Dos condenados por vender drogas en la ciudad

Uno fue sentenciado a 4 años por vender en un kiosco de la zona norte y el otro –dueño del local– a 5 años. Los jueces consideraron que no debía aplicarse igual pena, entre otros motivos, por la falta de antecedentes en un caso. La pesquisa la llevó adelante personal de Gendarmería. Por Héctor Galiano

 
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó este miércoles a Rubén Orlando Orellano a la pena de cuatro años de prisión efectiva y a Alberto Ramón Cepeda a cinco años de cárcel. Si bien los dos trabajaban en tándem, los jueces y la Fiscalía consideraron que la pena al primero de ellos debía ser menor puesto que no tenía antecedentes penales y porque su condición social vulnerable puso haberlo empujado a incorporarse al mundo del delito. Los magistrados José Escobar Cello. Luciano Homero Lauría e Ivón Vella encontraron a ambos varones como responsables de la venta de cocaína y marihuana.

El hecho por el cual se juzgó a Orellano y Cepeda tiene su origen en tareas investigativas que desarrolló personal de Gendarmería en 2012 y que tuvo su desenlace operativo el miércoles 10 de octubre del 2012 cuando allanaron una casa ubicada en General Paz al 8.100, donde funcionaba un almacén que, en realidad, basaba su ganancia en la venta de drogas. Ese día de secuestraron más de 200 gramos de cocaína, fraccionados. También había elementos de fraccionamiento y una balanza de precisión. El lugar era atendido por Orellano, que quedó detenido. Ese mismo día, y casi en simultáneo se allanó una finca de calle Dorrego al 8.100, sonde habitaba Alberto Cepeda, el otro de los condenado. Si bien no estaba en el lugar, sí se encontraba su esposa, titular del comercio donde Orellano vendía la droga.
La despensa narco llamaba la atención de los vecinos por las personas que la visitaban y, de forma “exprés” salía con un simple “pasamanos”. También resultaba irrisorio el precio con el que promocionaba la venta de pollo, muy por debajo de los costos en otros lugares y con la salvedad que, quienes querían comprar, se encontraban con que siempre faltaba el producto. Más de una vez, el propio Cepeda fue visto por personal de Gendarmería vendiendo drogas y así quedó involucrado en la causa. “Como se advierte, la relación posesoria exigida por el tipo penal seleccionado surge a partir de que los imputados tenían, en su condición de dueño y responsable del local comercial, respectivamente, la libre y exclusiva disposición del material estupefaciente incautado”, señaló en su alegato el Fiscal General ante el TOF, Martín Suárez Faisal.

Cepeda intentó despegarse de la actividad ilícita argumentando que desconocía lo que pasaba en el local, dando a entender que Orellano vendía por cuenta propia.

“En el caso de Orellano –dijo el Fiscal Suárez Faisal – computo como atenuante la falta de antecedentes penales condenatorios al momento de los hechos, sus condiciones personales, sus necesidades a la hora de ganar el sustento, que lo llevaron a aceptar el empleo ilícito que le había propuesto Cepeda, y en general, su situación educativa, que lo ubican a mi criterio como una persona de bajas oportunidades de progreso social y justifican entonces que mensure la pena privativa de la libertad que considero adecuada en el mínimo legal”.

Cepeda, en cambio, no sólo era el dueño del local, sino que tenía dos condenas anteriores. Una de 2001, cuando la justicia federal lo condenó a 3 años de prisión efectiva por haber utilizado un documento de identidad falso, que usó pata huir de la justicia local, que estaba tras sus pasos por una causa de homicidio calificado, por el que luego fue condenado a 11 años de prisión.