DIPUTADOS SE APRESTA A REPUDIAR, POR PRIMERA VEZ, A LOS REPRESORES

La Cámara de Diputados votó una preferencia para tratar esta semana un proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez (ARI) que pondera el fallo del juez federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, que procesó a siete detenidos por delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex juez Víctor Brusa y el suboficial retirado del Ejército, Nicolás Correa, ex número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el primer gobierno de Jorge Obeid. Si la Cámara aprueba la declaración, será el primer pronunciamiento institucional en veinte años que condena a represores de la dictadura desde la restauración democrática de 1983.

“La historia nos da la oportunidad de redimir un silencio cómplice y reivindicar la labor parlamentaria para ponerla de pie”, dijo la legisladora.

Gutiérrez presentó el proyecto en la última sesión con un pedido de preferencia para que se tratado el jueves próximo en el recinto, que la Cámara aprobó. La acompañaron como coautores de la iniciativa sus colegas de bancada en el ARI: Verónica Benas, Antonio Riestra y Aldo Strada y el diputado socialista Raúl Lamberto, presidente de la comisión de Derechos y Garantías.

“Me parece que de una vez por todas esta Cámara de Diputados debe expedirse por la verdad, la justicia y la condena a los asesinos y torturadores de la dictadura de 1976”, afirmó Gutiérrez al fundar su propuesta.

El fallo del juez Rodríguez es el primero en la provincia que reprocha el delito de “asociación ilícita” a los siete detenidos y el primero en el país que imputa a un ex juez federal como “partícipe necesario” de una banda represiva. Los otros procesados son el suboficial Correa, que operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe; el ex jefe de un centro clandestino de detención y hoy presidente comunal de San José del Rincón, Mario Facino; dos ex oficiales de Inteligencia de la Policía de Santa Fe: Héctor “Pollo” Colombini y Eduardo Ramos y dos ex carceleros de la Guardia de Infantería Reforzada: Juan Calixto Perizzotti y María Eva Aebi. Rodríguez les imputó también otros supuestos delitos: privación ilegal de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos, en concurso real con la asociación ilícita; decretó la prisión preventiva de todos ellos y les trabó un embargo sobre sus bienes por 5 millones 600 mil pesos, a razón de 800 mil pesos por cabeza.

La diputada Gutiérrez recordó que en la Cámara siempre hubo obstáculos para tratar este tipo de proyectos, “ya sea para repudiar las excarcelaciones” que la Cámara Federal de Rosario concedió a varios represores de la dictadura o “para expresar el beneplácito por el procesamiento de los torturadores como el que resolvió el juez Rodríguez y por el que hoy está soportando presiones de amplios sectores de la Iglesia e incluso del Ejército”, denunció.

“Hace unos meses presenté un proyecto para que la Cámara exprese su preocupación por la excarcelación (del abogado y director de una escuela de Enseñanza para Adultos), Carlos Sfulcini, probado asesino y torturador de la Quinta de Funes. Pero el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, (Mario Esquivel) expresó que no convenía inmiscuirse en otro poder, el Poder Judicial” y consideró “un fallo impecable” al que dejó en libertad a Sfulcini y a otros represores de Rosario. “Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, del asesinato de miles de militantes políticos, peronistas y de izquierda, que cayeron bajo las balas de la dictadura”, insistió Gutiérrez.

La legisladora del ARI recordó que la propia Cámara de Diputados hizo la vista gorda en 1992 cuando mandó al archivo un proyecto del entonces presidente del bloque justicialista, Jorge del Bianco ûya fallecido‑ y de su colega María Angélica Gastaldi, hoy ministra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que Brusa no sea designado juez federal de Santa Fe.

El proyecto ingresó el 25 de junio de 1992 para que la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación ûque entonces presidía Deolindo Felipe Bittel‑ suspenda el análisis del pliego de Brusa hasta que se investiguen “las denuncias por violaciones a los derechos humanos” que ya entonces pesaban sobre el candidato de los ex senadores nacionales Luis Rubeo y Liliana Gurdulich.

La propuesta de Gastaldi y Del Bianco fue rechazada en el seno del propio bloque del PJ que entonces integraban notorios amigos de Carlos Reutemann, entre ellos Esquivel, el hoy defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez y Julio Gutiérrez y Angel Baltuzzi, hoy diputados nacionales. Empujada por el bochorno, Gastaldi viajó entonces hasta el Senado de la Nación, pero no llegó a oponerse al ascenso de Brusa: en las puertas de Bittel, pegó media vuelta y se fue. El miedo pudo más.

“La Cámara de Diputados también fue responsable que uno de los torturadores y hoy procesado por delitos de lesa humanidad, el ex juez Brusa obtuviera ese cargo en la democracia. Porque no escuchó a los autores del proyectos (Del Bianco y Gastaldi) para que Brusa no sea juez de la Nación”, disparó Gutiérrez. “Hoy queda plenamente demostrado quién era Brusa”.

“De una vez por todas, esta Cámara debe ponerse los pantalones largos. La democracia argentina ya se los puso. No puede seguir financiando pasquines que reivindican desde sus páginas el golpe de estado de 1976” y consideran que “los asesinos y torturadores son en realidad víctimas”.

“Incluso, esta semana los amigos de los asesinos distribuyeron en el hall de la Legislatura volantes que pide `la libertad a los patriotas’ (ver recuadro). Estoy hablando de asesinos y torturadores. No pretendo que aprueben mi proyecto, podrán disentir o no, lo que pido es que alguna vez saquemos de esta Cámara una declaración clara, si estamos o no, con la verdad, la justicia y la condena a los criminales de la dictadura”, concluyó Gutiérrez.