DIPUTADOS APROBARÁ NUEVA SUSPENSIÓN DE REMATES HIPOTECARIOS

La Cámara de Diputados convertirá en ley este miércoles el proyecto que postula extender por 180 días la prórroga de remates por deudas hipotecarias, generados por préstamos que se obtuvieron en la convertibilidad y que entraron en mora a fines de 2001.

Los bloques políticos acordaron votar esta semana la extensión de la suspensión de los remates, que vence el 3 de junio, debido a que aún que el Congreso no debatió un proyecto que otorgue una solución de fondo al problema de los morosos hipotecarios.

La Cámara de Diputados debatirá la suspensión de las subastas en una sesión de tablas que se efectuará el miércoles, en la cual también abordará un proyecto para promover la investigación y la industrialización del hidrógeno, que queda pendiente de la última deliberación del cuerpo.

Los diputados votarán una nueva prórroga de la suspensión de las ejecuciones por deudas hipotecarias, que se extenderá hasta los primeros días de enero.

Ahora, en este nuevo plazo deberá debatirse algún proyecto que pueda reemplazar a la Ley de Salvataje, excepto que la Corte Suprema aborde la constitucionalidad o no de esa iniciativa, a la que varios jueces de primera instancia declararon inconstitucional.

La suspensión de los remates de viviendas beneficia a los deudores hipotecarios que entraron en mora tras la caída de la convertibilidad y tenían préstamos que no superaban los 100.000 dólares cuando el dólar estaba equiparado con el peso.

El Congreso Nacional aprobó en 2003 la Ley de Salvataje por la cual se creó un fondo fiduciario obligatorio para los acreedores particulares y optativo para los bancos, que fue objetado en la Justicia por los acreedores.

De acuerdo con ese mecanismo, los deudores pagaban sus obligaciones al fideicomiso a través de cuotas blandas y éste cancelaba la deuda con el acreedor.

Dicho sistema fue declarado inconstitucional por varios jueces, que así dejaron abierta la puerta para las ejecuciones.

Además, la Corte Suprema aún no se expidió sobre la constitucionalidad de esa ley; si lo hiciera, permitiría despejar las dudas sobre si es válida o no la norma que buscó dar una solución al problema de los deudores en mora.

Incluso cuando el tema se debatió el 18 de mayo en el Senado, el radicalismo había presentado un propuesta que establecía un mecanismo de per saltum obligatorio para que todos los expedientes que se tramitan vayan a la Corte Suprema a fin de que ésta se expida sobre la constitucionalidad o no del fondo fiduciario instaurado por la Ley 25.798.

Pese a que el oficialismo no aceptó incorporar un artículo sobre ese punto, luego propuso aprobar un proyecto de comunicación, que postulaba reclamar “a las máximas instancias judiciales del país” un pronunciamiento sobre el tema.