DIPUTADOS APURA EL DEBATE DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

La Cámara de Diputados no está ajena a la preocupación que existe en la provincia por la grave advertencia formulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó revisar el “caso Fraticelli” y, en las últimas horas, el clima predominante es el de apurar el tratamiento del proyecto del nuevo Código Procesal Penal que tiene estado parlamentario desde hace varios años. “Al problema lo teníamos detectado y la solución está madura entre nosotros”, dijo el presidente del cuerpo, Edmundo Barrera. Los radicales Mónica Peralta y Santiago Mascheroni coinciden en que el diagnóstico ya fue realizado y admiten que la mora es legislativa. “Hace más de diez años que el tema está instalado y no se vota”, dijo el segundo. “Es el momento de avanzar”, subrayó el justicialista Mario Lacava.

El tema de la semana política de Santa Fe no llegó al recinto de la Cámara. Apenas la presentación de Mascheroni de un proyecto de dictamen sobre dicho Código, elaborado junto al justicialista Danilo Kilibarda, para adjuntarlo al tratamiento del asunto abierto por ambos legisladores desde 2004. No obstante, el fallo de la Corte y sus implicancias en la provincia, en cambio, demoraron un largo rato la reunión de Labor Parlamentaria que realizan los jefes de bloque. No había temas de debate para la sesión, pero varios diputados de la oposición hicieron saber su preocupación por la situación del sistema penal santafesino. Más allá del intercambio de apreciaciones sobre la gravedad del asunto acordaron realizar una parlamentaria especial, a puertas cerradas, para el miércoles venidero, durante la cual Kilibarda y Mascheroni expondrán el proyecto en discusión y cada bloque podrá llevar asesores en la materia para el debate. La Cámara esperará el trabajo de la comisión encargada de la reforma penal, integrada en el marco del Plan Estratégico Provincial para la Justicia que, coordinada por Julio de Olazábal y Ángel Baltuzzi, decidió trabajar basándose en el proyecto de los diputados.

Barrera recuerda que, por iniciativa de Diputados, el año pasado, en Santa Fe, y este año, en Rosario, se hicieron sendas jornadas de debate sobre la reforma del sistema penal. “Al problema lo tenemos detectado y la solución está madura”, indicó a El Litoral. Es más, aventuró que en dos meses puede estar llegando al recinto. Para ello, requerirán antes el pronunciamiento de la comisión que empezó a funcionar el pasado lunes y que tiene un plazo máximo de seis meses.

Las reformas a la reforma

Kilibarda y Mascheroni presentaron ayer una especie de dictamen con respecto a su propio proyecto para girarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el nuevo Código. El dictamen se fundamenta en la reforma elaborada por una comisión que terminó su funcionamiento en 1992, más la actualización “a la doctrina que surge del caso Casal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo que, de acuerdo con ella, la idea de la casación, tal como fue entendida, ha desaparecido por colisión con el Pacto de San José de Costa Rica, y que, ahora, el mismo impone la existencia de una doble instancia que se extienda plenamente a los hechos y al Derecho, lo cual ya no es casación (uniformación del Derecho), sino directamente apelación bajo el nombre que quiere dársele en el sentido tradicional”. La adecuación sustituye el recurso de casación por el de apelación.

Los legisladores proponen mantener las actuales cámaras de apelación para intervenir en los recursos de segunda instancia y dan de baja la idea de constituir tribunal de juicio colegiado, tarea que estará en manos de un juez o tribunal de juicio. Ambas etapas serán orales, aunque en la primera instancia también deberá ser documentado en versiones taquigráficas lo que suceda.

Asimismo, el despacho anula toda referencia al juzgamiento de menores de edad, debido a que la Convención sobre los Derechos del Niño apunta a la existencia de tribunales específicos. En cambio, mantiene y amplía el juicio por jurados. Además, establece como causal de apartamiento por pérdida de la imparcialidad el que el juez o tribunal hubiera emitido opinión conociendo el caso, aun cuando a dicha opinión la haya dado en cumplimiento de un deber legal. Por último, anula toda referencia individualizadora respecto de quiénes cumplirán la función de defensa gratuita de imputados que no designen defensor de confianza.

Quieren interpelar a Rosúa

El mayoritario bloque justicialista le negó a la radical Mónica Tomei la interpelación al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, sobre la problemática de la seguridad en la provincia.

La médica, oriunda de Funes, insistió en el recinto con el tema y no aceptó una moción del jefe de la bancada oficialista, Mario Lacava, para transformar sus inquietudes en un pedido de informes.

El temario elaborado por Tomei para el ministro partía de preguntar si existe un plan de seguridad provincial; cuáles son las medidas adoptadas para morigerar la inseguridad ciudadana; si, en materia de prevención del delito, se han detectado zonas o localidades donde se haya incrementado la comisión de actos ilícitos.

También pretendía conocer los mecanismos de evaluación de los resultados de las políticas de seguridad aplicadas, así como porcentajes del pago de adicionales o servicios extraordinarias del total de gastos de personal para la policía. Otros puntos refieren a medidas funcionales y disciplinarias adoptadas tras la masacre de Coronda del 11 de abril del 2005 y la actuación seguida por la cartera de Gobierno ante casos de resonancia pública en el sur santafesino.