DIFICULTADES PARA ACCEDER AL EXPEDIENTE ARCHIVADO POR LA JUSTICIA DEL “CASO MAGUID-ROPA DE TRABAJO”
El diputado del ARI, Aldo Strada, ya lleva dos meses en el intento de acceder a una copia de la causa penal que involucró a su colega del Partido Justicialista y jefe histórico de UPCN, Alberto Maguid, por el manejo del Fondo de Ropa de Trabajo. El juez de Instrucción de la 4ª nominación de Santa Fe, Rubén Saurín, que ordenó el archivo del expediente hace más de un año -el 11 de julio de 2003‑ exigió al legislador que acredite “interés legítimo” para tener acceso a las actuaciones y extraer fotocopias. “Esta parece una causa fantasma”, dijo Strada con cierto toque irónico, después de presentar en Tribunales otro escrito en el reiteró su petitorio al magistrado. “Mi derecho (a la información) se fundamenta en las facultades que me confiere el artículo 46º de la Carta Magna provincial, considerando el indudable interés público de actuaciones que involucran a un representante del pueblo de la provincia”, explicó.
Strada había pedido el acceso a la causa el 17 de junio último. “Me dirijo a usted -decía la nota que presentó al doctor Saurín‑ a los fines de solicitarle una copia del expediente Nº 821/03 vinculado con supuestas maniobras ilícitas relacionadas con el convenio entre la provincia de Santa Fe y UPCN. De acuerdo a lo que usted me anticipó verbalmente, el citado expediente fue pasado el archivo”.
Casi dos meses después, el 11 de agosto, el diputado del ARI fue notificado de la resolución del juez que rechazó su petición. “Con los autos a la vista, no se vislumbra el interés legítimo del peticionante. Acreditado que sea, se proveerá si correspondiere”, resolvió Saurín.
Strada presentó entonces un segundo escrito. “En mi calidad de diputado provincial vengo a solicitar información de la causa” Maguid. “Mi derecho se fundamenta en las facultades que me confiere el artículo 46º de la Carta Magna provincial, considerando el indudable interés público de actuaciones que involucran a un representante del pueblo de la provincia”. Solicitó entonces conocer “el desarrollo del procedimiento, si hay imputados, el rumbo y resultado de las investigaciones y todo otro dato que considere de interés”.
En junio, cuando pidió copia de la causa, Strada justificó su interés en público. “Queremos ver este expediente para conocer exactamente los motivos por los cuales fue archivado”, dijo. “Además, porque está abierta otra causa en la Justicia Federal que también puede tener relación con la provincia sobre una supuesta evasión impositiva de empresas que la fiscal (Griselda) Tessio ha comprobado que eran fantasmas”, recordó Strada.
Tessio ya pidió la indagatoria de Maguid, pero el juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez se declaró incompetente en dos oportunidades por lo que ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver el conflicto.
El juez Saurín cerró su investigación el 11 de julio de 2003. Y UPCN se encargó de distribuir copias de la resolución del magistrado. “En sus considerandos, colige que no surge ilícito alguno en el requerimiento de instrucción relacionado al señor Maguid”, explicó el gremio.
Maguid ya ejerció su defensa pública sobre este tema en dos oportunidades en el recinto de Diputados. El 5 de mayo, cuando la Cámara aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo que el legislador del PJ apoyó con su voto. Y el 5 de agosto cuando llegó la respuesta de la Casa Gris con 286 fojas.
Maguid pidió que el secretario parlamentario lea una síntesis del informe oficial y después agregó la resolución del juez Saurín que archivó la causa que ahora quiere ver Strada. “El dictamen del juez dice: ‘que por las declaraciones que efectúan todos los convocados al efecto, como los informes técnicos en relación a los investigados para tratar de desentrañar la verdad histórica de este denunciado (Maguid), se colige que no surge ilícito alguno’ y por lo tanto archiva las actuaciones. Quiero que esto se agregue al expediente”, insistió.
En el debate, Maguid admitió que UPCN recibe del gobierno de la provincia un promedio de 29 pesos con 65 centavos por afiliados, pero “es el único gremio que rinde cuentas. El Estado revisa la documentación que presentamos”, dijo. Y contraatacó con dos datos: los aportes estatales al sindicato de Luz y Fuerza que ‑según Maguid‑ rondan los 97,04 por afiliados y al gremio de empleados legislativos (APEL) que llegan a 42,77 por afiliado para un Fondo de Vivienda. “Esto es para que cada uno tenga en cuenta cómo es la situación. Es llamativo que entre varios gremios que recibimos contribuciones por un mismo objetivo, sólo UPCN esté en la opinión pública y Maguid sea el supuesto investigado”, concluyó.
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