DIPUTADOS DIO MEDIA SANCIÓN A AL ANULACIÓN DE LAS LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA Y PUNTO FINAL

Luego de más de siete horas de debate, los diputados aprobaron esta noche la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en un gesto de fuerte carácter político que responde al deseo de juzgar en la Argentina a los acusados de violaciones a los derechos humanos de la última dictadura.

La anulación sumó los votos a favor de la mayoría del PJ, y el conjunto del ARI, el Frepaso y los partidos de izquierda, y enfrentó la oposición del menemismo, los provinciales, los diputados llegados del cavallismo y las fuerzas de centroderecha. Nueve radicales apoyaron la nulidad, pero el resto se abstuvo. La votación, sin embargo, fue a mano alzada y por lo tanto se hizo sin que quedaran registros nominales.

El proyecto declara “insanablemente nulas” las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que en 1986 y 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín y tras las rebeliones carapintadas, frenaron los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado.

Los diputados completaron la expresión de una sesión histórica con la aprobación, por unanimidad, del proyecto del Poder Ejecutivo que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, y votarán también otro que incorpora los principios del tratado en el Código Penal.

De la propuesta original fue eliminada la anulación de los indultos presidenciales, una prenda de cambio del acuerdo entre los bloques.

Las tres votaciones buscan eliminar obstáculos legales y entregar nuevas herramientas jurídicas para avanzar en los procesos contra los militares.

Si ayer el Justicialismo quería postergar una semana la sesión para cohesionar a su bloque detrás de una propuesta que evitara la palabra nulidad y, de ser posible, acordar con la UCR, las señales llegadas desde la Casa Rosada terminaron por empujar al oficialismo hacia la posición de máxima.

Es que, ante la imposibilidad de pactar con los radicales, la única forma que tenía el PJ de aprobar un proyecto con un margen importante de votos era encolumnarse con el ARI y la izquierda detrás de la anulación.

Discursos a favor y en contra

El justicialista Juan Manuel Urtubey y la jefa del ARI, Elisa Carrió, fueron los principales defensores de la viabilidad del proyecto.

Los radicales se parapetaron en los cuestionamientos jurídicos para fundar su oposición. Desde el bloque de la UCR, Pascual Capelleri criticó que el “Congreso borre con el codo lo que escribió con la mano” y aseguró que la sanción iba en contra de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las leyes.

“Si ustedes se quieren dar el gusto y cumplir con una orden presidencial, no hay ningún problema”, espoleó después Noel Breard, también de la UCR.

Carrió contestó cada uno de los argumentos jurídicos opuestos por los radicales, apoyada esencialmente en la tensión entre las leyes y artículo 29 de la Constitución, según el cual si el Congreso concede a otro poder del Estado “facultades extraordinarias” el acto llevará consigo una “nulidad insanable”.

Sin embargo, más allá de las diferencias jurídicas, la diputada subrayó el carácter político de la decisión al asegurar que, en el futuro, “lo que nadie va a poder borrar es esta declaración histórica” del Congreso.

La participación de Ricardo Bussi, diputado de Fuerza Republicana e hijo de quien fuera gobernador de Tucumán durante la dictadura, terminó por inclinar el debate hacia el sentido histórico de la nulidad.

“Nadie le va a devolver los muertos a la señora (Estela de) Carlotto, es tiempo de terminar con estas cuestiones, no sirve de nada este debate estéril”, se exaltó Bussi y cosechó una ola de abucheos y silbidos en contra, tanto de palcos como desde las butacas del recinto.

“Tenemos que recuperar la capacidad de impartir Justicia y enfrentar la impunidad, que se volvió estructural en la Argentina”, contestó Patricia Walsh, la diputada de Izquierda Unida que convocó a la sesión especial de hoy.