DIEZ MIL PERSONAS EN UN NUEVO CACEROLAZO CONTRA RODRIGUEZ SAÁ
La movilización se convirtió en la sexta marcha convocada por los laicos de San Luis para exigir la restitución a una congregación católica de los manejos de cuatro hogares de ancianos y niños en riesgo, a la que se sumaron municipales, judiciales, viales, docentes y padres de alumnos de escuelas ocupadas.
Este último sector resiste con tomas simbólicas de las escuelas una reciente disposición del gobernador que intervino los establecimientos con funcionarios normalizadores.
En tanto, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, señaló que “cada una de las provincias en el marco de sus autonomías tiene resortes y herramientas que permiten corregir u ordenar sus propias complicaciones de la mejor manera”.
“Nosotros tenemos que aspirar a que se resuelva en el más corto plazo en ese mismo marco”, se limitó a indicar el funcionario nacional ante consultas periodísticas sobre si la Nación tomaría partida en torno de los múltiples conflictos que atraviesa el gobierno de San Luis.
Lo cierto es que en la movilización de hoy, una de las mayores de los últimos meses, religiosos, trabajadores, padres y sindicalistas coincidieron en condenar la actitud de la provincia que a criterio de varios dirigentes “parece sorda a los reclamos”.
Por otra parte, unas veinte escuelas seguían tomadas pacíficamente por padres de alumnos y docentes que rechazan las intervenciones dispuestas por el gobierno.
Esa medida desplazó a los directores de carrera para poner autoridades que, en muchos casos, no tienen experiencia en el sector de la educación. Al grupo de establecimientos ocupados, se sumaron hoy la escuela Pancha Hernández, situada en el barrio Lince, la Santa María Eufracia del barrio Pucará, y la Rosario Simón del centro de la ciudad.
Asimismo, trabajadores suspendidos de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), que no perciben sus salarios desde enero pasado, hicieron una sentada en las escalinatas del Poder Judicial para reclamar a la justicia que disponga que la repartición les dé nuevamente trabajo. La DVP fue intervenida por Rodríguez Saá hace dos meses.
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