DIPUTADOS SANTAFESINOS ARCHIVARON UN PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO A EDGARDO BERLI

La Cámara de Diputados cerró una solicitud para abrir la instancia de juicio político al ministro de Obras, Servicios Públicos y Viviendas, Edgardo Berli, presentada por un particular con el voto de la mayoría justicialista. La oposición, si bien no votó la apertura de la instancia, sí reclamó substanciar el procedimiento tal cual lo indica la ley reglamentaria de ese instituto y después recién decidir si avanzar o no en la cuestión. El tema se definió en el marco de la sesión de ayer donde la Cámara Baja dio media sanción a una decena de proyectos de ley, la mayoría de ellos con amplio acuerdo parlamentario. En cambio, ante esta instancia de juicio político, votó el oficialismo por un lado y toda la oposición por el otro.

El pasado 25 de junio, un vecino de esta ciudad, Roberto Angel Prieu, se presentó en Mesa de Entradas de Diputados solicitando el juicio político a Berli por “mal desempeño en la función pública y abuso de poder”. La fundamentación era su responsabilidad en la administración de un bien público, en este caso, la Empresa Provincial de Energía (EPE) por no combatir el fraude y robo de energía que hacen que el usuario deba pagar tarifas más altas. A la presentación ante Diputados, el particular llegó tras denunciar a las autoridades de la EPE ante el fiscal en turno; reclamar una indemnización ante la propia prestadora del servicio eléctrico por “facturarme sumas por conceptos indebidos” de alumbrado público; recurrir a la Dirección General de Comercio Interior del Magic y en última instancia con el reclamo ante el propio despacho del titular de la cartera de Obras, Servicios Públicos y Vivienda bajo cuya jurisdicción, según el organigrama de gobierno, se encuentra la EPE.

En el seno de la comisión de Juicio Político, no hubo acuerdo entre la mayoría justicialista que pretendió, e impuso, el cierre del expediente y la solicitud de la oposición de, al menos, escuchar al denunciante. Con los diferentes dictámenes, llegaron al recinto en la sesión donde cada sector expresó sus argumentos aunque sin convencerse mutuamente, imponiéndose la postura del oficialismo y el cierre de la causa.

POSTURAS DIFERENTES

Ariel Dalla Fontana (PJ) recordó que la instancia de juicio político es un “remedio excepcional” y aseguró que los hechos denunciados “no tienen nada que ver con el ministro ni con su actuación. El reclamo está en trámite”. El presidente de la Comisión de Juicio Político entendió que “ni tangencialmente amerita habilitarse el procedimiento de juicio político” aunque aclaró que la decisión no implica que la Cámara se pronuncie sobre la petición del usuario. “Son reclamos que deben resolverse por vía administrativa o en instancias judiciales, pero no por esta vía”.

En cambio, el socialista Alfredo Cecchi entendió que el justicialismo “obvió el procedimiento garantista que tienen los ciudadanos de ser escuchados” y reseñó que Prieu cumplió todos los pasos que marca la ley de juicio político. “El dictamen justicialista viola la ley y hace que el ciudadano ni siquiera pueda ser escuchado por esta Cámara que representa al pueblo de la provincia”. Por su parte, Carlos Favario (PDP) resaltó lo que considera un equivocado criterio de interpretación del justicialismo sobre el juicio político. “La comisión se arroga facultades que no tiene para cercenar el derecho del ciudadano a ser escuchado. No averiguamos nada” se quejó. Lamentó tener que votar en disidencia y no dejó de señalar que si se hubiese seguido el procedimiento legal quizás la Cámara en su conjunto habría rechazado el planteo.