DROGAS: OBJETAN EL TRASPASO DE LAS CAUSAS

La desfederalización de las causas menores de estupefacientes suscitó una fuerte controversia entre los magistrados provinciales que rechazan esta competencia y el Poder Ejecutivo provincial, que impulsó la iniciativa para combatir el narcotráfico.

Mientras el gobernador Felipe Solá anunció ayer la creación de nuevas fiscalías y la transferencia de recursos para combatir la venta ilegal de drogas, los colegios de magistrados y abogados denunciaron que el traspaso de esta competencia “empeorará” la situación de la justicia provincial y entorpecerá la lucha contra el narcotráfico.

En ese sentido opinaron también jueces federales de Santa Fe, Rosario y Córdoba consultados por LA NACIÓN. En el interior, sin que la controversia alcanzara la virulencia bonaerense, los magistrados temen que el traspaso genere una saturación de la justicia ordinaria. No es ése el caso del juez federal mendocino, Alfredo Manuel Rodríguez, que defendió la nueva legislación.

En Santa Fe, el presidente de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, dijo que para investigar este tipo de delitos cree conveniente crear un juzgado específico “porque teníamos ochos juzgados correccionales y ahora sólo quedan seis”.

El principal impulsor de la iniciativa, Solá, reaccionó con encono. Denunció que la oposición de jueces y fiscales provinciales se sustenta en “la defensa de intereses corporativos”. Y retrucó que, en contrapartida, es obligación del Estado “defender los intereses de la gente”.

En similar sentido, el ministro de Justicia de la provincia, Eduardo Di Rocco, dijo: “Siempre hay sectores de la Justicia que se resisten a los cambios. Esto no se trata de consensuar. Esto es una obligación legal del Estado”.

Los jueces correccionales y de garantías de la provincia serán los encargados de llevar adelante estas causas. En la provincia de Buenos Aires cumplen su función 60 jueces correccionales, 60 jueces de garantías y se estima que para fin de año habrá 500 fiscales, según fuentes oficiales. En el mismo territorio están trabajando alrededor de 28 jueces federales.

Horas después de que el Congreso de la Nación aprobara anteayer la ley que traspasó a la justicia provincial las causas por entrega o suministro de estupefacientes de escasa cantidad, el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires rechazó la intervención en lucha contra las drogas ilegales, que aún debe ser ratificada por la Legislatura.

“La justicia provincial tiene recursos y presupuesto precario para la competencia actual. Agregar estupefacientes no hace más que empeorar la situación”, dijo a LA NACIÓN Alejandro Aispuro, presidente de esta asociación.

“Suponer que resolver problemas complejos es cambiarlos de jurisdicción es de una simpleza que preocupa”, opinó el titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Y agregó: “Pensar que la justicia de la provincia de Buenos Aires –que el mismo poder político denuncia colapsada– pueda hacerse cargo de estos delitos sin modificar las estructuras actuales, sin recursos ni capacitación, a fuerza de voluntarismos y espontaneidad, habla, en el mejor de los casos, de apresuramiento e ignorancia”, criticó Aispuro.

“La ley que sancionó el Congreso nacional se presentó como la gran solución al problema de la droga. Está muy lejos de serlo”, concluyó el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios.

El presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Carlos Andreucci, coincidió: “La transferencia de la competencia para actuar en delitos con drogas, sin recursos y sin capacitación, puede provocar efectos negativos mayores que los posibles beneficios”.

Andreucci agregó: “La tendencia política de turno llevó a fragmentar la investigación y persecución del delito. Ya no existen unidad de acción y criterio en la investigación”.

El titular del Juzgado de Garantías N° 3 de esta capital, Néstor De Aspro, fue aún más duro: “De nada sirve agarrar a un chico con dos gramos de cocaína. El problema de la droga es por dónde entra; por dónde se difunde. Eso sólo lo puede investigar la justicia federal”.

Por otro lado, Solá opinó que el cambio en el procedimiento propiciará una actuación judicial veloz para combatir la venta de droga en los barrios. “Queremos llegar a quienes distribuyen la droga entre nuestros jóvenes y los envenenan”, dijo Solá, principal impulsor de la ley, presentada en 2003 en el Senado de la Nación.

“Una vez que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la ley vamos a enviar un proyecto a la Legislatura para adherir de inmediato”, anunció el gobernador.

El ministro de Justicia precisó que en un plazo de entre 90 y 120 días se crearán nuevas fiscalías especializadas y se transferirán fondos. Agregó que se capacitará a la policía y a los jueces provinciales correccionales, que tendrán intervención en las causas por narcotráfico.

“El gobernador Solá aportará todos los recursos que sean necesarios para instrumentar el nuevo procedimiento”, prometió Di Rocco.

Mientras la discordia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial aumenta, los jueces federales que actualmente tienen competencia en todos los delitos vinculados con el narcotráfico se mostraron ayer al margen de la controversia. El juez federal Arnaldo Corazza dijo a LA NACIÓN: “No opino sobre la ley. Yo la aplico”.