DOCUMENTO COMPLETO DE LA CTC SOBRE LO OCURRIDO CON LAS CAUSAS DEL DICIEMBRE TRÁGICO

Se inicia a partir de una denuncia presentada por la Comisión no gubernamental ante la fiscalía n.12 a cargo de la Dra. Elida Rivoira quien entiende que la misma debe ser investigada en el juzgado correccional Nº 2 del Dr. Alarcón quien el 3 de diciembre de 2002 exculpó cuatro jefes de la Unidad Regional II que estaban imputados por el mismo cargo: incumplimiento de los deberes de funcionario público y remitió copias de la causa a Reyes para que investigue a los funcionarios políticos.
Luego de 6 meses en los que el expediente se gira de un juzgado a otro por una cuestión de competencia. La corte resuelve remitirlo al juzgado instrucción 8 del juez Roberto Reyes.

PRÁCTICAS COMUNES.

Roberto reyes dictó la falta de mérito para Alvarez y Domínguez en una particular sentencia, al considerar que no existen pruebas para procesarlos o sobreseerlos en la investigación en la que están imputados por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El fiscal Nº 2, Ricardo Favaretto, se notificó de la resolución del magistrado y se declaró conforme, no apelará ante la Cámara Penal. En la mayoría de los casos la falta de mérito es el paso previo al sobreseimiento definitivo y el cierre del proceso.

Reyes limitó su investigación a indagar si la Policía de Rosario tenía balas de gomas suficientes para reprimir aunque dejaron siete muertos (con proyectiles de plomos) y decenas de heridos.

En Rosario Alarcón había sobreseído a los comisarios porque no podían cumplir una orden que no recibieron “ordenes precisas y particulares” de reprimir con balas de goma. Pero el juez Reyes por el contrario expresa que: “…jefes policiales de alta jerarquía como quienes fueron imputados: dos comisarios mayores, un comisario principal y un comisario, deben tener la suficiente preparación y entrenamiento como para no necesitar instrucciones especiales… de un médico como el entonces ministro de Gobierno, Domínguez o de un licenciado en Ciencias Políticas como el subsecretario de Seguridad Pública, Alvarez”, aseveró Reyes

Interpretaciones opuestas, de distintos jueces, sorpresivamente llegan a una conclusión común: exculpar a los ejecutores de los crímenes por que no recibieron órdenes precisas y particulares y exculpar a quienes debieron dar órdenes por que no necesitaron darlas de manera precisa.
Lo preocupante es que surge de la resolución de Reyes que en ningún momento indagó a Dominguez , ni a Alvarez sobre las órdenes impartidas a sus subordinados. Entonces no se entiende de donde surge su apreciación y posterior sentencia con respecto a las órdenes Ya que se limitó a interrogar al exministro y al ex subsecretario de seguridad sobre los pertrechos que tenía la policía.

Ante la la comisión investigadora el ex ministro de gobierno declara que se había roto la cadena de mando durante la represión en diciembre del 2001.

De las declaraciones de Turco y principalmente del ex ministro Domínguez, se desprende que: 1) El Gobernador manejaba información en forma directa con el Subsecretario de Seguridad sobre la situación en Rosario. 2) El Ministro de Gobierno dio al subsecretario de seguridad y jefes de policía órdenes directas que no fueron cumplidas. 3) No existía voluntad política para resolver en forma pacífica el conflicto, ya que por orden del Ministro de Gobierno su delegado en la ciudad deja de intervenir y mediar en los focos conflictivos. 4) El Gobernador durante esos días mantenía reuniones directamente con el Subsecretario de Seguridad Lic. Alvarez, sin la intervención del Ministro de gobierno. Estas declaraciones, que desnudan el conflicto de poderes al interior del gobierno santafesino durante la crisis institucional del 2001. De manera sorprendente el juez no tomó en cuenta las declaraciones del ex ministro para investigar las responsabilidades de los funcionarios.

El juez muestra idéntica vocación que sus colegas rosarinos en cuanto a eximir de culpa a los funcionarios que tenían en sus manos la vida y la seguridad de las siete personas que perdieron la vida a manos de sus subordinados. ( un médico, un licenciado en ciencias politicas y un corredor de autos)

NEGATIVA DEL GOBIERNO DE SANTA FE A SUMINISTRAR INFORMACIÓN

Desde la operación política por parte del oficialismo en la cámara de diputados para evitar la formación de la comisión investigadora parlamentaria, se han producido hechos que indican la oposición a que se avance en la investigación:

1-un informe pedido al entonces ministro de gobierno Esteban Borgonovo que tardó más de 6 meses en contestar con un escrito incompleto en el que estaban ausentes la rigurosidad y la precisión que debió tener un informe oficial.

2-El 28 de julio de 2003 solicitamos al ministro de gobierno Carlos Carranza copias de las actuaciones administrativas relacionadas con los fallecimientos de diciembre de 2001. Fundando nuestra petición en el principio republicano que garantiza la publicidad de los actos de gobierno y en el derecho a la información que tiene toda persona conforme lo establecen la constituciones provincial y nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. La fundamentación para negar la información es que no se acredita el carácter de la comisión.

3-Pero lo más grave es que responden que el pedido corresponde a las actuaciones prevencionales iniciadas por la policía y que están investigadas en sede judicial. Ignorando que las actuaciones que pedimos son las iniciadas por asuntos internos, que figuran en la petición con el número que se registra en el informe suministrado por el ministerio de gobierno a la cámara de diputados en mayo y junio de 2002. Por lo que inferimos que no se avanzado en la actuaciones administrativas de esa repartición.

4-Las solicitudes por escrito que fueron enviadas al gobernador Reutemann y al ministro de gobierno Carranza, ni siquiera fueron contestadas. Negando la obligación que tienen de informar sobre sus actos de gobierno que deben ser públicos siempre , pero ante hechos de la gravedad institucional de los que se produjeron en diciembre de 2001 se hace indispensable una explicación pública al menos del máximo responsable de la Provincia , el gobernador.

PATRONES DE IMPUNIDAD

Los numerosos testimonios aportados a esta Comisión, van configurando una reconstrucción de lo ocurrido, que se aleja cada vez más de aquella que surge de la investigación judicial. En esta reconstrucción ya es posible comenzar a identificar patrones y practicas comunes tanto en el reclamo de acciones colectivas como en la represión policial y en las maniobras desarrolladas para encubrir los delitos cometidos por la policía y por la estructura de mando institucional y política. A través de ésta vieja metodología, se crean las condiciones para impedir el esclarecimiento de los hechos, garantizando la impunidad de sus autores materiales e intelectuales y eludiendo las responsabilidades políticas

Desde la Comisión investigadora no gubernamental reafirmamos nuestro compromiso de seguir investigando para aportar al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables individuales e institucionales de los actos represivos de diciembre del 2001

SUPERVIVENCIA DE ESTRUCTURAS AUTORITARIAS

Por otra parte no podemos dejar de señalar que existe un hilo conductor en la actuación de las fuerzas represivas, poder judicial y autoridades políticas que se refleja en la indefensión de las víctimas de los crímenes de estado. La supervivencia de estructuras autoritarias tanto en las fuerzas de seguridad como en el poder judicial y político durante los gobiernos constitucionales permite que se consolide al impunidad ante la violencia institucional.

Los Patrones de comportamiento de las fuerzas represivas y su convalidación por el poder judicial reafirman la continuidad de las doctrinas de seguridad. Esas doctrinas tuvieron expresión en la doctrina de seguridad nacional durante la dictadura militar que permitió convalidar la noción de enemigo interno ratificando un diseño de guerra no formal para combatirlo. Resultado: miles de desaparecidos, muertos y presos. La masacre necesaria para imponer el proyecto de la dictadura.
Hoy la represión se centra en los jóvenes de los barrios más pobres y se sustenta en las expresiones de guerra al delito, combate a la delincuencia etc. Resultado: miles de muertos por gatillo fácil y de presos en condiciones infrahumanas. El control necesario para los que quedan excluidos.

La represión a los movimientos sociales con su saldo de muertos y procesados es la continuidad de esa doctrina de seguridad. Grupos especiales, grupos de tareas, alusión a una misma concepción de seguridad basada en el exterminio basado en una logística de inteligencia vigente sin interrupciones desde la dictadura. Esta continuidad refuerza la supervivencia de grupos que utilizan las amenazas y la intimidación a los testigos, cuando consideran amenazada su impunidad. Paradigma de esta situación, es la supervivencia de un personaje como Enrique Alvarez, subsecretario de seguridad durante el gobierno de Reutemann, al mando de la policía durante diciembre de 2001 con el saldo 9 de muertos y cientos de heridos entre la sociedad civil.

CONNIVENCIA

El poder judicial en una connivencia absoluta con prácticas represivas que atentan contra los derechos consagrados en la legislación nacional e internacional, ha dictado falta de mérito para Enrique Alvarez, que formó parte del aparato represivo de la dictadura y que luego de pasar por la secretaria de seguridad de la provincia, sigue en la planta permanente de la SIDE.

Este aparato represivo aún hoy sigue imponiendo sus códigos mafiosos, estos grupos pertenecientes a los servicios de inteligencia del ejercito , civiles o del aparato del estado en estos últimos años han realizado amenazas e intimidaciones, colocado bombas, llegando a asaltar los tribunales de Rosario; todas acciones tendientes a reforzar la impunidad conseguida.

Hoy ante la apertura de las causas de la represión durante la dictadura, sus querellantes y testigos deben soportar, ante la inacción del gobernador y la parálisis del juzgado Federal a cargo de Digerónimo una ofensiva destinada a amedrentar a familiares y testigos.