DIPUTADOS CONVIRTIÓ EN LEY EL PROYECTO DE REFORMA LABORAL
De esta forma, luego de casi 10 horas de debate, los diputados convirtieron en ley la norma que reduce el período de prueba de un año a tres meses, fija la articulación entre los distintos niveles de convenio dando prioridad al más favorable a los trabajadores y restaura la utraactividad de los convenios
Además del gesto político que significa para el Congreso derogar la llamada popularmente “ley Banelco”, la norma sancionada reduce a 90 días no prorrogables el período de prueba, restablece la ultraactividad de los convenios colectivos y unifica el régimen de indemnizaciones.
También la legislación incentiva a las Pymes de hasta 80 trabajadores para que contraten nuevo personal mediante la reducción de contribuciones a la seguridad social.
La ley saldrá del Congreso con el texto que aprobó la semana pasada el Senado, ya que el oficialismo no está dispuesto a aceptar nuevos cambios que demore la sanción del texto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Saúl Ubaldini, miembro informante sobre el proyecto por el justicialismo, dijo sentir “el orgullo de ir tratando leyes que beneficien a los trabajadores”.
“No es posible mantener vigente una norma que se encuentra cuestionada en la mayoría de la gente”, sostuvo el ex titular de la CGT e instó a la Cámara para que se aboque a tratar leyes “que otorguen de una vez por todas la calidad humana que debe tener todo aquel que labora” en contra del “capitalismo salvaje”.
A su vez, el jefe del bloque justicialista, José María Díaz Bancalari, descalificó al final del debate a los que pidieron en el recinto la nulidad lisa y llana de la ley 25.250.
Dijo que esa posición tendía a menguar “el coraje de nuestro gobierno de terminar con un cuarto de siglo de flexibilización y precarización”.
En el debate varios oradores -Alicia Castro, Saúl Ubaldini y Miguel Bonasso- pusieron de relieve el contexto de fuertes presiones sobre el sindicalismo en el que se sancionó la polémica ley de la Alianza, en cuyo marco fue incluso víctima de una herida de bala el judicial Julio Piumatto.
La aprobación en general patentizó el consenso que entre los bloques obtuvo la derogación de la polémica ley, que quedó deslegitimada por las sospechas de sobornos que envolvieron al Senado.
Las bancadas que se opusieron a la derogación sostuvieron un dictamen en minoría que propuso la nulidad de la norma.
Esta posición la sostuvieron los bloques del ARI, el socialismo y, por la izquierda, Luis Zamora y Patricia Walsh.
“Esta ley ha salido de un hecho ilícito y como hecho ilícito tiene que ser anulada”, justificó el socialista Ariel Basteiro, mientras que el metalúrgico Alberto Piccinini (ARI) señaló que, aparte del vicio de origen, la norma violó el principio “de asegurar los derechos de los trabajadores a través de las leyes como ordena el artículo 14 bis”.
El bloque radical, en tanto, hizo un “mea culpa” en relación a la sanción de la polémica norma que promovió en el Congreso durante el gobierno de Fernando De la Rúa.
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