Dudas por los problemas que generará desmontar el sistema de Patronato

El debate sobre la aplicación en la provincia de la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes ya generó los primeros encontronazos. Mientras que la provincia avanza en pos de hacer cumplir la nueva legislación a través de la transformación de la Dirección del Menor en una subsecretaría “de la niñez y de la familia” que estará a cargo de la ex concejala justicialista Luisa Donni y que dependerá de la Secretaría de Promoción Comunitaria –tal como lo adelantó El Ciudadano–, por su parte, la diputada provincial socialista Lucrecia Aranda advirtió ayer que existe “una improvisación total” de parte de las autoridades santafesinas. Además, recordó que según datos de Unicef, la provincia “está segunda en cantidades y porcentajes de situaciones de gravedad, con 2.878 chicos privados de la libertad que no han cometido ningún delito”. Los especialistas coinciden en que la ley 26.061 aprobada por el Congreso en 2005 y reglamentada en abril pasado, es una de las más avanzadas en materia de minoridad. Uno de sus puntos esenciales expresa la total prohibición de la privación de la libertad a una niña, niño o adolescente por una cuestión social. Pero a la vez, su puesta en marcha tiene muchos puntos conflictivos ya que rompe con una larga tradición de casi un siglo de avasallamiento de los derechos de los niños, en un marco institucional vetusto de judicialización de los problemas sociales. Y los casos problemáticos, entre otros por la intervención policial, se reproducen cotidianamente. Ayer, un pibe de 10 años detenido por la policía en la localidad de Vera intentó suicidarse (ver policiales).En tanto, Aranda, enterada del proyecto gubernamental, sostuvo que “no alcanza con el anuncio de la creación de una subsecretaría específica sino que es necesario un proyecto concreto de política pública”. Y agregó: “Hay que replantear toda la lógica de la intervención del Estado”.Por su parte, Donni confirmó a El Ciudadano que aceptó ponerse al frente del nuevo organismo –cargo que se hará efectivo en los próximos días– y que tendrá como objetivo “hacer las reformulaciones necesarias en sintonía con la nueva ley vigente, que busca que el niño sea escuchado y que actúen los organismos administrativos antes que la Justicia”.La futura titular del área adelantó que ya está trabajando sobre el proyecto y anticipó que “habrá que tener mucha paciencia ya que no es una problemática fácil y se debe coordinar con el resto de los ministerios, los municipios y comunas, para crear una gran red, sino los esfuerzos no van a dar frutos”. Además, aclaró que entre las modificaciones que implica la aplicación de la ley “también se tomarán en cuenta las cosas que han sido bien hechas”.Del otro lado, Aranda cuestionó que “no se han presentado datos en referencia a los montos y recursos humanos que se destinarán”. La diputada socialista destacó que “en la actualidad, el presupuesto anual destinado a la Dirección Provincial del Menor, es de 22 millones de pesos, 18 de los cuáles son dirigidos al personal, lo que resulta absolutamente insuficiente”.“La respuesta que el Estado provincial debería dar en estos casos consiste en programas y servicios que otorguen abordaje a las problemáticas para restituir los derechos vulnerados. Pero esto se construye con compromiso político, recursos económicos suficientes y equipos capacitados que actúen todos los días, en todo el territorio provincial y no con anuncios vacíos”, disparó.Cabe recordar que la nueva legislación promete arrasar con 87 años de la ley de Patronato, que hacía todo “por el bien del niño”, pero sin tener en cuenta su opinión. Además, uno de los principales objetivos de la ley apunta a desmontar un sistema que retiene a miles de chicos en institutos y centros para crear otro nuevo que deje de considerar a los niños objeto de tutela gubernamental y los reconozca como sujetos de derechos.Los especialistas en la problemática indican que entre los puntos mas complejos a resolver, se encuentra el debate sobre los intereses económicos y políticos creados en torno del antiguo sistema de Patronato a través de institutos y centros donde los niños son privados de libertad por razones puramente sociales. Además, la vieja ley daba facultades a los jueces para disponer arbitrariamente de cualquier niño que hubiera cometido o sido víctima de una contravención o delito, o se encontrara “material o moralmente abandonado”, para entregarlo a “una persona honesta, o a un establecimiento de beneficencia privado o público, o a un reformatorio público de menores”, según expresaba el texto original de la ley ahora reemplazada.Desde el municipio, el secretario de Promoción Social, Pedro Pavicich, ya adelantó que trabajan en la creación de un “consejo” l local con la intención de articular políticas en sintonía con la nueva ley. Además, está previsto realizar un foro de discusión el 14 de agosto próximo en el teatro La Comedia con la participación de distintas organizaciones sociales y del Estado, vinculadas con la problemática de infancia y adolescencia, además de los jueces que intervienen en estos casos.