DÍA DE CAREOS ENTRE EL EX DIPUTADO RODRÍGUEZ Y DOS DE LOS DENUNCIANTES

El detenido concejal sanlorencino y ex diputado provincial del PJ Pedro Pili Rodríguez será sometido hoy a sendos careos con dos de sus denunciantes en una causa por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Según la medida dispuesta por el juez federal rosarino Omar Digerónimo, la primera de este tipo luego de librar 21 órdenes de captura a represores, el también ex director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo en los años de plomo estará cara a cara con Carlos Avalos (militante social) y Manuel Casado (ex gremialista). Aunque el acusado podría eludir el trámite si vuelve a negarse a declarar.

El edil del Partido Vecinal, actualmente alojado en dependencias de Prefectura, se entregó el sábado 22 de mayo tras ser descubierto en las calles de Rosario por otro de sus denunciantes: Edilio Quiroga, ex integrante de la Columna Sabino Navarro.

Digerónimo imputó a Rodríguez como partícipe de la “privación ilegítima de la libertad mediante violencia, amenazas y aplicación de tormentos” de Casado y Avalos y de la “privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa” de Quiroga.

Por esta misma causa, el teniente coronel Rubén Cervera, ex intendente de facto de San Lorenzo, se abstuvo de declarar el martes pasado. El represor fue llevado de regreso a la Capital Federal, donde purga un arresto domiciliario por tener más de 70 años.

A Cervera (también dirigió el Batallón de Arsenales Fray Luis Beltrán) se le imputa “privación ilegítima de la libertad mediante violencia, amenazas y aplicación de tormentos” y la desaparición del conscripto Hugo Parente.

Además, se pidió la captura internacional de Horacio Maderna, ex secretario de Gobierno de la gestión de Cervera, quien se encuentra en España y, según un escrito presentado por su defensa, recién volvería al país el 17 de junio.

Reclamo al juez
En tanto, los antropólogos que el lunes protagonizaron el hallazgo de restos humanos en un sector del cementerio de San Lorenzo donde una testigo señaló una posible fosa común abierta durante la dictadura presentarán, a las 12, un escrito ante el magistrado.

Acompañados por organismos defensores de los derechos humanos, le pedirán a Digerónimo una urgente solución a los inconvenientes que impusieron una pausa en los trabajos.

Livia Kozameh, docente de la carrera de Antropología de la UNR e integrante del equipo de investigación, le había explicado a La Capital que los pasos técnicos a seguir después del descubrimiento consistían en “extraer la evidencia y trasladarla a un depósito o gabinete de trabajo para analizarla, pero lamentablemente no los tenemos”.

Los expertos insistirán en que la falta de dicha infraestructura (que fue solicitada en su momento) los priva de la seguridad y las condiciones técnicas necesarias para continuar con la compleja labor en la necrópolis sanlorencina.

Por su parte, el magistrado sigue abocado a la resolución de las situaciones procesales de los primeros capturados (entre ellos el ex miembro de Inteligencia militar Juan Daniel Amelong) en el marco de la causa que investiga el funcionamiento de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica Militar Domingo Matheu.