DIPUTADOS IMPUTA AL JUEZ BOGGIANO ONCE CARGOS POR MAL DESEMPEÑO

El proceso de enjuiciamiento contra el juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano avanza sin pausa: ayer, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le imputó once cargos por mal desempeño de sus funciones y lo citó para que brinde el descargo correspondiente el 21 del actual.

La decisión de acusar a Boggiano, adoptada ayer, significa el preludio del dictamen que, a posteriori, deberá formular la comisión.

Ese despacho es el que luego se discutirá en el recinto. Se descuenta que, si Boggiano no convence con sus argumentos, el informe será acusatorio, máxime porque el grueso el bloque de diputados oficialistas -ni hablar de la oposición- fogonea el juicio político contra el magistrado.

En efecto, lo curioso del caso Boggiano es que su posible acusación suscita un apoyo compacto del bloque justicialista, cosa que no sucedió con los jueces de la Corte que debieron abandonar su sitial acorralados por el juicio político que, en las sombras, promovió la Casa Rosada.

Los datos son objetivos: en los casos de Eduardo Moliné O´Connor y de Adolfo Vázquez, más de un tercio del bloque justicialista se abstuvo de condenarlos en el recinto. Los otros dos magistrados, Guillermo López (ya fallecido) y Julio Nazareno, renunciaron antes de que el dictamen se discutiera en plenario.

¿Por qué Boggiano genera estos recelos en el justicialismo? Si bien integró la llamada “mayoría automática” del alto tribunal durante la gestión de Carlos Menem, en el bloque se explica que, hasta ahora, la Casa Rosada apuntó sólo contra los llamados “jueces justicialistas”. Boggiano no lo es, aducen.

Y como éste firmó las mismas sentencias por las cuales sus ex pares debieron abandonar la Corte, debería ser juzgado con la misma vara.

Desde la Casa Rosada se dejó trascender descontento por el avance que cobra el juicio político contra Boggiano.

Pero fuentes legislativas confiables aseveran que, hasta ahora, no hubo gestos concretos para frenar el proceso.

Un reflejo de ello es que ayer hasta los miembros kirchneristas de la Comisión de Juicio Político suscribieron los cargos contra el juez. En total, 16 legisladores de diferentes partidos participaron de la reunión.

Las sospechas

Más allá de las consideraciones políticas, el presidente de la Comisión de Juicio Político, Ricardo Falú (PJ-Tucumán), es un convencido de que la ley debe aplicarse con la misma vara.

Y que si Boggiano firmó, en idéntico sentido que Nazareno, las causas Macri, Meller y Dragonetti de Román -que determinaron la salida de sus ex colegas ya mencionados- debería ser investigado y, eventualmente, acusado.

“No esperen de mí conductas desiguales -aseveró Falú a LA NACION-. Si Nazareno, Moliné O´Connor y Vázquez fueron acusados por las mismas causas que firmó Boggiano, ¿desde qué lógica podemos evitar que sea investigado? La Justicia es un acto constante y perpetuo; no comienza un día y termina otro según el capricho de los hombres.”

Este argumento, compartido por el resto de los integrantes de la comisión, permitió que los once cargos contra Boggiano se aprobaran por unanimidad. Son los siguientes:

l Caso Meller se le imputa haber legitimado un proceso administrativo fraudulento a partir de un fallo de la Corte Suprema que convalidó el pago que reclamaba la empresa Meller (proveedor de la ex Entel) que, actualizado, alcanza los 400 millones en bonos.

La comisión considera que, con ese fallo, la Corte negó la vía judicial de revisión de una resolución del Tribunal Arbitral de Obras Públicas y que abdicó arbitrariamente a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad. Incluso la ex directora de Entel María Julia Alsogaray fue demandada por haber convalidado el pago a Meller.

Caso Macri: se le imputa haber obstruido la investigación de un presunto contrabando de autos; causar perjuicio al Estado alterando una medida de política económica; forzar la interpretación de cosa juzgada; renunciar a hacer el control de constitucionalidad y hacer uso arbitrario de las facultades acordadas en el código procesal civil y comercial.

Caso Dragonetti de Román: se cuestiona un fallo por el cual la Corte sancionó a una jueza; según la comisión, se invadieron competencias del Consejo de la Magistratura, se afectó garantías constitucionales y se violó la independencia del Poder Judicial.

Según Falú, la formulación del capítulo de cargos “implica una imputación de mal desempeño” y destacó que Boggiano podrá rebatir esas acusaciones en el descargo que podrá hacer en forma personal -el 21, a las 11.30- o por escrito.