DILEMAS PARA EL GOBIERNO: CARNE DE EXPORTACIÓN O PARA CONSUMO INTERNO

La baja del 0,5% del precio de la carne trajo alivio a la conducción oficial, que ha tomado a la lucha contra la inflación en el leit motiv de su programa. La carne tiene una incidencia muy alta (12%) en la canasta familiar elaborada por el INDEC, así que para el gobierno es una excelente noticia, sobre todo porque significa un cambio en la tendencia: en 2005 había subido un 25%.

El dato se conoce, paradójicamente, en medio de un durísimo cruce entre el gobierno y los ganaderos, cuando éstos se negaron a firmar un acuerdo de precios. El resultado fue que la conducción oficial redobló la apuesta y sumó una medida drástica a la batería de decisiones adoptadas desde noviembre: un régimen de permiso previo para exportar carne.

Nadie se anima a asegurar que esta batería de medidas haya tenido alguna incidencia en la baja de la carne. Por algo el gobierno pretendía un acuerdo con la cadena en su conjunto, aunque la cantidad de actores y la complejidad de las interacciones hacen que sea muy difícil contravenir las leyes del mercado. Si existe un mercado transparente, es el de la carne vacuna. Hasta los remates en Liniers se transmiten en vivo por televisión. Pero tampoco nadie tiene dudas respecto a que esta opción por el consumo, abasteciendo de carne barata a la población, tendrá impacto futuro.

En el corto plazo, los precios suben y bajan independientemente de la voluntad de los ganaderos. Pero las decisiones de éstos sí tienen incidencia en la oferta futura. Es cierto que la Argentina hoy cuenta con las mismas existencias de hace tres décadas. La ministra Miceli acusó a los ganaderos de no haber encontrado ningún plan económico, en treinta años, que les permitiera invertir para ampliar su escala de producción. Lo que llama la atención es que en el mismo período, los mismos productores remisos a incrementar sus stocks de hacienda, desencadenaron la mayor revolución agrícola de nuestra historia, triplicando el valor de las cosechas.

La expansión sojera significó ocupar 7 millones de hectáreas antes dedicadas a la ganadería. Si en esas condiciones la producción de carne se mantuvo, es porque hubo cambio tecnológico e inversión. Pero la gran inversión fue la erradicación de la fiebre aftosa. No por lo que costó (con un fuerte aporte monetario e intelectual del Estado a través del Senasa), sino por el enorme incremento de valor de la ganadería argentina. Aquí es donde reside la esencia del “problema” que afronta el Gobierno.

Ser libre de aftosa no significa nada para el consumidor argentino considerado individualmente. Con o sin virus, la carne tiene el mismo sabor. Pero tiene un valor extraordinario para la sociedad, porque ahora, como en Casa Muñoz, un peso vale dos. A la Argentina se le abrieron los mercados, tras la debacle sanitaria del 2001. Y cuando hace unos meses se le cerraron a Brasil (que había ocupado nuestro lugar), había llegado una gran oportunidad.

Por eso conviene considerar la cuestión de la carne afuera del contexto de la inflación. La suba de la carne está relacionada con la nueva situación, que obliga a pensar de otra manera. La carne siempre fue barata, porque estaba enferma, de un virus inocuo para el ser humano, pero inaceptable en el Primer Mundo. Ahora la ganadería está curada y va a jugar en otra liga.

En EE.UU. el kilo vivo de novillo vale 2 dólares. En Liniers promedia 0,80. En Uruguay, que logró liberarse de la aftosa antes que Argentina, embarcó carne por US$ 800 millones el año pasado, casi todo a EE.UU. Y el kilo vivo vale U$S 1. Estos niveles de precios permiten un amplio juego a los sustitutos, como el pollo, el cerdo y otras carnes, que en la Argentina no prosperan por el bajo precio histórico de la carne vacuna.

En este contexto, limitar las exportaciones como una forma de frenar la suba de la carne tiene como contrapartida la pérdida de mucho potencial de crecimiento. Pero sacrificar el consumo es una opción de alto costo político. La Argentina exhibe el más alto nivel de ingesta de carne del mundo, duplicando al de los países europeos Este es el dilema.

Frente a este panorama, los frigoríficos plantearon la alternativa de volcar voluntariamente al mercado interno el 20% del volumen producido. La propuesta consiste en embarcar los cortes de mayor valor, dejando para el mercado interno los cortes populares. Pero todo indica que en su opción por el consumo, la conducción oficial prefiere asegurarse el control de las exportaciones.