DOS CAUSAS RESONANTES A PUNTO DE PASAR AL ARCHIVO

Dos legendarias causas tristemente célebres en la provincia de Santa Fe, IBM-Banco de Santa Fe y Fibraca, están a un paso de la prescripción, luego de que el Congreso nacional modificara en diciembre el régimen de prescripción.

La ley 25590 fue promulgada en enero y por eso después de la feria judicial la defensa de dos imputados planteó que ambos expedientes deben clausurarse. Se espera que en breve los jueces resuelvan: si hacen lugar a la presentación las investigaciones quedarán impunes.

La causa IBM-Banco de Santa Fe, iniciada hace casi once años, cuenta con cinco procesados por administración fraudulenta. Lo que se investiga son las presuntas irregularidades de una licitación que ganó IBM Argentina en 1991 para proveer equipamiento informático a la entidad crediticia, para esa época perteneciente al Estado provincial.

La denuncia planteaba tanto la instalación de equipos no necesarios para el funcionamiento del sistema bancario como el direccionamiento de la concesión. En tanto, el expediente por el presunto delito de cohecho entre representantes de Fibraca –ex concesionaria municipal de mantenimiento de los espacios verdes– y concejales rosarinos arrancó hace dos décadas. Actualmente tiene siete imputados en juicio, proceso que podría cerrarse habida cuenta de la última modificación al Código Penal.

La reforma

El Congreso de la Nación sancionó el 16 de diciembre una reforma al artículo 67º, que rige desde el 10 de enero y ya deparó una catarata de planteos por parte de abogados defensores en todo el país. La nueva redacción indica que la prescripción se interrumpe sólo por la comisión de otro delito, por el llamado a prestar declaración indagatoria, por la citación a juicio o por el dictado de condena.

Antes, las causas proseguían siempre que existieran las denominadas “secuelas de juicio”, es decir todo acto procesal a través del cual el Estado manifestara su intención de investigar al imputado. Por ejemplo, las conclusiones del fiscal (cuando valora la prueba y pide la pena) o el ofrecimiento de evidencia por parte del Ministerio Público. La ley 25990 elimina las secuelas de juicio, por lo que desde el decreto de comienzo del proceso –que tramitan los jueces de sentencia– y hasta el fallo definitivo corren los plazos para que los delitos prescriban.

Esta situación puso en jaque expedientes de larga data que se acumulan en los juzgados de todo el país y que generalmente refieren a delitos de guante blanco en los cuales hay cuestiones civiles de por medio, lo que demora el trámite, y ausencia de detenidos. Como se sabe, los magistrados priorizan los casos en los que hay personas privadas de libertad. Al plantear que la prescripción se interrumpe por la comisión de otro ilícito, la conclusión es lógica: el artículo reformado no beneficiará a los “clientes habituales” del sistema penal, acusados de delitos contra la propiedad y no excarcelables.

Repercusiones en Santa Fe

“Los abogados preguntan más por las causas viejas que por las nuevas”, se sinceró un empleado de Tribunales. Es que la reforma del Congreso nacional tiene desde los primeros días de febrero repercusiones en el foro rosarino. La semana pasada, el letrado José Luis Vásquez, que patrocina a un imputado del caso IBM-Banco de Santa Fe y a otro procesado en la causa Fibraca, planteó la prescripción de ambos sumarios. Aunque lo hace en nombre de sus clientes, si su reclamo es oído beneficiará a todos los acusados, quienes sin excepción se encuentran en libertad.

El titular del Juzgado de Sentencia Nº 6, Julio César García, y su colega de la tercera nominación, Luis Giraudo, deben decidir si hacen lugar al escrito. Al asumir en 2003, García se encontró con un expediente de quince cuerpos (de doscientas fojas cada uno), casi treinta biblioratos y varios tomos y anexos con documentación secuestrada y pericias técnicas sobre la administración fraudulenta al banco de Santa Fe. Todo ese material llegó al juzgado en febrero de 2000 y actualmente se está tramitando la etapa de prueba. Todavía faltan las conclusiones de la fiscalía, de las defensas, del actor civil (el propio banco) y, por supuesto, la sentencia.

El juez Giraudo, por su parte, tiene a su cargo desde el 5 de abril de 1989 el juicio por cohecho iniciado cinco años antes, que ya acumuló nueve cuerpos. Lo que se investiga es el supuesto pago de dádivas, con cheques, de directivos de Fibraca a funcionarios del Concejo Municipal. ¿El objetivo?: condicionar el voto de los ediles en el recinto para favorecer los intereses de la empresa de servicios públicos. En mayo pasado y en 1996 dos imputados fueron desvinculados por prescripción, como consecuencia de sendas resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones.

Ante la presentación del abogado Vásquez la semana pasada, ambos magistrados pidieron los antecedentes de los procesados al Registro Nacional de Reincidencias. Como los nuevos delitos interrumpen la prescripción, García y Giraudo tienen que asegurarse de que no haya otras causas en curso. Si los prontuarios están limpios la prescripción es un hecho. Con una excepción: los jueces pueden interpretar que la nueva redacción del artículo 67º se refiere al Código Procesal de la Nación. Y que éste no es igual al código santafesino.

Según estimaciones tribunalicias, los antecedentes del Registro de Reincidencias podrían demorar unos quince días. Es que por el momento la oficina nacional está colapsada: hay cientos de pedidos provenientes de todo el país.

Un escándalo con sospecha de coimas

La causa Fibraca, que ya cumplió veinte años, se transformó en un verdadero escándalo político cuando la recientemente recuperada democracia ensayaba sus primeros pasos. El juez de instrucción Carlos Triglia fue quien dictó los procesamientos en varios hechos. Durante la etapa investigativa, que se desarrolló tanto en Rosario como en Buenos Aires, desfilaron peritos, testigos y sospechosos por doquier. La fiscal era entonces Susana de Pigliacampo, aunque actualmente interviene Liliana Di Taranto y en segunda instancia Danilo Imhoff.

En 1996 y 2004 se produjeron desvinculaciones de dos imputados por prescripción, aunque ésta no se emparienta en nada con la reciente reforma sino que se basó en nulidades observadas por la sala II de la Cámara Penal. Actualmente quedan siete imputados. Según fuentes judiciales, se trata de dos ex concejales, el hijo de uno de ellos, y cuatro representantes de la empresa Fibraca Constructora SCA. El expediente entró en etapa de sentencia, por lo que es inminente la condena o la absolución para los procesados de cohecho activo y pasivo.

A mediados del año pasado, voceros del juzgado de Luis Giraudo aseguraron que en unos meses la causa estaría terminada. Pero antes de que eso sucediera el Congreso nacional aprobó una de las tantas reformas de los últimos tiempos en materia de legislación penal.
El abogado José Luis Vásquez, que patrocina junto con su colega Walter Cattáneo a quien fuera el responsable de Fibraca en Rosario, pidió la prescripción.

Perjuicio contra el Estado y una muerte dudosa

La denuncia de la comisión gremial interna del Banco Provincial de Santa Fe fue la primera de la catarata de presentaciones que sobrevendría después contra IBM Argentina SA en distintas provincias. Precedió incluso al ventilado escándalo político del Banco Nación en relación con la misma empresa proveedora.

En julio de 1996 el juez Carlos Carbone procesó a dieciocho personas pero una de ellos –Marcelo Cattáneo– apareció muerta el 4 de octubre de 1998. El cuerpo del representante de la firma Consad, subcontratada por IBM para la provisión de software y tareas de programación, apareció colgado en un descampado cerca de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires y aún no queda claro si se quitó la vida o lo mataron.

De la investigación de Carbone surgió que la licitación que le permitió a IBM vender equipos para 49 sucursales del banco por 28.765.000 pesos estuvo “viciado de errores de procedimiento”. Por ello procesó a cinco ex funcionarios de IBM como presuntos partícipes necesarios de la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (el banco recién se privatizó en 1998) y como caoautores a seis ex directivos de la entidad. La lista se completaba con ejecutivos que entregaron equipamiento informático y con los socios de la consultora Harteneck López, que participó en el armado de los pliegos.

Sin embargo, la resolución fue apelada por todos los imputados.
En febrero de 1998 la sala I de la Cámara Penal revocó la mayoría de los procesamientos, por lo que fueron enviadas a juicio cinco personas.
La prescripción fue solicitada por José Luis Vásquez y Héctor Superti.