DICEN QUE EL HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES SE DEBE A QUE HAY MÁS DETENCIONES

El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, dijo hoy que la sobrepoblación en las cárceles de la Provincia se debe a la “gran actividad” desplegada por la Policía en los últimos meses, que produjo un “notorio incremento de aprehensiones”.

El funcionario provincial formuló esa explicación en la audiencia que mantuvo esta tarde con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia para debatir sobre las medidas tendientes a solucionar la superpoblación en las cárceles bonaerenses. Esa audiencia había sido promovida por las autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante las detenciones ilegales de personas en comisarías.

Al momento de explicar cuáles son las razones que provocan la superpoblación y el hacinamiento en las cárceles, Di Rocco remarcó que en el último semestre se registró un “índice creciente de aprehensiones” debido a la actividad policial. Mientras que el índice de las libertades se mantiene “estable”. Esta situación, argumentó, genera un gran estado de “permanencia” y “alta tasa de encarcelamiento”.

Por su parte, el presidente del CELS, Horacio Verbistky, consideró que el mejoramiento de las condiciones de detención “es una batalla” que el gobierno de Buenos Aires “está perdiendo” porque las medidas que toma “son gotas de agua en tierra reseca”. Por este motivo, reclamó la intervención del máximo tribunal para resolver el problema.

Verbistky y el abogado del CELS, Rodrigo Borda, calificaron de “insuficientes” y “sin impacto” las medidas implementadas por el gobierno provincial y lamentaron que exista una superpoblación carcelaria del 55 por ciento. Según dijeron, en las comisarías bonaerenses hay casi 6.000 detenidos “cuya situación se sigue agravando” y denunciaron que en la actualidad “hay menores” alojados en celdas policiales.

“La Corte (Suprema) debe dar una señal a toda la sociedad de que hay poderes que pueden hacerse cargo” de la situación que se vive en las cárceles de la provincia porque hay una “impotencia institucional” del gobierno bonaerense para revertirla, dijo Verbistky.