 sancionada este año y que suspende los remate, desalojos y lanzamientos hasta fin de este mes.

Un pedido en este sentido ya fue presentado a mediados de mes pasado, con la intención original de extender la protección hasta la sanción de una ley nacional. Si bien esta norma fue aprobada finalmente el miércoles pasado en el Senado nacional, su alcance limitado instó a las organizaciones de defensa única a insistir con la necesidad de contar con un paraguas a nivel provincial.

La propia Asociación de Deudores Hipotecarios, la entidad nacional que se mostró más receptiva a la ley aprobada por el Congreso nacional, advirtió que la suspensión por 120 días de los remates hipotecarios de las viviendas únicas atadas a créditos privados asumidos en dólares durante la vigencia de la convertibilidad, protege a 8.500 familias incluidas en el fondo fiduciario que administra el Banco Nación, cuando las familias afectadas suman 14.000.