DIPUTADOS Y EDILES SOLICITARON INFORMES Y REPUDIARON “APREMIOS” DENUNCIADOS POR MENORES EN ROSARIO

La denuncia pública realizada por padres de adolescentes que aseguraron que sus hijos fueron golpeados, manoseados y amenazados en la comisaría 11ª durante la madrugada del domingo llevó a representantes parlamentarios socialistas, del ARI y otras fuerzas políticas a poner en duda el accionar policial y a pedir informes al gobierno de Jorge Obeid. Mientras que en la Legislatura provincial se aprobó un proyecto de comunicación para que el Departamento Ejecutivo investigue lo ocurrido entre el 10 y 11 de junio, el Concejo Municipal de Rosario manifestó “su repudio ante los graves hechos de apremios ilegales”.

A través de un proyecto consensuado y que impulsaron la arista Verónica Benas y el socialista Raúl Lamberto, la Cámara de Diputados de la provincia solicitó ayer al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, que “realice en forma inmediata una profunda y pormenorizada investigación en torno a las denuncias de supuestos apremios ilegales contra menores de edad que involucran a efectivos policiales de la seccional 11ª dependiente de la Unidad Regional II de Policía con sede en la ciudad de Rosario”. El texto aprobado ayer por ese cuerpo refiere a los episodios ocurridos durante el 10 y el 11 de junio.

“Es apropiado recordar que el estado de derecho no admite violaciones de los derechos humanos consagrados internacional y nacionalmente. Todos sabemos que la violación de los mismos no contribuye al orden público y la seguridad, sino que irremediablemente agudiza su deterioro”, afirmaron los legisladores a través del proyecto de comunicación aprobado ayer y que refiere a los episodios denunciados el martes por los padres de los adolescentes.

Según esas declaraciones, los chicos fueron detenidos luego de un supuesto incidente ocurrido en un colectivo que transitaba por la zona de Saladillo; según la versión oficial un policía resultó herido en esas circunstancias, aunque los menores negaron la veracidad de esos hechos.
Los legisladores ayer reconocieron que “el relato de los chicos y chicas que denuncian haber sido víctimas de golpes y vejaciones en la seccional 11ª de Rosario y que fuera reproducido por medios masivos de comunicación orales y escritos locales y nacionales demanda, en principio, unas no pocas reflexiones y un inmediato esclarecimiento”.

También resaltaron “otros antecedentes similares ocurridos en la misma comisaría” que derivaron en la intervención de la Comisión de Derechos y Garantías de esa cámara cuando “se constituyeron en la mencionada repartición y constataron las deplorables condiciones físicas en las que se encontraba”.

REPUDIO EN EL CONCEJO

También el Concejo Municipal –a partir de un proyecto presentado por el edil por el ARI Carlos Comi y acompañado por Juan Rivero, quien desde el Frente Progresista Cívico y Social integra el Bloque Socialista– manifestó ayer su “repudio a los graves hechos de apremios ilegales sufridos por un grupo de jóvenes por parte de policías de la comisaría 11ª de Rosario”.

A través de la comisión de Derechos Humanos el cuerpo planteó dirigirse al Ministerio de Gobierno provincial a fin de manifestarle su malestar ante “los abusos, vejámenes y maltratos padecidos por un grupo de jóvenes en las dependencias de la comisaría 11ª, efectuados por personal policial de la misma”.

Además, los ediles manifestaron “la necesidad de que la Justicia investigue, esclarezca y condene a los responsables de estos actos” porque es “una obligación inherente e indelegable del Estado velar por el respeto y cumplimiento de todas las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos”.

El chofer aseguró que no vio ningún arma y que no escuchó disparos en el colectivo

El chofer del colectivo de la línea 142 donde la madrugada del domingo ocurrieron los desmanes que terminaron con un policía salvajemente golpeado, 21 jóvenes detenidos y una denuncia por apremios ilegales, prestó declaración testimonial, ayer, en el juzgado de Instrucción a cargo de Juan José Pazos.

Según una fuente de la investigación, el chofer brindó su testimonio frente al juez Pazos, su par de menores Jorge Zaldarriaga y el fiscal Norberto Picca. Allí sostuvo no haber visto arma alguna y aseguró no haber escuchado disparos en el interior del coche, una versión que dista de la de los menores que aseguraron que el policía Ojeda subió “a los tiros” al colectivo.

La misma fuente expresó que el colectivero aseguró que “los choferes viven paranoicos entre las 5 y las 7 de la mañana por temor a los grupitos que suben a los colectivos”.

En la causa hay cuatro imputados de robar el arma del policía y portarla. Sólo dos de ellos están presos y tienen 18 y 19 años. Estos jóvenes, que se negaron a declarar, no denunciaron apremios ilegales.

Por su parte del juez Carlos Carbone, en cuyo fuero la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia efectuó una presentación para que se investiguen los apremios denunciados por los menores en la seccional 11ª, giró la denuncia a Pazos. Este magistrado envió además un médico forense al Centro de Emergencias Rosario (CER) para evaluar el estado de salud del policía Ricardo Ojeda,que sigue internado, al fin de establecer si a los acusados de golpearlo le imputa lesiones graves o gravísimas.