Diez años después, la reforma constitucional sigue en deuda

A diez años de la reforma constitucional celebrada en Santa Fe en 1994, el Congreso aún debe reglamentar el núcleo de la Carta Magna para hacer efectivo el principio de federalismo y evitar un poder presidencialista hegemónico. Se trata de por lo menos cuatro leyes fundamentales que están demoradas en el Parlamento desde 1994: la que hace al control legislativo de los decretos de necesidad y urgencia; la ratificación de 2000 leyes delegadas por el Parlamento en el Poder Ejecutivo entre 1853 y 1994; la sanción por ley de los marcos regulatorios para cada servicio público (sólo hay dos aprobados por el Congreso) y la ley de coparticipación federal de impuestos. Los protagonistas de la reforma de Santa Fe, que se juró el 24 de agosto de 1994 en el Palacio San José, coinciden en apuntar al Congreso como único responsable de esta demora. De todas maneras, en el balance de los 10 años de reforma constitucional existen avances significativos en materia de transparencia de designación de magistrados, mayor participación ciudadana y positivos cambios en derechos y garantías de los ciudadanos. El ex presidente Raúl Alfonsín, artífice del Pacto de Olivos que, a su entender, buscó evitar que la reforma constitucional de 1994 quedara acotada a la reelección de Carlos Menem y a un esquema excesivamente presidencialista, no tiene dudas al realizar un balance a diez años de la Convención. "Hemos logrado avances extraordinarios en materia de derechos y garantías constitucionales y en la transparencia en la designación de jueces. Pero el problema más grande es que la Constitución no ha sido reglamentada completamente", expresó a LA NACION. Alfonsín, que fue el principal convencional de la UCR en Santa Fe, rescata el valor de que en 1994 todo el arco político logró jurar la nueva Carta Magna, a diferencia de lo que ocurrió en las reformas de 1949 y de 1957. Pero inmediatamente carga contra el Congreso al sostener: "Se hace necesario que desde ese ámbito se acelere la reglamentación del control parlamentario de los decretos presidenciales y la delegación de facultades". No obstante, resalta las figuras jurídicas impuestas por los convencionales de 1994 como el Consejo de la Magistratura, el hábeas data, la Auditoría General de la Nación presidida por la oposición, la consulta popular y la autonomía porteña, entre otros. Elisa Carrió, cuya fama se inició en la Convención de Santa Fe, cree que la falta de una reglamentación de los controles parlamentarios de los decretos presidenciales y las delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo "vaciaron de poder al Congreso y destruyeron la República". La líder de ARI difiere de Alfonsín al evaluar los resultados del Pacto de Olivos: se obtuvo un Poder Ejecutivo hegemónico, asegura. De todas maneras, rescata ante LA NACION la jerarquización que se le dio en la Constitución reformada a los tratados internacionales vinculados con los derechos humanos, la protección al niño y a la mujer. De todas maneras, Carrió advierte que la Constitución de 1994 sólo sirvió para instaurar la hegemonía de los grandes partidos y para la reelección de Menem. "Nada cambió" En una línea de análisis similar a la de Carrió se ubica el diputado demócrata progresista santafecino Alberto Natale, que también participó de los debates en su provincia. "Desde el punto de vista institucional, seguimos bajo un sistema presidencialista autoritario: nada cambió porque los decretos presidenciales aún no pueden controlarse por el Congreso; el Gobierno tiene amplios poderes legislativos; el jefe del Estado puede vetar leyes parcialmente y el poder sigue concentrado en una sola persona", reflexiona Natale. En tanto, el senador peronista de La Rioja y ex presidente de la Convención, Eduardo Menem, tiene una visión más positiva a la hora del balance. El hermano del ex presidente Carlos Menem, que tenía la misión central de lograr la cláusula de reelección presidencial, cree que los efectos de una reforma constitucional "no se logran de la noche a la mañana". El actual senador destaca que, gracias a la reforma, los ciudadanos pueden gozar de herramientas que antes no existían, como la defensa de los usuarios y consumidores, la protección de datos personales, las figuras de amparo ampliada y de habeas corpus y la autonomía porteña. Cabe aclarar que la autonomía porteña no es plena: aún se discute en el Congreso el traspaso de la policía y la justicia federal a la Capital. La diputada frepasista Nilda Garré, alineada en aquel año de la reforma con Carlos "Chacho" Alvarez, cree que falta adecuar a la realidad muchos derechos instaurados en la letra constitucional que bregan por una mayor equidad social y una mejor educación y salud. Pero Garré admite fallas de parte del Congreso al momento de legislar el articulado constitucional. En este sentido, destaca que la ley de iniciativa popular, aprobada hace tres años, planteaba demasiados requisitos. Por ello, ahora se quiere modificar esa norma para que sea más accesible y viable para la gente. Es que desde 1994 sólo la ley del hambre más urgente, sancionada el año último, surgió por una iniciativa popular impulsada por LA NACION y varias ONG. Sin embargo, no corrió la misma suerte la recolección de firmas que en su momento cosechó la CGT de Hugo Moyano para reformar la ley laboral; tampoco tuvo éxito el Frente Nacional contra la Pobreza, que buscó por medio de una iniciativa popular una legislación acorde con un reparto equitativo de la riqueza.