DROGAS: LA DIPUTADA TATE ATRIBUYE INACCIÓN AL GOBIERNO

La diputada nacional Alicia Tate declaró ayer su preocupación porque desde el gobierno provincial “no se hizo nada” luego de que la jueza federal Laura Inés Cosidoy denunciara públicamente que en algunos bares de la ciudad se comercializan drogas ante la mirada cómplice de la policía provincial. La legisladora del radicalismo formuló estas declaraciones luego de reunirse ayer a la tarde con la magistrada en los Tribunales federales. “Se ha matado al mensajero y no se ha avanzado sobre el fondo de la cuestión”, aseguró Tate.

Luego de adjudicar a las autoridades falta de “voluntad política” para combatir el narcotráfico, anunció que “pondrá en conocimiento” de la comisión de Drogadicción y Adicción de la Cámara de Diputados el tema, al que definió como “grave”. También indicó que presentará un pedido de informes al ministro del Interior para que brinde explicaciones sobre el documento presentado por la magistrada junto a los otros dos integrantes del Tribunal Oral Federal Nº1, Santiago Harte y Otmar Paulucci, en el cual constan sentencias en las que se ordena investigar a policías federales por omisiones o encubrimientos cometidos en los procedimientos que se ventilaron en el transcurso de juicios orales y públicos.

A su vez, Tate señaló que solicitará una entrevista con el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa, “porque me preocupa como ciudadana saber cuáles son las medidas que ha implementado la provincia para investigar” esta denuncia.

A mediados de mayo pasado, la jueza Cosidoy dio cuenta de que en al menos dos bares de la ciudad se comercializaban drogas con la connivencia de la policía, aunque luego aclaró que la lista de lugares donde eso ocurre es mucho más numerosa.

Ese planteo generó un debate que rápidamente se instaló en la sociedad y subió de tono cuando el titular de la cartera política santafesina exigió que la magistrada denunciara esos casos de corrupción institucional por la vía judicial.

Con relación a la respuesta brindada por el gobierno provincial luego de las afirmaciones de la jueza Cosidoy, la diputada sostuvo que “los funcionarios miraron para el costado. Lo que tienen que hacer es tomar medidas concretas con aquellos (uniformados) que han sido investigados. Sin embargo, a personas que han colaborado con la pesquisa los desplazaron del lugar donde tenían más poder para investigar”.