Dictaron prisión preventiva para la exsubjefa del Comando Radioeléctrico de la Costa

Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Héctor Gabriel Candioti, que revocó la domiciliaria en la que se encontraba Nadia Soperez.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria, Héctor Gabriel Candioti, ordenó este domingo que Nadia Soperez, la exsubjefa del Comando Radioeléctrico de la Costa, imputada por robos, torturas y allanamientos ilegales y ahora por amenazas y violación de secreto, que vuelva a quedar en prisión preventiva y cese con la domiciliaria que había obtenido para cuidar a un familiar en su domicilio.

La flamante resolución, que tuvo lugar en los tribunales de Santa Fe, hizo lugar al pedido de los fiscales del caso, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, que asistieron a la audiencia con custodia y quienes solicitaron que se le revoque la prisión domiciliaria a la funcionaria policial y continúe detenida hasta que llegue la instancia de juicio oral y público.

La nueva medida cautelar impuesta, se dio dos días después de que Soperez haya sido imputada por la fiscal Laura Urquiza por tres nuevos hechos: “apremios ilegales agravados por violencia” en perjuicio de un menor de edad detenido en agosto de 2017 en la zona de la vía muerta, y dos hechos calificados como “amenazas coactivas” y “violación de secreto” en concurso real.

Los dos últimos cargos fueron en relación a dos publicaciones realizadas a través de la red social Facebook -en el perfil “Libertad Comando de la Costa URI”-, que según la pesquisa, hizo la propia Nadia Soperez desde su casa cuando cumplía el arresto domiciliario.En efecto, la misma fue detenida el miércoles de la semana pasada luego de un allanamiento que tuvo lugar en la vivienda de Soperez, en la localidad de San José del Rincón.

No es la primera vez que la exsubjefa queda en prisión. El 15 de febrero del 2018, el juez Jorge Pegassano, dispuso que Soperez y otros cinco policías queden detenidos de manera preventiva tras un pedido del fiscal Hernández que inició una pesquisa en torno a una serie de denuncias que pusieron en el centro de la escena el accionar policial que llevó a cabo el Comando Radioeléctrico de la costa.

En aquel entonces, el magistrado de primera instancia, sostuvo que “no quedaban dudas y que había sobradas evidencias de que los encartados cometieron en forma ilícitos que consistían en ingresar a domicilios particulares sin la correspondiente orden de allanamiento, agredir y golpear a las personas que estaban en el lugar en algunos casos de forma realmente cruel y llevarse pertenencias de las víctimas, realizando actas de procedimiento en las que insertaban declaraciones falsas con la deliberada intención de ocultar los delitos cometidos”.

El caso salió a luz luego de una serie de denuncias que fueron radicadas en octubre del 2017 en la Dirección de Asuntos Internos y en la propia sede del Ministerio Público de la Acusación. La mismas apuntaban a miembros de la fuerza dependiente de la Unidad Regional I que mediante la violencia realizaban procedimientos irregulares y que además llevaban a cabo apremios ilegales y sustraían elementos de las casas que eran allanadas sin una orden judicial.

En el marco de esa causa, Soperez fue imputada por un total de 41 delitos detallados en un caudaloso expediente que cuenta con 11 legajos mientras que el resto de los agentes policiales implicados fueron acusados de 23 a 26 hechos delictivos.