DUDAS Y EXPECTATIVAS EN TORNO A LA FLAMANTE LEY DEL PERSONAL POLICIAL
Los estudiosos de las organizaciones aseguran que todo cambio genera resistencia. Y la policía santafesina parece no ser ajena a esa máxima: sus integrantes reaccionaron con reservas ante la nueva ley que rige el funcionamiento de la fuerza. Temores, dudas y reparos se palpan en todos los estamentos de la institución tras la reforma del régimen de ingreso, ascenso y sanciones. Lo que más preocupa a los efectivos es saber si deberán capacitarse en su tiempo libre, si las tareas “de calle” se verán desvalorizadas al concursar para un cargo superior, o si la reducción de grados jerárquicos resentirá la cadena de mandos. Desde el gobierno aseguran que esas inquietudes existen por desconocimiento de la flamante normativa y, con la ley en mano, tratan de alejar esos fantasmas.
¿Con qué ánimo abrazan la reforma policial sus destinatarios? A diez días de sancionada la nueva ley del personal policial, los efectivos de la provincia recibieron la novedad en un clima de cuestionamientos, preocupación y el lógico temor al cambio. El cuerpo legal, aprobado por unanimidad en el Senado provincial, pretende despojar a la policía de su impronta castrense, democratizarla y acercarla a la sociedad.
Pero desde la base hasta los niveles más altos de la pirámide policial, sus integrantes miran la norma con recelo. Aunque algunas voces reconocen que una reforma era necesaria para adecuar la institución a “la demandas actuales de la sociedad”, la mayoría teme que el nuevo régimen imponga un freno a sus carreras. A otros les preocupa que se produzcan casos de insubordinación. Y un buen número se pregunta cómo funcionará el nuevo sistema de sanciones.
A cada uno de esos supuestos los impulsores de la ley oponen explicaciones tranquilizadoras: aseguran que la capacitación se hará en horarios de trabajo, que el nuevo escalafón brindará oportunidades de ascenso para todos, que muchos verán un incremento en sus salarios y que se intenta terminar con los castigos arbitrarios. “Esos temores existen porque la mayoría de los policías no conocen la ley”, replicó el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa.
La nueva ley imprime profundas modificaciones culturales a una institución rígida y verticalista como la policía. A la hora de ascender los efectivos ya no serán evaluados por sus pares porque desaparecerá la junta de calificaciones. Se implementarán concursos de antecedentes y oposición donde serán examinados por un tribunal académico.
La histórica división entre oficiales y suboficiales quedará abolida. A partir de ahora todos los policías egresarán de un instituto con título terciario y podrán aspirar al máximo rango. Los 18 grados actuales de la escala jerárquica se reducen a 10. A esto se suma el escalafonamiento en cuatro categorías: general, profesional, técnica y de servicios. También desaparecen los sumarios internos para ser reemplazados por juicios orales y públicos.
El punto que más alarma a los policías es el relativo a la capacitación. Como a partir ahora ascenderán por mérito, y no por simple antigüedad, los desvela pensar que a las horas de patrullaje o custodia de detenidos deberán sumarle jornadas de estudio. Muchos oficiales creen que sin un título universitario se estancará su ascenso. O se preguntan cómo harán para conciliar una mayor preparación con extensas jornadas de trabajo.
“Ahora van a ser todos teóricos, ¿pero quién va a manejar un patrullero, quién va a trasladar a un preso, qué preparación en la práctica va a tener un jefe de comisaría?”, evaluó un comisario inspector de Rosario. “Por un lado se nos pide que la policía se dedique a full y por otro que nos perfeccionemos. Lo que no está claro es en qué momento. Un sumariante cumple turnos de diez o doce horas, ¿cuándo va a estudiar?”, opinó el comisario. “Espero que también premien a la gente que trabaja, al tipo que se sube a un patrullero o cuida presos”, expresó, en la misma línea, otro comisario de la ciudad.
Como si hubiera una suerte de tensión entre teoría y práctica, los uniformados suponen que se fomentará una policía “académica” en desmedro de una más “operativa”. Para el ministro Rosúa no existe tal división: “El policía más operativo tiene una suerte de ventajas que se evaluarán en sus antecedentes. Si estuvo en cinco tiroteos o participó en varias detenciones, y además mejoró su formación, tendrá todas las condiciones para ascender”, advirtió.
Más conciliador que sus colegas, el jefe de otra comisaría rosarina se mostró de acuerdo con la iniciativa. “Se está invirtiendo para el futuro profesional de los policías, que cuando se retiran tienen que trabajar de taxistas o de vigiladores privados porque lo único que hicieron fue laburar”, afirmó. Aunque se preguntó: “¿Cómo hará un policía que revista en Pozo Borrado o Gato Colorado para ir a la facultad?”.
Para despejar esos temores, el ministro Rosúa aclaró que el pefeccionamiento académico no será discrecional ni quedará librado a decisiones personales. “Hay que instrumentar cursos para darle a la policía la posibilidad de que se capacite. El perfeccionamiento se hará por vía de apoyos que debe dar la propia institución, sin resentir el servicio y dentro de horarios de trabajo, como ocurre en cualquier empresa que capacita al personal”.
Ahora que el cuerpo legal fue aprobado, el gobierno debe reglamentarlo, tarea que demandará todo el año. Un equipo de trabajo, dividido en comisiones, se ocupará de adecuar al espíritu de la nueva norma a los reglamentos internos de la policía. Para eso convocarán a representantes de cada uno de los cargos actuales, al tiempo que difundirán la reforma en las distintas unidades regionales. La institución, mientras tanto, se regirá en base a los viejos manuales hasta que el nuevo dispositivo entre en vigencia.
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