DOS CÁMARAS ORDENAN DEVOLVER EN DÓLARES DEPÓSITOS DEL CORRALITO

Diez días después de la sentencia de la Corte Suprema en favor de la pesificación de los depósitos bancarios, los demás jueces siguen desoyendo el criterio que la mayoría del máximo tribunal del país trató de imprimirle al tema. A los cuatro fallos de magistrados de primera instancia firmados esta semana, ayer se sumaron pronunciamientos similares de dos Cámaras de Apelaciones.

Uno corresponde a la Sala II del fuero en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, que declaró expresamente la inconstitucionalidad de la normativa que reprogramó y pesificó imposiciones en dólares. Lo mismo resolvió la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, en una decisión que tendrá consecuencias directas en los amparos presentados por veinte ahorristas.

Ambas decisiones se tomaron en casos de depósitos inferiores a los 70 mil dólares. Este monto remite a lo que uno de los ministros de la Corte, Eugenio Zaffaroni, consignó en su voto: que en estos casos debe “hacerse entrega del importe necesario para adquirir los dólares en el mercado libre de cambios a la fecha de la sentencia, como valor final y total”.

El fallo de la Corte —que pasará a la historia como el caso “Bustos”— trató sobre el depositante de un millón de dólares. En los votos que conformaron la mayoría, se declaró la constitucionalidad de toda la normativa de emergencia sin referencias a los montos.

Sólo Zaffaroni hizo esta distinción. Los jueces inferiores —que en su mayoría venían concediendo amparos desde el verano movidito de 2002— están utilizando los argumentos de este ministro, que votó solo, y no los de la mayoría. El primero fue, el martes último, el magistrado federal de Concepción del Uruguay, Alberto Casanova; le siguieron los rosarinos Sylvia Aramberi, el miércoles, y Pedro Alegre, el jueves.

Pero hasta ahora no se habían registrado fallos de Cámara. El de la Capital —adelantado por Clarín— llevó la firma de los camaristas Jorge Demarco, María Garzón de Conte Grand y María Elvira Herrera, los mismos que hace dos años fueron los primeros en declarar la inconstitucionalidad de la norma que buscó frenar de un plumazo las medidas cautelares (ley 25.587). El de La Plata, por Román Frondizi y Leopoldo Schiffrin y sin el voto de Sergio Dugo; estos jueces vienen de un gravísimo enfrentamiento por la tramitación de amparos sobre el corralito.

Mientras la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se adoptó en el marco de una acción de amparo contra el Banco Francés, la otra afectará a dos decenas de ahorristas de distintas entidades. Y ayer hubo un fallo más de primera instancia: en la Capital, la jueza Emilia García ordenó avanzar en un incidente de ejecución derivado de otro amparo por 50 mil dólares contra el Francés.

Todo esto complica un escenario que el Gobierno imaginaba más calmo después de la esperada resolución de la Corte en la causa “Bustos”. Y se produce justo cuando la Argentina acaba de hacer su oferta a los bonistas sobre los títulos en default.

Voceros judiciales consultados por Clarín especulan con que los pronunciamientos contra el voto mayoritario de la Corte Suprema seguirán lloviendo la semana próxima en los tribunales federales de todo el país. Algunos magistrados se seguirán basando en el argumento de Zaffaroni y su límite de los 70 mil dólares. Según datos del Banco Central, los plazos fijos inferiores a este monto eran a fines de 2001 el 97,5 por ciento del total, representando el 58,3 por ciento del capital depositado.

Otros jueces planean directamente desobedecer esta postura tanto como la de la mayoría de la Corte Suprema; seguirían declarando la inconstitucionalidad del famoso decreto 214 amparándose en que, a su criterio, la jurisprudencia no es obligatoria. Esto es discutido por los juristas. El propio Zaffaroni echó más leña al fuego: en declaraciones radiales advirtió que los tribunales inferiores no tienen por qué seguir lo que digan los tribunales superiores, como el que él integra.