DUDAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO ADORNA

El chico de 17 años que baleó a su familia, matando al padre y al hermano e hiriendo a la madre, a la abuela y a la hermana, prestará declaración en Tribunales hoy o, a más tardar, mañana, estimó su abogado, Jorge Bedouret, quien radicó una presentación ante el juez Juan Artigas para ratificar la voluntad del imputado de comparecer. Las palabras de T. serán vitales para la investigación, que la Policía da por esclarecida aunque no cuente con testigos visuales del doble crimen. Ayer trascendieron presuntas irregularidades del procedimiento, en tanto un psiquiatra forense entrevistó al detenido para determinar si puede iniciar un tratamiento terapéutico y bajo qué modalidad.

Todo parece indicar que T. romperá el silencio sólo para afirmar que no recuerda nada de la noche del sábado, cuando en su lujosa casa de Funes ejecutó al padre y al hermano menor, de 16 años, con una pistola semiautomática con silenciador. Después agredió a la abuela paterna, de 80 años, y a la mamá, Alicia Travagliante, de 49, quienes recibieron sendos disparos (la anciana sigue internada en el Pami I, con apoyo psicológico).

La frenética secuencia concluyó con un forcejeo con su hermana Nadia, de 19 años, que le hizo caer el arma. El chico sabía manejarla porque su dueño, el fallecido Alberto Adorna, a la sazón empresario del juego, le había dado instrucciones de cómo hacerlo, como también a otros integrantes de la familia, aseguró su abogado.

Técnicamente, no hay prueba firme

“Nadie lo vio disparar contra las víctimas fatales así que técnicamente no hay certeza”, sorprendió una fuente judicial, introduciendo una variable inquietante ya que, se sabe, la duda favorece al imputado. “La pistola no quedó en el mismo lugar que el pibe la dejó, y además la tocó todo el mundo, en tanto el dermotest (prueba de pólvora) no aportará demasiado porque fue practicado doce horas después de los crímenes”, agregó el vocero. En ese sentido, Bedouret descartó “la presencia de un tercero como parte de la estrategia defensiva” y subrayó “que nunca hubo dudas sobre el tema”. Además, adelantó que no cuestionará la modalidad de la pesquisa, que se caracterizó por la presencia exclusiva de agentes policiales en la casona de Funes. Es decir, no hubo representantes del Poder Judicial –como sí debería ocurrir– en el escenario del doble crimen.
En Tribunales contaron que el juez Artigas se enteró de lo sucedido “varias horas después”, cuando efectivos de la Brigada de Homicidios, a su vez alertados por el Comando Radioeléctrico de Funes, le avisaron ya desde el lugar del hecho. Por lo pronto, se han pedido el libro de guardia de la comisaría 23ª y la lista de llamadas al Comando, para cotejar errores (al menos, de horarios) en vitales actuaciones, aseguró la fuente consultada. Según agregó, Artigas también envió oficios a la División Balística de la UR II porque aparecieron nada más que tres vainas servidas cuando los heridos suman cuatro. Otro aspecto que se pretende esclarecer es dónde están los proyectiles que “sobraron” después de la balacera, teniendo en cuenta que la pistola tenía una capacidad de 10 cápsulas.

Las que sí aparecieron, en la mesa de luz de Alberto Adorna, son 125 cápsulas para cargar la escopeta 12,70 secuestrada el sábado a la noche. En realidad, ese allanamiento no está vinculado al hecho en sí, explicó un investigador, pero en caso de que no surja registro de la carabina podría abrirse una causa en el fuero federal por tenencia de arma de guerra. También se aguardan los datos registrales de la pistola y del silenciador.

La pericia psiquiátrica

En su celda del penal de Seguridad Personal, en la Jefatura, T. recibió ayer a la tarde al médico forense Carlos Elías, especialista en psiquiatría y abocado fundamentalmente a los fueros de Menores y Familia. El profesional, que está trabajando el caso junto con su colega del Instituto Médico Legal Alberto Gagliardi, compartió una hora con el chico. Es la segunda vez que lo entrevista: habían conversado brevemente el lunes en Tribunales. Fue antes de que T. tomara contacto con el juez Artigas para abstenerse de declarar sobre el intento de exterminio de su familia.
De aquel encuentro, Elías concluyó que el imputado padece “sufrimiento psíquico” pero no una enfermedad mental. “De lo contrario, hubiera recomendado su inmediata internación”, explicó el médico. “Se trata de un a priori, que no alcanza para definir un perfil o un diagnóstico”, aclaró.
Es muy posible que, tras esta audiencia, se sugiera un tratamiento psicológico que no implica necesariamente el traslado a un instituto de salud mental. Por ahora, el joven no recibe asistencia alguna. Su abogado reconoció gestiones y consultas para una futura internación, aunque no hubo un pedido expreso al magistrado.

Elías abundó que las pericias psicológicas consisten generalmente en entrevistas, aunque en este caso se pidieron además análisis bioquímicos (de sangre y orina) y una interconsulta a un otorrinolaringólogo, de modo de establecer ingesta o consumo de drogas. “La adicción no es una enfermedad mental; es decir, no implica inimputabilidad”, subrayó el forense, que se confesó ante un caso inédito. “En los trece años que he trabajado en el fuero de Menores nunca vi una cosa de tal gravedad, porque hay muchos sumarios por parricidio pero no de ataque a toda la familia”, rememoró.

Elías destacó que la punición es sólo un aspecto del proceso ya que en su calidad de menor, T. será tutelado por la Secretaría Social del juzgado de Artigas. En casos similares, de adolescentes que cometen graves delitos, siempre se evalúa la contención familiar en el propio hogar, posibilidad que aquí no se contempla precisamente porque el grupo está deshecho.
“Nos preguntamos porqué ocurrió desde nuestros parámetros y no desde las razones que movieron al chico a actuar”, sostuvo Elías. “Trataremos de hacer un análisis científico para aproximarnos a esos motivos y que después el juez decida”, remató. Tarea difícil que conlleva un interrogante: ¿hay un futuro posible para el acusado?