DIRECTIVOS DEL ENRESS EN LA MIRA

“Por acción, omisión o ineptitud, los directivos que en su momento estamparon la firma para permitir la renegociación en el contrato con Aguas Provinciales deben renunciar. Y no deben participar de la próxima concesión”. Ariel Pérez, presidente del Consejo Consultivo del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), se refirió de esa forma a las responsabilidades que, según entiende, les cabe a tres directivos de ese organismo provincial. Además, opinó que “la Municipalidad de Rosario no está en condiciones de administrar el futuro servicio”.

El dirigente señaló a Ricardo Argenti, Jorge Hammerly y José Kerz como los tres funcionarios que deberían apartarse. “Ya sea porque no sabían lo que estaban firmando, o porque no les importaba hacerlo, lo cierto es que aceptaron la renegociación y firmaron las actas de acuerdo para avalar los incumplimientos, convalidando a Aguas como prestadora del servicio”, indicó. “Ahora que el fracaso de las prestaciones ha sido evidente, no sólo deberían renunciar a su cargo sino tener el decoro de no participar en negociaciones futuras”, agregó. Cabe aclarar que los tres directores mencionados son los referentes en el directorio del ente del ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, del actual ministro de Obras Públicas Alberto Hammerly y del actual gobernador.

Por otra parte sostuvo que “el intendente Lifschitz miente cuando habla de una posible municipalización del servicio”, sostuvo Pérez. “La Municipalidad puede administrar una empresa pero no puede encargarse de la parte crediticia, porque no puede conseguir créditos de la magnitud necesaria”, aseguró, y consideró que “hoy faltan entre 80 y 100 millones de pesos sólo para obras de infraestructura, que no incluyan ampliaciones”.

Pérez recalcó que “el agua es un derecho humano y no un bien mercantilizable” y en consecuencia “es un servicio que da pérdidas porque no puede ser negado a quien no puede pagarlo, el Estado debe garantizar que los ciudadanos dispongan de agua potable”.
“De aquí en más el problema no es quién administra el servicio, sino cómo se consigue el dinero para hacer las obras más urgentes”, continuó. “Nadie está pensando seriamente en los usuarios, salvo el gobierno. Porque si la próxima concesión fracasa, el costo no lo pagan ni las municipalidades, ni el Sindicato de Obras Sanitarias, ni el Enress, ni las ONGs. Lo pagan los usuarios y el gobierno provincial”, alertó. El Consejo Consultivo es un órgano oficial integrado por más de 23 instituciones –entre ellas la Asamblea por los Derechos Sociales y la Asambleal por el Derecho al Agua– que representa la defensa de los derechos de los consumidores en la órbita del Ente Regulador.