DOCE DEMANDAS CIVILES RESPONSABILIZAN AL ESTADO POR UNA TRAGEDIA CARCELARIA

En la reciente condena a un sobreviviente de las llamas que consumieron la vida de 13 presos en la comisaría 25ª se delimita un gran ausente. Cinco años después de la tragedia, ninguna sanción le fue impuesta al Estado santafesino por la muerte de personas que estaban a su cuidado. Ahora que la actuación penal está a punto de cerrarse, doce reclamos civiles por daños y perjuicios presentados por los familiares de los muertos intentan demostrar la incumbencia del gobierno en el desastre. Esas demandas plantean que los presos estaban en un lugar inadecuado y en condiciones de hacinamiento; que la guardia no abrió a tiempo la puerta del penal ni llamó a los bomberos porque priorizó prevenir una fuga antes que salvar vidas. Todo esto, según los fundamentos de estas presentaciones, hace a la administración provincial directamente responsable de las muertes.

Las demandas persiguen por la vía civil una reparación que la investigación penal no otorgó. Se apilan en un voluminoso expediente en el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº6 de Rosario, integrado por los jueces Margarita Proske, Alicia Báez y Luis Perelló. Fueron radicadas hace más de tres años por los parientes de diez presos fallecidos en el incendio y por uno de los sobrevivientes, a raíz de las lesiones que le dejó el fuego.

Esos reclamos buscan una compensación por el daño material o moral que les provocó, a quienes los presentan, la pérdida de sus hijos o esposos. Las sumas reclamadas oscilan entre los 30 mil y los 440 mil pesos y redondean el monto total en los 3 millones de pesos.

El incendio de la seccional de Pueblo Nuevo fue uno de los más claros emergentes de la crisis carcelaria provincial. Pese al desastre, la situación permanece hoy igual que entonces. Con más de mil personas hacinadas, contra lo que prescribe la ley, en penales policiales de Rosario y ciudades vecinas.

El comienzo
El penal de la comisaría 25ª comenzó a arder alrededor de las 16.30 del 15 de noviembre de 2000. Al frustrarse un intento de fuga, los presos del penal mayor volvieron a recluirse en sus celdas. Los testimonios de los detenidos dan cuenta de una represión con balas de goma que los llevó a apilar colchones y prenderles fuego. Había entonces 26 detenidos en ese sector de la comisaría. La mitad de ellos murió calcinada o por la acción del denso humo tóxico que invadió el lugar.

La investigación penal dejó fuera de sospecha la acción de la guardia. Pese a las dudas que se presentaban en cuanto a si llamaron a tiempo a los bomberos, los cuatro policías fueron sobreseídos. El peso de la ley cayó sobre uno de los presos: José Luis García, de 24 años, condenado la semana pasada a 11 años de prisión por el incendio. Sumado ese castigo a una condena anterior, lo esperan dos décadas de encierro si el fallo es confirmado por la Cámara Penal.

Miguel Angel Espíndola, José María Rolón, Arnaldo Ojeda, Hugo Daniel González, Jorge Capiaqui, Juan Alfredo Odi, Mario Miño, Daniel Oscar Alvarez, Jorge Daniel Carbone y Gustavo Javier Monzón son diez de los 13 presos que murieron en la 25ª. Los familiares de estos jóvenes son quienes demandaron al Estado provincial como una entidad directamente responsable de sus muertes.

Esto se deduce de distintos preceptos legales (como los artículos 9 y 18 de la Constitución Nacional) que establecen la detención como un mecanismo de reintegración a la sociedad, le otorgan al Estado la obligación de velar por la salud de los detenidos y proscriben todo tipo de castigo físico. A los planteos de los familiares se suma el de Daniel Grande, el único sobreviviente que requirió una reparación.

Irregularidades
Las demandas, muchas de ellas patrocinadas por el abogado Oscar Fernández Ardiles, señalan que en la comisaría 25ª la provincia no sólo omitió el deber de cuidado sino que incurrió en serias irregularidades que contribuyeron al fatal desenlace.

u El lugar. Los planteos señalan que el estallido ocurrió en un espacio hacinado y que no debía albergar personas en forma permanente. Los presos eran vigilados y asistidos por personal no especializado y no se hacía un control exhaustivo del lugar de detención. El penal, donde residían entonces 33 personas, tenía capacidad para 12. En el sector donde ardieron los colchones cabían 7 personas pero vivían 26.

u Las negligencias. Los familiares sostienen que si la guardia hubiera abierto a tiempo la puerta del penal mayor, los detenidos no se habrían quemado. Aunque al desatarse el fuego ya se había cancelado el riesgo de evasión, la primera medida del oficial a cargo fue pedir refuerzos. Pero, según dijo, no se le ocurrió abrir la puerta en el acto.

u Los bomberos. La oficial de guardia que hizo los llamados telefónicos al iniciarse el fuego sostuvo que se comunicó en primer término con sus superiores, luego con el Comando de Villa Gobernador Gálvez, en tercer lugar con la comisaría 26ª y, por último, con los bomberos. Sin embargo, del listado de llamadas de la seccional surgió que entre las 15 y las 18 ninguna fue a los bomberos. Los Zapadores de Rosario fueron convocados por un empleado del Comando. A los Voluntarios de Gálvez los citaron desde la 26ª. Así, la primera autobomba llegó incluso más tarde que las cámaras de canal 5.

u La represión. “El incendio no fue para tapar una fuga sino para evitar una represión innecesaria”, insisten los familiares. Lo aseveran en base a los disparos antitumulto calibre 12.70 que regaron el penal esa tarde. El interno Grande recibió impactos en el cuerpo, se detectaron marcas en las paredes a un metro de altura y se recolectaron, según consta en la causa penal, unas 70 postas de goma.

Todos estos elementos llevan a los demandantes a asegurar que la actuación policial posterior al fuego agravó el resultado final. Las causas civiles serán resueltas por los jueces tras una audiencia oral que aún no tiene fecha. Si las demandas prosperan, el gobierno se vería obligado a saldar las pérdidas humanas con el dinero que escamoteó antes a obras para prevenir un desastre a todas luces previsible.

La muerte bajo las llamas de dos adolescentes de 16 años en la Dirección de Asuntos Juveniles de Santa Fe, durante la última Navidad, y el fallecimiento de dos internas como consecuencia de un incendio en la Alcaidía de Mujeres, ocurrido hace tres meses, revelan que los factores que hace cinco años desencadenaron la hoguera, lejos de disiparse, siguen latentes.