Dilma no se rinde y lleva su lucha a la justicia

Tras la destitución de Dilma Rousseff por el Senado, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se convirtió ayer en el nuevo terreno de batalla de las dos partes en conflicto.

Por un lado, la defensa de la ex presidenta solicitó que el juicio político en la Cámara alta sea anulado sobre la base de alegados fundamentos inconstitucionales; por otro, sus acusadores más férreos apelaron a la Corte para que la depuesta mandataria también sea inhabilitada para ejercer cargos públicos, como sucedió con Fernando Collor de Mello tras su impeachment en 1992.

Menos de 24 horas después de la tensa votación en el Senado, que estuvo encabezada por el prsidente del STF, Ricardo Lewandowski, el abogado de Dilma, José Eduardo Cardozo, presentó un recurso ante la Corte para invalidar el polémico proceso, que llevó nueve meses, y se realice un nuevo juicio. La defensa, que ha calificado de “golpista” al nuevo jefe de Estado, Michel Temer, pidió también que, mientras tanto, el mandatario vuelva a ocupar el cargo “interinamente”.

Según los documentos enviados al STF, durante el proceso se cometieron varias irregularidades “gravísimas e insanables”, como la incorporación de datos nuevos a la denuncia original aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados (situación que la defensa de Dilma ya había apuntado en distintas oportunidades), y que se usaron como fundamento para su condena dos artículos de la ley de impeachment de 1950 que no son compatibles con la Constitución de 1988 actualmente vigente.

La ley 1079 establece que entre los “crímenes de responsabilidad” por los que un presidente puede ser juzgado se encuentran delitos de índole fiscal, pero la Constitución de 1988 -a diferencia de la anterior, de 1946- no especifica este tipo violaciones. Dilma fue condenada por maquillar las cuentas públicas -a través de decretos que alteraron el presupuesto y de la toma de créditos de la banca pública, ambos sin autorización del Congreso-, con el presunto fin de esconder el déficit y garantizarse la reelección en 2014.

“La conducta que anteriormente era considerada, por la Constitución de 1946, como crimen de responsabilidad, apta para encuadrar el impeachment presidencial, pasa a ser atípica”, señaló la apelación, que buscó no hacer referencias al mérito en sí del juicio, si Dilma fue o no culpable de esos delitos, como venía haciendo hasta ahora. El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff al igual que su mentor, Luiz Inacio Lula da Silva, no se pronunció sobre la acción legal.

La cuestión quedó en manos del magistrado del STF Teori Zavascki, que no tiene un plazo para pronunciarse sobre la demanda, y deberá decidir si la rechaza o la admite y la lleva al pleno de la Corte. De todas maneras, es muy improbable que un cuestionamiento de este tipo sea aceptado luego de que el propio STF supervisó todo el proceso en el Congreso y su presidente, Lewandowski, condujo su fase final en el Senado.

Por otra parte, luego de que en la última sesión del impeachment en la Cámara alta se decidió separar en dos partes los castigos a Dilma -la destitución, por un lado, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho año, por otro-, un grupo de los acusadores de la ex presidenta recurrió también al STF para que la condena sea total y no parcial, como resultó en la votación en el Senado. El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Demócratas (DEM) -principales aliados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer- argumentaron que la Constitución no prevé esa separación de penas, como fue acordada entre sectores del PMDB y el PT.

“Vamos al Supremo a defender la Constitución. No se puede separar la destitución de la inhabilitación, que es automática”, apuntó el presidente del PSDB, el senador Aécio Neves, ex rival de Rousseff en las elecciones de 2014.

En tanto, Temer llegó ayer a China para participar de un encuentro con empresarios en Shanghai hoy, y de la cumbre del G-20 en Hangzhou el fin de semana. Más allá de las disputas legales, en Brasil dejó una situación político-social tensa, con protestas violentas en varias ciudades en contra del impeachment y de su gobierno.

La situación más grave se produjo en San Pablo, donde grupos radicales conocidos como Black Blocs, causaron destrozos y duros enfrentamientos con la policía en el centro de la ciudad. Varias personas resultaron heridas por los choques.

El clima de inquietud en las calles promete agudizarse con nuevas protestas convocadas en los próximos días contra Temer y en defensa de Dilma.

Temer, en China por una cumbre

El presidente brasileño, Michel Temer, inició ayer su primera gira internacional en China, donde presentará los lineamientos de su diplomacia “pragmática” en reuniones bilaterales y durante la cumbre del G-20 en la ciudad de Hangzhou. El canciller José Serra, que integra la comitiva, diseñó un nuevo estilo diplomático “superador” del que se aplicó durante los gobiernos anteriores. Para Temer este viaje a China reviste una importancia crucial tanto en lo económico como diplomático.