DISCRIMINACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO: DENUNCIAN QUE LOS MICROS NO ESTÁN ADAPTADOS

Tomar un colectivo o un micro para ir a estudiar, trabajar, visitar amigos, ir al médico, a pasear, es algo normal. Para los 2.176.123 de argentinos con algún tipo de discapacidad, en cambio, es una utopía, una incógnita o, con buena suerte, una tortura y una humillación.

Las leyes argentinas buscan equiparar oportunidades facilitándoles los traslados; pero pocos la cumplen, y menos aún las hacen cumplir. En consecuencia, cada vez son más quienes recurren a la Justicia y a las defensorías del pueblo. Aún así, en la Defensoría de la Nación señalan que “sólo el 14% posee certificado de discapacidad; el resto, desconoce cuáles son sus derechos”.

En 2002, la ley 25.635 estableció la gratuidad en todo el transporte público de pasajeros para el discapacitado y su acompañante, en caso de necesitarlo. Costaba hacerla cumplir en los ómnibus de larga distancia donde, dicho sea de paso, no hay ninguna unidad adaptada. Pero desde enero pasado se hizo más difícil aún, pues el decreto 118 del Ministerio de Planificación redujo la obligación de las empresas a una plaza para discapacitado y una para su acompañante por servicio. Conclusión: casi siempre les dicen que el cupo ya está cubierto.

El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, ya pidió a la Justicia la derogación de esta restricción, como también de las exigencias de la documentación a presentar, que agrega una burocracia innecesaria.

La negativa del pasaje no es lo único que sufren los discapacitados. Hay empresas que establecen un horario reducido y una ventanilla exclusiva —pero no accesible— para discapacitados. O exigen trámites innecesarios. O no garantizan el regreso. Y sigue la lista… “Actitudes de discriminación, violencia, desprecio —enuncia la defensora adjunta de la Ciudad, Graciela Muñiz—. El eje principal es el maltrato”.

Esto recrudece en fechas de mayor movimiento; la Defensoría instala un puesto en la estación de Retiro y logra hacerlos viajar. Allí hay dos oficinas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), donde reciben denuncias durante las 24 horas. “En el primer semestre de 2006 deberíamos haber labrado 5.000 actas. Hicimos 160, porque preferimos que el inspector actúe y el discapacitado pueda viajar”, sostiene Ricardo Vial, asesor de la intervención.

Vial niega que sea una extorsión. Pero sin acta no hay sanción para la empresa, que cuando acude el siguiente discapacitado, hace lo mismo. La CNRT afirma que, de poder castigar con una quita en el subsidio del gasoil, prevista en el decreto 118, las empresas cumplirían. Pero ya hay multas de 750 a 3.750 pesos, y la CNRT no dice cuántas cobró.

La semana pasada, una jueza tuvo que dictar una medida cautelar para que pudiera viajar una familia de discapacitados (ver Una carrera…). Para movilizarse dentro de la ciudad, en cambio, no hay denuncia que valga.

La CNRT afirma que en 2005, las empresas del área metropolitana entregaron 7 millones de boletos a discapacitados; pero no explica de dónde salió esa cifra, siendo que los choferes los dejan viajar, pero no les expenden boleto. Si en esa zona, sólo unas 94.800 personas tienen certificado de discapacidad, los 7 millones redondos suenan excesivos.

En el área metropolitana, en las 9.500 unidades de las líneas 1 a 199 —bajo control de la CNRT— habría un 20% con plataformas elevadoras (en el interior, casi no existen). En 1997, la Secretaría de Transporte estableció un cronograma de renovación que, de haberse cumplido, ofrecería hoy un 40% de colectivos adaptados. Pero ahora amplió su vida útil a 15 años y, si bien la CNRT impuso que todas las nuevas unidades cuenten con rampa, los plazos de renovación total son muy lejanos.

Por lo tanto, pueden pasar tres o cuatro horas antes de que llegue un colectivo adaptado, pese a que en la CNRT afirman que, de las 9.148 denuncias del primer semestre, sólo hubo 12 por no cumplir frecuencias. O quizá pase, pero no funcione el elevador.

“Pedimos al Gobierno una línea de créditos para adquirir las unidades necesarias —señala Daniel Millaci, de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros—. En cuanto a las rampas, los mecanismos se llenan de tierra, se empastan, y para limpiarlos, hay que desarmarlos. La mejor rampa es la manual, donde el chofer se baja para colocarla”.

No parece una buena solución, cuando ya ahora son minoría los choferes que arriman al cordón, sea quien sea el pasajero. Otras veces hay vehículos —mal— estacionados, a los que ningún policía ni inspector comunal se interesa en hacer la boleta.

“La CNRT tiene un registro de conductores denunciados, para que cuando renueven la licencia, el Departamento Psicofísico lo tenga en cuenta —informa Gustavo Munge, gerente de Control de Permisos—. La gente denuncia poco” (ver Dónde…). Será cuestión de hacer la prueba…