DIPUTADOS QUIEREN CONOCER LOS NÚMEROS DE LOS PEAJES PROVINCIALES

El Poder Ejecutivo provincial deberá enviar a la Cámara de Diputados un detallado informe sobre los números del sistema de peajes vigente en distintas rutas de la provincia.

Así se desprende del pedido de informes elaborado por los diputados Juan Carlos Millet y Mónica Tomei (UCR) que fue aprobado sobre tablas por la Cámara baja.

La iniciativa tiene por objetivo conocer cómo funciona el sistema y determinar a la vez si las tarifas que pagan los usuarios son adecuadas o si, por el contrario, constituyen un costo adicional para quienes utilizan los distintos corredores viales.

En diálogo con CASTELLANOS Millet manifestó su preocupación por la forma en que son establecidas las tarifas en los peajes de nuestra provincia.

En tal sentido recordó que el peaje debe significar un beneficio para el usuario. En otros términos, el beneficio de transitar por las rutas aranceladas debe ser superior al costo del peaje.

Este es un viejo debate instalado por especialistas en peaje que en reiteradas oportunidades denunciaron la presunta ilegalidad del sistema vigente en nuestra provincia.

En el pedido de informes aprobado ayer, Millet y Tomei sostienen que “los usuarios deben tener un ahorro concreto por el uso de las rutas, tramos o autopistas concesionadas”, y aclara que “el objetivo último de haberlas entregado en concesión fue precisamente que las mejoras a introducir en ellas, bajo la forma de obras de infraestructura a realizar por los distintos concesionarios, reduciría los costos propios de circular por caminos en mal estado”.

Los diputados recuerdan que las normas que regulan el peaje establecen que las tarifas no deben superar el valor económico del servicio ofrecido. “Si así no ocurriera nos encontraríamos con que los usuarios no tendrían un ahorro y que además, incrementarían sus costos y los de toda la actividad económica de la región o la provincia”.

Entre los argumentos del pedido de informes se recuerda que “contra todo lo esperado”, el ex ministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Berli reconoció en declaraciones realizadas el 26 de julio de 2000 a CASTELLANOS que “nunca se hizo un estudio técnico-económico que fundamentara las tarifas de peaje a cobrar en nuestra provincia”.

Subrayan asimismo que en declaraciones al diario El Ciudadano de Rosario, el 5 de febrero de 2003, Berli se excusó haciendo referencia a la “complejidad” de dichos cálculos.

“Es evidente que si no se han hecho todavía los estudios técnicos económicos que corresponden, nadie puede saber qué es lo que están pagando los usuarios y lo que es más grave, nadie puede saber por qué lo están pagando, dado que este tipo de estudios y fundamentaciones necesariamente deben hacerse como paso previo a la puesta en vigencia del cobro de las tarifas”, argumentaron los legisladores.

En ese orden advirtieron que “si la provincia no estaba en condiciones de llevarlos adelante “debió recurrir a los expertos en la materia que se encuentran en nuestras Universidades Nacionales que han desarrollado un nivel verdaderamente de excelencia en la materia” y pidió que el Ejecutivo convoque “inmediatamente” a los expertos.

Sobre este tema Millet anticipó ayer que miembros de la Universidad Nacional de Rosario dieron su conformidad para realizar los estudios en forma gratuita.

En otro párrafo del pedido de informes se menciona que los especialistas alertaron a la opinión pública “sobre el despropósito que significa el peaje como método de financiamiento vial en rutas o tramos de baja densidad de tránsito”.

“Se trata de un peaje aplicado en rutas o tramos cuyo mantenimiento se paga ya con nuestros impuestos y que por lo tanto constituye una situación que merece también la revisión de esta Honorable Cámara de Diputados”, agrega el pedido de informes.

Millet comentó que con los datos pedidos al Ejecutivo se podrá realizar un estudio para determinar la tarifa que los usuarios deben pagar.

Al mismo tiempo aclaró que si la tarifa no alcanza para la mantención de las rutas, “el Estado deberá aportar el resto para garantizar el mantenimiento de los corredores viales”.

“La idea es que el peaje no constituya en una carga más para los sectores productivos de la provincia, sino que sea un beneficio, como marca la ley”, opinó Millet.

Los puntos pedidos

En el escrito aprobado ayer por la Cámara baja provincial los diputados Millet y Tomei reclaman detalles acerca del sistema de peajes implementado en nuestra provincia.

Entre otras cuestiones, el Ejecutivo deberá informar:

– Cantidad de kilómetros de cada una de las rutas, tramos y autopistas provinciales entregados en concesión por el Estado provincial.

– Nómina de los concesionarios.

– Plazo de vigencia de las concesiones.

– Detalle de los servicios de cada concesión, con especificación de cantidad de empleados técnicos, administrativos y operarios, situación contractual, personal de seguridad (si pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado o i son servicios privados), etc. Número de cabinas, estructura edilicia, mantenimiento y condiciones de seguridad. Servicio de auxilio, cantidad de unidades de rescate, tiempo en que se realizan los auxilios, etc.

– Monto del canon mensual y/o anual que en cada caso pagan a la provincia.

– Monto, forma y materialización de los subsidios que percibe cada concesionario, para el caso de que existan.

– Valores con respecto a la relación “beneficio del usuario / tarifa de peaje”, para cada una de las concesiones otorgadas.

– Valores de la relación “ingreso del concesionario / costo invertido” para cada una de las concesiones.