DISCUTEN FUERTES AUMENTOS EN EL GAS

Las medidas planeadas para atenuar la escasez energética generan, en estos días, una discusión entre el Gobierno y las empresas del sector en torno de incrementos tarifarios de gas que comenzarán a regir a partir del año próximo.

Las compañías reclaman un alza de precios cercana al 35 por ciento promedio en todo el país, pero las diferencias residen en quiénes serán los alcanzados esta vez.

Sí, como quiere el gobierno nacional, se vuelve a excluir del alza a los hogares, la industria y el comercio deberán absorber todo el aumento, que en ese caso alcanzaría a un 70 por ciento.

Las subas tarifarias deben aplicarse para financiar en parte las obras de ampliación de dos gasoductos, el del Norte y el San Martín II, que aún no han comenzado.

“Todavía no se habló de cómo se van a distribuir las subas, pero lo concreto es que no se van a tocar las tarifas domiciliarias”, afirmó a LA NACION un funcionario que tiene contacto diario con las empresas.

Si finalmente las industrias y los comercios deben asumir el mayor costo, con incrementos que llegarían hasta ese 70 por ciento, podrían generarse, según las petroleras, innumerables presentaciones ante la Justicia, que frenarían el repago de los fideicomisos.

Se trata, de todas maneras, de aumentos que sin duda tendrán un fuerte impacto.

“La magnitud del incremento habla de lo retrasadas que están las tarifas”, consideró un ejecutivo de unas de las compañías involucradas.

Hay, sin embargo, un camino intermedio que podría ser dejar fuera de la medida a todos aquellos usuarios cuyo consumo fuera inferior a 50 metros cúbicos por mes, y esto es lo que están conversando las principales empresas inversoras, como Repsol YPF y Petrobras, y el Gobierno.

El Norte y el Sur

Hasta ahora, de los dos proyectos, el que está más cerca de concretarse es la ampliación del gasoducto del Norte, que opera Transportadora de Gas del Norte (TGN) y atraviesa Salta, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe.

La mayor parte del desembolso, destinado a aumentar en 1,8 millones de metros cúbicos diarios la capacidad del ducto, será asumido por Repsol YPF.

El emprendimiento exige un incremento del 37 por ciento en la tarifa de transporte, que será luego extendida a las distribuidoras y, como consecuencia, a los usuarios. Esta obra fue tema de conversación durante el último encuentro en Nueva York entre el presidente Néstor Kirchner y el principal ejecutivo de Repsol YPF, el español Alfonso Cortina.

Crédito esquivo

La primera intención del Gobierno era hacer las obras mediante un fideicomiso al que aportaran las AFJP y los bancos, pero la nula adhesión que obtuvo la propuesta dio pie a una segunda posibilidad: que el monto fuera suministrado por la petrolera española, dueña del gas que circulará por el ducto.

Así, Repsol YPF aportará 100 millones de dólares; TGN, 11 millones, y el Banco Nacional de Desarrollo Social (Bndes), de Brasil, unos 40 millones.

La empresa española ya compró los tubos con que hará los trabajos que la mayoría de los involucrados prevé empezar en enero próximo. Esto le demandó unos 20 millones de dólares.

Sin embargo, el temor de Cortina es el siguiente: si el aumento de tarifas no alcanza a todos los usuarios de la Argentina, como pretende el Gobierno, no faltarán presentaciones judiciales desde la industria, sector que argumentará sentirse discriminado, y eso podría frenar el repago de las obras.

¿Cómo invertir sin alguna certeza de recupero?

La salida que propone la compañía es una ley que determine qué usuarios quedarán excluidos.

Esto, según ejecutivos de otras empresas del sector, es muy difícil de cumplir porque hay poco tiempo: las obras deberían empezar en enero próximo para que el gasoducto estuviera terminado en agosto de 2005.

“Repsol se va a tener que conformar con un decreto de necesidad y urgencia”, aventuraron en el sector.

Proyecto brasileño

El otro proyecto, más demorado, es el de la ampliación del San Martín II, que atraviesa la Patagonia de Sur a Norte y que opera la firma Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Significará, según el Gobierno, un alza tarifaria de transporte del 45 por ciento.

El principal aporte será hecho por la estatal brasileña Petrobras, accionista de TGS.

La obra necesita créditos del Bndes, pero esos desembolsos, a su vez, requieren garantías que debe firmar en los próximos días el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Del desenlace que tengan estas asperezas dependerá, en buena medida, el mercado energético del país de los próximos años. Se trata de obras que el Gobierno considera esenciales para sortear, al igual que este año, la crisis energética.

Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION

Salida a Bolsa de Enarsa

El director de Enarsa, Luis Corsiglia, declaró ayer a Radio Colonia que el objetivo de la nueva petrolera estatal radica en que “la mayor cantidad de argentinos” tenga acciones de la empresa, una vez que se lance la oferta pública en la Bolsa porteña. No obstante, aclaró que “para cotizar en Bolsa se necesita una empresa en marcha y tener un balance para presentar”. Tras la sanción de la ley que creó Enarsa, esta semana, el ministro de Planificación, Julio De Vido, viajó a Caracas para reunirse con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y conversar sobre cómo concretar la alianza con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).