DIVISIÓN ENTRE LOS PERONISTAS POR LA IMPUTABILIDAD A MENORES

En las afueras del bloque justicialista de Diputados varios peronistas conforman una línea de acción de apoyo sin obediencia ciega al presidente Néstor Kirchner, destacan ellos mismos.

Progresistas y defensores de los derechos humanos, deberán tomar partido en la elaboración del paquete de seguridad en el cual sobresale con su carga de culpa colectiva la baja de la edad de la imputabilidad a los 14 años.

Miguel Bonasso, al frente de un interbloque de siete miembros (Convergencia) y Juliana Marino, con otro equivalente de cuatro (Encuentro) acaban de estrenar sus bancas, a las que llegaron con apoyos especiales: él, Kirchner; ella, Aníbal Ibarra, jefe del Gobierno de la ciudad. En esa vecindad de visiones se halla también Nilda Garré, la ortodoxa diputada oficialista de 1973 y hoy heredera de lo que quedó del Frepaso (de un bloque de cuatro).

Hay más peronistas sueltos como Claudio Lozano (que llegó con Marino en la misma lista en la que quedó en la puerta sin ingresar Eduardo Jozami), y Patricia Walsh, que ya estaba en la Cámara por Izquierda Unida.

No están lejos unos de otros.

Ellos, más los 11 aristas que preside Eduardo Macalusse, los 5 socialistas que dirige Jorge Rivas y los 3 de Luis Zamora (Autodeterminación) conforman un barrio diferenciado de los 130 justicialistas, los 46 radicales, los 15 saaístas y los 20 provinciales. Pero todos deberán definir de qué modo se castiga a los menores que delinquen, un tema en el que Diputados invirtió largas horas de debate hasta la vana sanción de sendos proyectos en dos períodos diferentes destinados a consagrar un régimen integral de protección de los derechos del niño y del adolescente. Un proyecto activado por Chiche Duhalde apenas llegó a la Cámara en 1997 y concebido para contrarrestar la fábrica de delincuentes que es el abandono y la marginalidad social (ver pág. 25). El Senado se ocupó de enterrarlos en el olvido.

El primero de esos proyectos fue aprobado el 9 de diciembre de 1998 y contemplaba un capítulo de castigos, únicamente entre los 16 y 18 años. La máxima pena era de 10 años.

En el largo informe del miércoles en comisión del ministro Gustavo Beliz, la diputada duhaldista Silvia Martínez, titular de la Comisión de Familia de la Cámara, defendió la frustrada ley y, a propósito de la que está en ciernes, volvió a manifestar su franca oposición a bajar la edad de castigo a los 14 años.

Antes, la diputada Laura Mussa (ARI) había fundamentado un proyecto elaborado en la bancada radical, que integraba hace seis años con el entonces diputado José Cafferata Nores. Se trata de un régimen penal especial, que sí llega a los 14 años y que en caso de delitos aberrantes encierra al chico, pero no en los actuales institutos.

“Estamos trabajando con los mismos asesores”, acotó Beliz dando clara pauta de cómo será el proyecto del PEN que se aproxima. Si bien Mussa le respondió que no era así, su aporte aparece como una inesperada atención al Gobierno por parte del partido de “Lilita” Carrió.

Como para ilustrar la magnitud de un cuadro que estremece, el diputado radical Pascual Cappeleri contó en la reunión que sólo en Lomas de Zamora había 100 niños alojados en comisarías y que en una de Banfield 12 chicos compartían una pequeña celda con cinco colchones.

¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo evitar su proliferación? ¿Cómo neutralizar la “ideología del encierro”? Para contribuir a la gestación de la política de Estado de la que todos hablan, muchos diputados, como Bonasso —que prepara la derogación de la ley de patronato—, prometen comenzar a responder esta misma semana.