Disertaciones sobre el concurso para autoridades de fiscalía y defensa penal

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, junto a funcionarios de la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales, comenzó hoy en Rosario una serie de reuniones informativas sobre el llamado a concurso para seleccionar las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal, en el marco de la reforma del sistema procesal penal.

Las charlas informativas con la prensa y con los operadores del sistema, se proponen como un espacio abierto a las consultas sobre las figuras y roles del nuevo sistema.

El recorrido continuará en las cinco regiones de la provincia: mañana se llevará a cabo a las 17 en la biblioteca del Colegio de Abogados de Rafaela (Alvear 425), el viernes 23, a las 17, en el centro cívico de la Región 5 – Nodo Venado Tuerto (9 de julio 1785) y el lunes 26, a las 16, en el salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe (3 de Febrero 2649). Finalmente, el miércoles 28, Superti junto a los funcionarios de la secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales cerrarán el recorrido en la ciudad de Reconquista. Allí la reunión tendrá lugar a las 17, en el Centro Cívico de la Región 1 – Nodo Reconquista, ubicado en bulevar Irigoyen 1450.

NUEVAS INSTITUCIONES

El ministro Superti explicó hoy, durante su disertación en la sede de la gobernación en Rosario, que “para poner en marcha plenamente el nuevo sistema procesal penal necesitamos organizar dos instituciones nuevas: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de la Defensa. Estas dos instituciones tienen un cuerpo directivo integrado por el fiscal general y los fiscales regionales, el defensor provincial y los defensores regionales, para cuyos cargos se ha llamado a concurso”, especificó.

“El procedimiento es muy transparente y complejo”, continuó el ministro. “Primero habrá un concurso público con un jurado, en el cual no participa el poder Ejecutivo. De ahí va a surgir una terna obligatoria para el gobernador, que tendrá que elegir al candidato necesariamente de esa terna, y luego mandar su pliego a la Asamblea Legislativa para el acuerdo, en la cual hoy el oficialismo no tiene mayoría. Quiere decir que el proceso responde a la búsqueda de transparencia y de excelencia de los encargados de poner en marcha estas instituciones”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos indicó luego que “todo este proceso de transformación implica una gran apertura a la sociedad. Fundamentalmente la diferencia con el sistema viejo es la participación ciudadana, la coherencia y la racionalidad en la persecución penal. A partir de que se pongan en marcha las nuevas instituciones, sus responsables tendrán a su cargo diseñar políticas para la persecución penal y para la defensa. Y esto se va a hacer ante la mirada de la comunidad, a tal punto que se han creado consejos tanto en la Fiscalía como en la Defensa, donde participan ONGs y municipios, entre otros, y ante ellos van a tener que rendir cuentas periódicamente de cómo se están llevando adelante estas medidas”.

Superti también mencionó que “los concursos tendrán una prueba de oposición pública y con participación ciudadana: cada candidato presentará al momento de la inscripción su plan de trabajo por escrito, como si fuera una plataforma de cómo haría las cosas de acuerdo a lo que dice la ley. En el momento de la audiencia pública tiene que defenderlo y contestar preguntas no sólo del tribunal sino también de la gente, por lo tanto todos ya comenzamos a participar de la construcción de un instituto que apunte a que la respuesta del Estado frente al delito sea la más efectiva y la más racional”.

Para finalizar, dijo que “estamos abriendo el sistema de justicia penal a la comunidad en un ida y vuelta. De ida en cuanto a lo que van a hacer los órganos, y de vuelta, en cuanto a que la comunidad plantee sus inquietudes”.

SOBRE LOS CONCURSOS

Los cargos a cubrir son 12, según el decreto Nº 346/10. Para el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal general y cinco fiscales regionales (uno por cada circunscripción en las que está dividida la provincia); y para el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, el defensor provincial y los cinco defensores regionales.

El 26 de julio comienza la inscripción a los concursos. Las solicitudes de inscripción y los antecedentes se recibirán oportunamente en las sedes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En Santa Fe, en el segundo piso de Casa de Gobierno, 3 de Febrero 2649, de 10 a 14. En Rosario, en la planta baja de la delegación del gobierno provincial, Santa Fe 1950, de 7:30 a 13.

Pueden realizarse consultas al teléfono (0342) 457-3038/39 o por correo electrónico a [email protected] Más información, como requisitos y conformación de los tribunales evaluadores, en www.santafe.gov.ar

SOBRE LAS NUEVAS INSTITUCIONES

El Ministerio Público de la Acusación será ejercido por el fiscal general y los demás órganos contemplados en su ley orgánica. La misión que tiene a cargo es la de ejercer la persecución penal pública: promoverá y ejercerá la acción penal, dirigiendo al Organismo de Investigación y a la Policía en función judicial, siendo responsable de la iniciativa probatoria para demostrar la verosimilitud de la imputación delictiva.

El fiscal general es el responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. Tiene como funciones y atribuciones el determinar la política de la institución, fijar los criterios para el ejercicio de la persecución penal e impartir las instrucciones de carácter general que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio.

Además, organiza la estructura administrativa de las distintas unidades fiscales y de los órganos de apoyo que no pertenezcan a la órbita exclusiva de una Fiscalía Regional, de acuerdo con las necesidades del servicio y las posibilidades presupuestarias.

Los fiscales regionales son cinco, uno por cada circunscripción judicial. Cada fiscal regional será el jefe del Ministerio Público de la Acusación en la división territorial para la que fue designado, y el responsable de su buen funcionamiento. Deben dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales y órganos de apoyo y auxiliares que de ellos dependan, a efectos del mejor desenvolvimiento de la función, evitando el uso de prácticas burocráticas. Además, impartirán instrucciones generales y particulares a los fiscales y fiscales adjuntos, para una persecución penal más eficaz. Por otra parte, fijarán los criterios de asignación y distribución de los casos en los que deba intervenir el Ministerio Público de la Acusación, promoviendo prácticas flexibles y la conformación de equipos de trabajo.

En tanto el Servicio Público Provincial de Defensa Penal proporciona servicios de defensa penal técnica a toda persona sometida a un proceso penal y a las personas condenadas hasta la extinción de la pena. Actuará siempr
e que la persona sometida a un proceso penal se niegue o no pueda designar un defensor de su confianza o que no haya optado por ejercer su propia defensa, en los casos y bajo las circunstancias en que la ley así lo dispone.

El Defensor Provincial dirige y representa al Servicio Público Provincial de Defensa Penal y es responsable de su organización y buen funcionamiento, en tanto habrá cinco defensores regionales, uno por cada circunscripción judicial. Cada defensor regional es la máxima autoridad institucional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal en su circunscripción y responsable de su buen funcionamiento.