Diputados pone el acento en garantizar el servicio de la conectividad educativa
Aprobó un proyecto declarándolo de interés público como medida para garantizar igualdad. Dispone que el Estado debe proveer conexión gratuita a estudiantes, docentes e instituciones educativas.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley declarando “de interés público el servicio de conectividad educativa” entendiéndose como tal a la provisión de conexión a internet, infraestructura, equipamiento, soporte técnico y recursos asociados. El objetivo es que el Estado provincial garantice el servicio a todas las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades, así como también a estudiantes y docentes.
La iniciativa de Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) motivó desacuerdos entre el autor y el justicialista Ricardo Olivera sobre la posibilidad de que se abran de alguna manera las escuelas. No obstante todos los expositores insistieron en la necesidad de trabajar fuertemente para dotar de conectividad al sistema educativo y generar políticas de igualdad especialmente en estos momentos de pandemia donde se estima que la mitad de los alumnos no tienen ese acceso.
Paradójicamente, al momento de fundamentar el proyecto tanto Boscarol como Oscar Martínez (Frente Renovador) tuvieron problemas en la conexión y sus posturas se escucharon en forma entrecortada. Además mientras Diputados avanzaba con el proyecto, en el Senado se postergaba el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo para la creación de la empresa para llevar conectividad a toda la provincia. “No me parece necesaria la creación de una empresa pero hay que trabajar fuerte desde el Estado con los instrumentos disponibles, que no son pocos, para avanzar en dar conectividad” dijo Boscarol.
En sus artículos, el proyecto girado al Senado determina que “el Estado provincial, a través del Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad indelegable de proveer a todas las instituciones educativas el servicio de conectividad educativa conforme a los principios de obligatoriedad, continuidad, regularidad, igualdad y universalidad”. Dispone que el servicio se ponga en marcha en forma gradual y progresiva “atendiendo prioritariamente a los estudiantes que se encuentren en situaciones de riesgo educativo y a las instituciones que por su modalidad o proyecto educativo institucional ameriten una intervención prioritaria, conforme lo determine el Ministerio de Educación”.
El objetivo de la ley es garantizar una educación inclusiva y de calidad a partir de la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Más adelante se establece que servicio de conectividad educativa tiene como finalidades garantizar el derecho a la inclusión digital reconociendo a la escuela como articuladora de los entornos de acceso a las TIC; promover un uso crítico, ético y responsable de las TIC, compatible con los objetivos de construcción de la convivencia democrática, fortalecimiento de la identidad local, fomento de la creatividad, productividad, libertad de pensamiento y valoración de la diversidad en el marco de la cultura digital; complementar y potenciar las iniciativas y programas orientados a la provisión y uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje y dinamizar el desarrollo de redes de trabajo colaborativo entre las instituciones educativas de los distintos niveles, las dependencias del Estado y demás sectores de la sociedad. Además impulsar nuevas dinámicas de trabajo escolar así como promover una dinámica de gestión colaborativa de los recursos TIC entre las instituciones educativas y las autoridades ministeriales a los efectos de atender a las necesidades específicas de cada institución.
En otro artículo se dispone que el Estado garantiza la provisión de la plataforma educativa donde se desarrollen los procesos pedagógicos y de gestión administrativa pero también el acceso libre y gratuito a los servicios de conectividad a Internet en los hogares de estudiantes y docentes para el acceso a la plataforma educativa; como así también garantiza la provisión gratuita de dispositivos tecnológicos a aquellos estudiantes y docentes que lo soliciten.
Acuerdo general
Boscarol, Martínez, Olivera y la socialista Claudia Balagué fueron los encargados de fundamentar el voto al proyecto.
El primero señaló que el proyecto nació dos años atrás cuando recorriendo escuelas escucharon los planteos de sus cuerpos directivos y docentes de los problemas de conectividad no solo de los establecimientos sino también para trabajar en el aula. Se detuvo en la situación actual donde la pandemia generó mayores desigualdades y donde los hogares se convirtieron en aulas virtuales para no perder el vínculo pedagógico. “A la escuela le llega internet para la administración y es imposible para el uso pedagógico” advirtió para especificar que una de cada tres escuelas no tienen el segundo servicio. Sugirió alternativas para llegar en forma inmediata esperando llevar la red a toda la provincia e incluso mencionó instrumentos que tiene el gobierno nacional. No obstante cuestionó el DNU del gobierno nacional sobre los servicios digitales y recordó que tiene 10 mil millones sin utilizar del fondo donde aportan los prestadores del servicio.
Martínez admitió que con esta pandemia hemos aprendido que “no hay igualdad para todos si no hay internet para todos” e instó a buscar acuerdos políticos para que todas las escuelas tengan conectividad. En la provincia “debemos buscar canales para ir a un diseño donde la educación virtual no dependa de la capacidad económica de los padres”.
Por último, Balagué instó a buscar un equilibrio entre los sanitario y lo educativo para que los chicos encuentren contacto con los docentes”.
Seguridad
La Cámara de Diputados avaló el proyecto de Juan Cruz Cándido (UCR) pidiéndole al Poder Ejecutivo que convoque a la Junta Provincial de Seguridad. “El objetivo es que el Poder Ejecutivo realice la convocatoria a una instancia de trabajo y articulación entre poderes que comenzó por una decisión de Miguel Lifschitz cuando fue gobernador. Esta instancia nuclea en un mismo ámbito de trabajo a representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial con el objetivo de construir políticas y estrategias de seguridad pública” manifestó el autor. Resaltó que la seguridad “no es responsabilidad de un partido ni de un solo poder, sino que depende del trabajo mancomunado que nos permita ofrecer respuestas a la ciudadanía ante la situación tan complicada que estamos viviendo”.
Y son leyes
Sobre tablas, Diputados completó la sanción de dos iniciativas que fueron aprobados en Senado oportunamente. Por un lado, se validó un mensaje del Poder Ejecutivo prorrogando el acuerdo legislativo para los actuales jueces subrogantes de la provincia. Por otra ley, se instituye el 26 de septiembre como el día de la seguridad vial infantil en la provincia. El justicialista Leandro Busatto explicó que la fecha recuerda al sueco Nils Bohlin quien en 1959 creó el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje. El aparato hoy está incorporado a todos los automóviles. Fue adoptado en forma inmediata por Volvo y se estima que este ingenio ha salvado ya más de un millón de vidas y que cada año evita unas 100.000 muertes.
