DOS POLICÍAS VAN A JUICIO POR ORDEN DE LA CORTE SUPREMA

A los dos jóvenes los contactó un hombre en la avenida Corrientes y les ofreció 100 pesos por hacer una changa. Caminando los llevó hasta la puerta del Colegio Nacional Sarmiento, en Libertad al 1200, en el Barrio Norte. Allí les dejó unos paquetes, le hizo señas a unos desconocidos que estaban a pocos metros y se fue.

Los jóvenes fueron inmediatamente detenidos por una brigada de la División Leyes Especiales de la Federal y acusados de intentar venderle droga a los chicos del colegio. Pero sólo estuvieron dos semanas detenidos.

La Justicia los sobreseyó luego de comprobar que habían sido víctimas de una trampa policial. El Colegio Sarmiento queda cerca de la Escuela de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y las cámaras de seguridad de ese lugar filmaron gran parte de la trampa. También se comprobó que el hombre que los había llevado hasta el colegio (una “carnada”) se había comunicado con los policías del operativo, minutos antes de que este se concretara, desde un teléfono publico.

El caso ocurrió el 17 de septiembre de 1998, hace casi siete años, y acaba de ser rescatado por la Corte Suprema de Justicia, a quien tuvo que recurrir el Procurador General de la Nación para que la investigación contra los policías no quedara en la nada.

En una resolución firmada el 7 de junio —a la que tuvo acceso Clarín— los jueces de la Corte (por mayoría) ordenaron revocar una decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Esta había dictado la nulidad de todo el expediente argumentando un defecto formal y a pedido de los abogados de los policías imputados: el subcomisario Carlos Alberto Jurevich y el oficial Fernando Pinzetta Martínez.

Ambos hoy están fuera de la Federal y, como consecuencia directa del fallo de la Corte, deberán ir a juicio oral por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado”.

El trámite de esta causa siempre fue accidentado. Los policías fueron procesados en abril de 1999 y a fines de ese mismo año la Sala II de la Cámara Federal confirmó la medida.

Ambos quedaron al borde del juicio, que fue pedido por los fiscales Gerardo Di Masi y Jorge Dahl Rocha, en abril de 2002. Pero entonces los abogados de Jurevich presentaron un pedido de nulidad argumentando que la acusación contra su cliente no había sido debidamente descripta y eso lesionaba su derecho a la “legítima defensa”.

Para ese entonces Jurevich —aunque estaba procesado firme— había logrado un importante ascenso (a subcomisario) y obtenido sucesivamente dos cargos de importancia: segundo jefe de Inteligencia y luego jefe de Fraudes Bancarios.

Con apelaciones de ambas partes, el debate sobre el caso fue subiendo de instancias hasta llegar a la Corte Suprema, que no suele intervenir en causas antes de que estas lleguen a una sentencia definitiva. “Sin embargo la causa en examen exhibe particularidades que permiten su tratamiento”, dijeron los jueces.