DOS JUECES, EN LA MIRA DE LOS PSICÓLOGOS

Un juez reprobó los exámenes psicotécnicos para ejercer su cargo. Otro, que decide todos los días sobre la libertad de personas, tampoco alcanzó tampoco los estándares mínimos requeridos. Ninguno puede ser removido.

Las inaptitudes de estos jueces fueron comprobadas por los peritos psicológicos del Consejo de la Magistratura cuando éstos concursaban para integrar otros tribunales, para lo que debieron rendir pruebas psicológicas y psicotécnicas. Aunque reprobaron esos exámenes, no pueden ser destituidos: en el Consejo de la Magistratura afirman que la ley no prevé que ésa sea una razón para apartarlos de su cargo.

“Estamos muy preocupados”, admitieron a LA NACION varios miembros de ese cuerpo. El Consejo trató el tema en el plenario del jueves último, pero no llegó a ninguna solución. Así, los dos jueces “no aptos” seguirán, al menos por el momento, en sus puestos.

Las causales para destituir a los magistrados están taxativamente previstas y dar “no apto” en un examen psicológico no es una de ellas, advierten desde el Consejo de la Magistratura. Pero este criterio no es pacíficamente aceptado por la doctrina. Consultados por LA NACION, los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra consideraron que en estos casos corresponde iniciar un juicio político.

“El examen en sí mismo es suficiente; es una pericia objetiva de donde surge que una persona está incapacitada para ser juez por problemas mentales”, opinó Sabsay. “Se trata de una causal típica de juicio político.”

Idoneidad, el requisito

En el mismo sentido, Gil Lavedra añadió: “Para el ejercicio de cualquier función pública hay un requisito general que es la idoneidad y no reunir las exigencias psicofísicas la descarta. En casos así, procede el juicio político, que no significa necesariamente que se vaya a remover al acusado”.

Pero en la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo, la opinión mayoritaria es otra. “No podemos sacar a un juez por un examen psicológico”, dijo el consejero Juan Carlos Gemignani. “Apelo a los principios generales del derecho”, indicó, y explicó que “a quien desde hace tiempo es juez no se le puede aplicar retroactivamente una norma”, en referencia a la carga extra que significaría tener que pasar este examen para seguir siendo juez.

Coincidió con él su par Humberto Quiroga Lavié. “Si no tiene denuncias no vamos a hacer ninguna investigación. No, hasta que se manifieste el vicio que mostró el examen”, dijo.

Este criterio fue apoyado por los constitucionalistas Jorge Vanossi y Gregorio Badeni. Este último afirmó que para abrir un juicio político tiene que haber un mal desempeño “real y no potencial”, mientras que Vanossi subrayó la imposibilidad de aplicar requisitos con carácter retroactivo.

Organizaciones civiles consultadas por LA NACION alertaron sobre la gravedad de la situación y responsabilizaron al Consejo de la Magistratura. Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) criticaron al Consejo por saber que hay jueces “no aptos” y no tomar medidas.

El presidente de Fores, Alvaro Casalins, advirtió que falta más seguimiento del Consejo sobre los magistrados. Para María Julia Pérez Tort, de Poder Ciudadano, es preciso rever con un estudio profundo qué se va a hacer con los exámenes psicotécnicos. “Es una irresponsabilidad que se haga un examen así, dos personas den no aptas y no pase nada”, dijo.

Martín Böhmer, de Cippec, declaró: “Si le hacen un test psicológico a un juez y los expertos dicen que no está apto, dejarlo en el cargo es una irresponsabilidad mayúscula. Hay que ir a ver cómo está funcionando su juzgado. Ser no apto debe tener alguna repercusión en su cargo y, si no, hay un problema con los expertos que ellos mismos [por los consejeros] eligieron”.

Obligatorios desde 2004

Los exámenes psicológicos y psicotécnicos son obligatorios para los aspirantes a jueces desde fines de 2004. El mecanismo de evaluación y el resultado son información reservada, pero en el plenario del jueves último -de carácter público- un consejero dio a conocer el nombre de uno de los “no aptos”: Domingo Montanaro.

Su caso es especialmente polémico: es juez de primera instancia del fuero correccional. Como tal, está habilitado para decidir sobre la libertad de las personas. Luego de que su identidad se diera a conocer, LA NACION se entrevistó con él, que denunció una campaña en su contra (ver en la página 11).

El nombre del otro juez “no apto” no fue difundido, pero varios consejeros confirmaron a LA NACION que se trata de un juez comercial que se presentó en un concurso para ser camarista.

El régimen de las subrogancias lo regula el Consejo, por eso, el consejero Beinusz Szmukler presentó en la Comisión de Selección de Magistrados, que preside, un proyecto que preveía que si un subrogante se presentaba en un concurso y resultaba “no apto” debía cesar inmediatamente en su cargo. La iniciativa proponía, además, hacer vinculantes los resultados de los exámenes psicotécnicos. Así, quienes no los pasaran, no podrían integrar ternas.

La Comisión de Selección del Consejo dictaminó en contra del proyecto de Szmukler. Hoy, si bien los exámenes son obligatorios, quien dé “no apto” puede, igualmente, ser elegido juez.

“Ningún dictamen tiene que ser vinculante, si no, ¿quién elige el juez? ¿El psicólogo?”, dijo el consejero Eduardo Orio a LA NACION. En el mismo sentido, el diputado Jorge Casanovas (PJ), también consejero, opinó: “Si bien las pericias orientan con fundamentos científicos, nunca son vinculantes”.

Poder Ciudadano denunció que esto se presta a arbitrariedad. Por eso, el 27 de mayo, envió una carta al Consejo en la que pide que si un concursante resulta no apto se lo excluya de la terna: “Sería una incongruencia ante una evaluación de esa naturaleza aceptarla sólo como una sugerencia”.

Paz Rodríguez Niell

“Sistema anónimo”

Las evaluaciones psicológicas y psicotécnicas de los candidatos a jueces están a cargo de la Dirección de Reconocimientos Médicos bonaerense, que desde hace nueve años toma exámenes similares en esa provincia. Ya realizó unas 6000 evaluaciones, que dieron un 3% de inaptitud, según explicó su titular, Mario Calvo, a LA NACION. Desde noviembre último, trabaja para el Consejo de la Magistratura. Por razones de confidencialidad, Calvo se negó a dar detalles sobre los exámenes. Y advirtió que no sabe cuáles fueron los candidatos que fallaron ni cuál fue la causa. “El sistema es absolutamente anónimo”, explicó.