DIPUTADOS TRATA PROYECTO DEL EJECUTIVO SOBRE LAVADO DE DINERO
El oficialismo de la Cámara de Diputados debatirá un proyecto que reforma la conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF) para darle una mayor ejecutividad a ese organismo que recopila datos sobre las operaciones sospechosas de lavado de dinero.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional recibió ayer el dictamen favorable de la Comisión de Finanzas, que conduce el diputado del Peronismo Federal, Aníbal Stella.
El proyecto oficial contempla que el presidente y vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Justicia.
Además, la iniciativa del gobierno, que ya había recibido dictamen de la comisión de Justicia, establece que habrá un consejo asesor que estará integrado, entre otros, por el Banco Central, la Comisión de Valores, que deberán dar su opinión, aunque no vinculante, ante un pedido de informe.
El dictamen de mayoría es respaldado por el oficialismo, en tanto que la diputada del ARI, Marcela Rodríguez, y la socialista por Córdoba Laura Sesma, presentaron dictamenes de minoría con cuestionamientos al texto enviado por el Poder Ejecutivo.
En la reunión de la comisión de Finanzas, el diputado Federico Pinedo (PRO) admitió que tiene “varias diferencias con el proyecto oficial” aunque destacó la “apertura en el análisis” de la iniciativa y propuso incluir la posibilidad de remoción de los miembros de la UIF y que el organismo dependa de la Jefatura de Gabinete y no del Ministerio de Justicia.
Fuentes parlamentarias no descartaron, en tanto, que en la sesión de hoy se puedan incorporar algunas modificaciones al texto oficial que podría contemplar la posibilidad de remoción de los miembros del organismo, como reclaman varios diputados de la oposición.
El proyecto establece que el presidente de la UIF tendrá el poder de levantar el secreto bancario de cualquier cuenta tanto empresas como personas físicas.
La UIF -que depende del Ministerio de Justicia- fue creada en 2002 y tiene bajo su órbita la recopilación de informes de los casos sospechados de lavado de dinero.
El Congreso ya había aprobado este año un proyecto que autorizó a la UIF a solicitar el levantamiento del secreto bancario y bursátil, que fue considerado clave para el Gobierno para evitar un cuarto informe negativo del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI).
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