DOS INUNDADOS DENUNCIARON PERSECUCIÓN DE LA JUSTICIA SANTAFESINA

La Asamblea Permanente de Afectados por la Inundación de abril y mayo de 2.003 brindó ayer por la mañana una conferencia de prensa en la Casa de los Derechos Humanos en la ciudad de Santa Fe.

El motivo principal fue denunciar una campaña de persecución judicial y política contra afectados por la inundación. La denuncia refiere a la situación de dos inundados que fueron indagados la semana pasada por la Justicia de Faltas, con motivo de una movilización pacífica hacia el Palacio de Tribunales el pasado 15 de abril.

En ese sentido, la abogada de Héctor San Agustín y Graciela García, Lucila Puyol, brindó algunos detalles de los sucesos del 15 de abril, y confirmó que se trata de una persecusión.

LA HISTORIA

Dos personas afectadas por la inundación del año 2003 prestaron declaración el jueves ante el Juez de Faltas, Héctor Valli, imputado por “incumplimiento de las normas legales”, debido a una protesta pacífica que realizaron en abril de este año en los Tribunales santafesinos.

El 15 de abril de este año, ocho personas fueron hasta el Palacio de Tribunales, con la intención de entrevistarse con el Juez Diego de la Torre, quien lleva adelante la Causa Inundaciones. Al negársele la audiencia, los inundados se marcharon del despacho, descendieron al subsuelo y leyeron un documento, reclamando Justicia. Casi tres meses después, el 6 de julio de este año, el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Bordas, le envió una carta al Juez de Faltas, Héctor Valli, solicitándole que “tenga presente un informe de la Guardia Policial, donde narraba los hechos ocurrido el 15 de abril”.

El 29 de julio, el Dr. Valli envió una nota a la División Informaciones de la Policía de la Provincia, a quien le pidió que informe y confirme los datos filiatorios de las personas que habían concurrido ese 15 de abril a Tribunales. Además, Valli, le giró la misma nota al Ente de la Reconstrucción, donde se le solicita a Juan Carlos Forconi que se informe sobre los subsidios que estas personas habían percibido.

El 12 de agosto pasado, el Departamento de Información le contestó la nota a Valli con la información requerida, y le adjunta un petitorio de la Marcha de las Antorchas. Según los servicios de inteligencia, este petitorio era del 29 de abril, sin embargo estaba firmado el 29 de julio. Otra irregularidad detectada en el expediente fue que uno de los inundados imputados, Héctor San Agustín, fue contemplado en la causa como Héctor San Martín.

Finalmente, el jueves, el Juez Valli indagó a dos inundados, entre ellos San Agustín, por el incumplimiento del Art. 57 del Código de Faltas “…incumplimiento de las normas legales y de seguridad en edificios públicos”. Cabe mencionar que no hay denuncias por disturbios, ni por daños, ni por resistencia a la autoridad.

La abogada defensora de estos dos afectados, Lucila Puyol, aseguró que esto “es una causa política” y denunció “persecución”. “Tribunales tiene muchas causas pendientes, y sorprende que pongan tanta maquinaria judicial por este hecho”, añadió.

Comentó en “De Radio Somos” (LT 10) que sus defendidos “leyeron el escrito en la puerta del Juzgado y se retiraron. La misma acta policial dice que se retiraron. Fueron al Hall y luego al subsuelo, y en ningún momento fueron advertidos para que se retiren o que no podían circular. Fue para la fecha donde se solicitaba que no prescriban las causas”.

“Es una persecución. No veo el sentido de pedir datos filiatorios de una persona al Ente de la Reconstrucción. Lo normal es que se haga a la Secretaria Electoral o la División de Información, para ver si tiene antecedentes. Querrá decir el Juez que si cobraron subsidios no puedan ir a reclamar. No se entiende por qué pedirle al Ente si estas personas cobraron un subsidio. No es esto lo que se está investigando”.

Finalmente, Puyol dijo que el Art. 57 del Código de Faltas prevé como pena arresto de 15 días, o el pago de una multa de 600 pesos a cada uno.

Uno de los datos llamativos es que las indagatorias a los dos inundados fueron tomadas el mismo día de la presentación de listas del PJ. “Es muy grave la connivencia que tiene el poder judicial, o por lo menos de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Puyol.

Sobre el conocimiento que tomó la ciudadanía santafesina del resultado de las pericias sobre la inundación de abril mayo de 2003, la asesora legal de los inundados, no quiso adelantar apreciaciones, pero si dijo que espera que “esta sea la última prueba que se necesita”.

UNA VOZ PROTAGONISTA

Por su parte Graciela García dijo que “cada uno de los santafesinos no debería desviar la atención de aquello que creemos como verdad, este es el tema que a nosotros nos tiene que ocupar hoy”

En cuanto al hecho que los inundados denuncian como persecución política, “es un intento mas para que volvamos a nuestras casas y nos callemos, pero para volver a nuestras casas vamos a tardar tanto tiempo como en la vuelta a casa después de la inundación”.

“Un derecho que tenemos se convierte en una falta, tenemos que salir y estar firmes en la plaza”, reflexionó la damnificada por la inundación. “Cada uno de los que asista es un acto en sí mismo, si somos cincuenta, somos cincuenta actos, si somos mil, somos mil actos, lo que pasa es que la verdad está tapada y hasta que la verdad no se sepa, no nos vamos a mover, todos los santafesinos deberíamos tener este examen de conciencia”.