DIPUTADOS TRATARÍA ESTA TARDE LA ACUSACIÓN A MOLINÉ
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eduardo Moliné O’Connor volvió a negar hoy que vaya a renunciar a su puesto en el Máximo Tribunal, en el marco del proceso de juicio político que se le inició en la Cámara Baja. El dictamen acusatorio contra Moliné sería tratado esta tarde en la Cámara de Diputados, y en caso de aprobarse se daría un paso clave para destituirlo.
En declaraciones formuladas esta mañana a la prensa a la salida de su domicilio, Moliné O’Connor dijo que no tenía pensado renunciar y consideró que “no hay ninguna razón” para acusarlo.
Los integrantes de la Comisión de Juicio Político trabajan en sus respectivos bloques para terminar de diseñar la estrategia de la sesión en la que -entre otros temas- será tratado el dictamen que aconseja la acusación del ministro ante el Senado por mal desempeño de sus funciones.
La Cámara de Diputados trataría hoy en el recinto el dictamen de la Comisión de Juicio Político formulado contra Moliné. El juez ya presentó su descargo ante la comisión. De ser aprobado el dictamen en su contra, el caso pasará luego al Senado, que podría eventualmente decidir su destitución.
El juez de la Corte enfrenta en principio diez cargos en su contra, originados en tres causas. Una es el caso Meller, donde Moliné está acusado de convalidar un proceso administrativo aparentemente fraudulento, llevado a cabo por la entonces interventora de ENTel María Julia Alsogaray -detenida ayer en otra causa-, que generó para el Estado una deuda de 400 millones de pesos en bonos.
La segunda es la llamada causa Macri. Allí, el dictamen sostiene que la Corte forzó la aplicación del concepto de “cosa juzgada” para impedir a un juez de Concepción del Uruguay que investigue una causa por contrabando. Afirma que se extendió la calificación dada a otro expediente que se le había abierto al grupo por “evasión fiscal”.
La restante acusación es por la medida disciplinaria aplicada al juez Héctor Magariños, así como a otros jueces -entre ellos, Haydée Dragonetti y Román-, que habría invadido competencias propias del Consejo de la Magistratura, intentado el amedrentamiento de esos jueces y mostrado una actitud de intolerancia hacia sus opiniones.
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