DIPUTADOS ANALIZA PROMOVER UN JUICIO CONTRA OYARBIDE
Diputados de la Comisión de Juicio Político evalúan, junto con importantes funcionarios del Gobierno, formular un pedido de enjuiciamiento contra el juez federal Norberto Oyarbide.
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Este sería el primer magistrado de la justicia federal que el gobierno de Néstor Kirchner tendría en la mira. La posibilidad se analiza seriamente en altas esferas gubernamentales y legislativas por estas horas. El eventual juicio a Oyarbide se realizaría por medio del Consejo de la Magistratura y no del Congreso, como lo estableció la reforma constitucional de 1994 para los jueces federales.
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¿Por qué Oyarbide? La razón obedece a una seguidilla de acciones recientes que, según interpretan en el oficialismo, tienden a entorpecer la renovación que el Gobierno se propone en la Justicia. Presumen que Oyarbide es un ariete de sectores políticos y económicos identificados con el menemismo que resisten la embestida que, en diversos ámbitos, encara el Gobierno.
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La ligazón que se le atribuye a Oyarbide con el menemismo es bien conocida, sobre todo con el ex ministro del Interior Carlos Corach. Cuando en noviembre de 1998 fue acusado en la Cámara de Diputados por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delito -a raíz de un escándalo que lo involucró con proxenetas en torno del prostíbulo masculino Spartacus-, el Senado (dominado por el menemismo) lo salvó.
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Recientemente, el juez protagonizó dos acciones que lo colocaron entre ceja y ceja del oficialismo.
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En primer lugar, a raíz de una denuncia que formuló el actor Nito Artaza en representación de un grupo de ahorristas, el juez Oyarbide se dispuso a investigar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En esa denuncia, Artaza cuestionó a la comisión por obstrucción de justicia en momentos en que se impulsaba el juicio político contra el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, uno de los promotores de la redolarización de los depósitos bancarios, principal anhelo de los ahorristas. Oyarbide, una vez que logró la anuencia del fiscal general para investigar la comisión legislativa -pese al rechazo previo del fiscal Carlos Stornelli-, solicitó a sus miembros que remitan la nómina completa de los pedidos de juicio político que se presentaron contra la Corte Suprema, así como la de quienes integran la comisión.
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No bien arribó el oficio a la Cámara de Diputados, los legisladores reaccionaron enérgicamente. “Constituye un avasallamiento sobre el Poder Legislativo y sobre esta comisión en particular, que tiene la obligación de investigar a aquellos jueces de la Corte sospechados de cometer irregularidades en su función”, coincidieron. El diputado radical Juan Minguez no descartó presentar un pedido de juicio político contra el juez.
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Este no fue el primer episodio en el que Oyarbide tuvo inconvenientes con el Congreso. También hace escasos días, el 3 del actual, el juez se presentó en el Senado para recabar las pruebas obtenidas por la comisión ad hoc que aconsejó, a mediados de 2001, la remoción de Pedro Pou de la presidencia del Banco Central. El pedido -que los senadores consideran un virtual allanamiento a un poder del Estado- fue rechazado y generó una profunda molestia, sobre todo en la senadora Cristina Fernández de Kirchner, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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Sospechas
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La actitud de Oyarbide es una de las tantas señales que el oficialismo intuye que provienen de sectores identificados con el menemismo para obstaculizar la gestión de Kirchner, al menos en lo que respecta a la Justicia.
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Sabido es que el Presidente decidió barrer con la “mayoría automática” del alto tribunal, y ya logró la renuncia de quien era su titular, Julio Nazareno. Con Eduardo Moliné O´Connor, considerado el “cerebro” de la Corte, la cuestión aparece más compleja: todo indica que el juez dará batalla y que intentará dilatar los tiempos de su enjuiciamiento, ilusionado tal vez con frenarlo o bien con que las condiciones políticas -que hoy favorecen a Kirchner y no a él- cambien.
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En el menemismo,hay convencimiento de que Kirchner no sólo quiere renovar la Corte, sino también el Consejo de la Magistratura y la justicia federal. El oficialismo sospecha de que estos sectores procurarán boicotear sus planes y, por ello, acelerará los tiempos.
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Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION
.<< Comienzo de la notaDiputados de la Comisión de Juicio Político evalúan, junto con importantes funcionarios del Gobierno, formular un pedido de enjuiciamiento contra el juez federal Norberto Oyarbide.
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Este sería el primer magistrado de la justicia federal que el gobierno de Néstor Kirchner tendría en la mira. La posibilidad se analiza seriamente en altas esferas gubernamentales y legislativas por estas horas. El eventual juicio a Oyarbide se realizaría por medio del Consejo de la Magistratura y no del Congreso, como lo estableció la reforma constitucional de 1994 para los jueces federales.
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¿Por qué Oyarbide? La razón obedece a una seguidilla de acciones recientes que, según interpretan en el oficialismo, tienden a entorpecer la renovación que el Gobierno se propone en la Justicia. Presumen que Oyarbide es un ariete de sectores políticos y económicos identificados con el menemismo que resisten la embestida que, en diversos ámbitos, encara el Gobierno.
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La ligazón que se le atribuye a Oyarbide con el menemismo es bien conocida, sobre todo con el ex ministro del Interior Carlos Corach. Cuando en noviembre de 1998 fue acusado en la Cámara de Diputados por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delito -a raíz de un escándalo que lo involucró con proxenetas en torno del prostíbulo masculino Spartacus-, el Senado (dominado por el menemismo) lo salvó.
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Recientemente, el juez protagonizó dos acciones que lo colocaron entre ceja y ceja del oficialismo.
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En primer lugar, a raíz de una denuncia que formuló el actor Nito Artaza en representación de un grupo de ahorristas, el juez Oyarbide se dispuso a investigar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En esa denuncia, Artaza cuestionó a la comisión por obstrucción de justicia en momentos en que se impulsaba el juicio político contra el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, uno de los promotores de la redolarización de los depósitos bancarios, principal anhelo de los ahorristas. Oyarbide, una vez que logró la anuencia del fiscal general para investigar la comisión legislativa -pese al rechazo previo del fiscal Carlos Stornelli-, solicitó a sus miembros que remitan la nómina completa de los pedidos de juicio político que se presentaron contra la Corte Suprema, así como la de quienes integran la comisión.
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No bien arribó el oficio a la Cámara de Diputados, los legisladores reaccionaron enérgicamente. "Constituye un avasallamiento sobre el Poder Legislativo y sobre esta comisión en particular, que tiene la obligación de investigar a aquellos jueces de la Corte sospechados de cometer irregularidades en su función", coincidieron. El diputado radical Juan Minguez no descartó presentar un pedido de juicio político contra el juez.
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Este no fue el primer episodio en el que Oyarbide tuvo inconvenientes con el Congreso. También hace escasos días, el 3 del actual, el juez se presentó en el Senado para recabar las pruebas obtenidas por la comisión ad hoc que aconsejó, a mediados de 2001, la remoción de Pedro Pou de la presidencia del Banco Central. El pedido -que los senadores consideran un virtual allanamiento a un poder del Estado- fue rechazado y generó una profunda molestia, sobre todo en la senadora Cristina Fernández de Kirchner, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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Sospechas
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La actitud de Oyarbide es una de las tantas señales que el oficialismo intuye que provienen de sectores identificados con el menemismo para obstaculizar la gestión de Kirchner, al menos en lo que respecta a la Justicia.
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Sabido es que el Presidente decidió barrer con la "mayoría automática" del alto tribunal, y ya logró la renuncia de quien era su titular, Julio Nazareno. Con Eduardo Moliné O´Connor, considerado el "cerebro" de la Corte, la cuestión aparece más compleja: todo indica que el juez dará batalla y que intentará dilatar los tiempos de su enjuiciamiento, ilusionado tal vez con frenarlo o bien con que las condiciones políticas -que hoy favorecen a Kirchner y no a él- cambien.
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En el menemismo,hay convencimiento de que Kirchner no sólo quiere renovar la Corte, sino también el Consejo de la Magistratura y la justicia federal. El oficialismo sospecha de que estos sectores procurarán boicotear sus planes y, por ello, acelerará los tiempos.
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