DIPUTADOS PROCURAN MEDIAR EN EL CONFLICTO DE SULFACID

Dos comisiones de la Cámara de Diputados convocaron al Sindicato de Químicos y a la empresa Sulfacid a una mesa de diálogo para buscar destrabar el nuevo conflicto suscitado en la planta de Fray Luis Beltrán, en el cordón industrial del Gran Rosario.

Una comisión legislativa se constituyó ayer en la zona, escuchó a las partes y las invitó para el miércoles venidero, a las 9.30, en el recinto de la presidencia de Diputados en nuestra ciudad. Los sindicalistas, encabezados por Daniel Santillán, adelantaron su presencia en la reunión mientras que los directivos de la firma química que recibieron a los legisladores dejaron en claro que consultarán con las autoridades de la empresa. La comisión legislativa también se reunió con el juez correccional de San Lorenzo, Juan José Tutau quien dispuso el envío de fuerza policial a la fábrica.

Los jefes de bloques de Diputados decidieron el jueves encomendar a las comisiones de Asuntos Laborales y de Derechos y Garantías la misión de buscar un acercamiento o una mediación en el conflicto que se produce por la interpretación de un acta firmada hace seis meses entre sindicato y empresa y que permitió destrabar la protesta de entonces.

Jorge Cura (PJ) y Raúl Lamberto (PS) encabezaron el grupo que ayer escuchó a los empleados que cumplían una huelga de 24 horas; a directivos de Sulfacid e incluso a otros agentes que cumplían normalmente sus tareas y no están afiliados al sindicato. Cada una de las partes expuso sus puntos de vista ante la comisión. La recorrida también la realizaron Santiago Mascheroni (UCR), Gabriel Real (PDP), Mónica Albónico (PS) y los aristas Antonio Riestra y Verónica Benas.

Nota a Gutiérrez
Antes del recorrido, Riestra, presidente del bloque del ARI, remitió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, para que observe la actuación del juez Tutau en el conflicto de Sulfacid.

“El magistrado ordenó el empleo de la fuerza pública dentro y fuera del establecimiento, supuestamente para garantizar la libertad de trabajo en medio de medidas gremiales” señala la nota.

Para Riestra, “la facultad de policía en estos casos compete primariamente a la Secretaría de Trabajo, en lugar del uso de la amenaza represiva como forma de resolver los conflictos sociales”.

Agrega el legislador que “si el espíritu de la orden fue garantizar la libertad de trabajo, en el contexto de medidas de fuerza de los obreros, hubiera resultado suficiente dejar expedito el ingreso y egreso de la planta, como lo expresa el propio juez, y no colocar el aparato de la fuerza de seguridad del Estado santafesino al servicio de los intereses de una empresa privada”.

Tras pedir a la Corte que contribuya a que la conducta de los magistrados se adecue a derecho, salvaguardando la independencia de los magistrados, Riestra como legislador “reivindico la primacía del derecho social, en particular el carácter tuitivo de la legislación laboral, como fórmula para afrontar los conflictos, frente el uso, muchas veces abusivo, de la amenaza represiva, como se desprende de la actuación del juez Tutau, en este caso”.