DURA EMBESTIDA DEL GOBIERNO CONTRA EL TRIBUNAL ARBITRAL DEL BANCO MUNDIAL

El Procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, calificó como “perverso” al comportamiento del tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) que se negó a fundamentar el rechazo a la recusación planteada por Argentina del juez del caso Siemens, actitud que consideró “imposible de superar en su arbitrariedad”.

Las consideraciones de Guglielmino están expresadas en una durísima carta enviada al secretario general del Ciadi, Antonio Parra. En la misiva se queja porque se negó al Estado argentino la posibilidad de conocer los argumentos por los cuales el tribunal rechazó la recusación del árbitro oficial, el español Antonio Rigo Sureda, en el caso que la empresa alemana Siemens entabló contra el Estado argentino por el conocido contrato para la confección de los DNI.

Argentina había recusado a Rigo Sureda porque formaba parte del estudio Fulbright & Jaworski, que había designado como árbitro en un caso contra el Estado peruano al abogado de una empresa demandante contra la Argentina, lo que para el gobierno constituye “un claro cruce de intereses y una grave falta ética”.

La recusación no pudo ser resuelta en el Ciadi al existir un empate en la decisión, por lo que el tribunal recurrió a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que recomendó el rechazo de la presentación argentina. Tras haber sido notificado oficialmente vía telefónica, Guglielmino solicitó conocer los argumentos del rechazo, lo que fue contestado por Parra en una nota en la que sólo sostiene que la recomendación de La Haya “cumple plenamente con la práctica de esa institución”, que “la decisión es final y no cabe apelación”.

“Es imposible entender que una decisión de naturaleza jurisdiccional sea considerada plena cumplidora de la práctica de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, cuando carece de fundamentos o, si los tiene, no se los ponga en conocimiento de quien resulta perdidoso conforme esa decisión”, contestó Guglielmino.

Luego de lamentar la postura del Ciadi de no dar a conocer los fundamentos, el procurador consideró en la carta a Parra que “más lamentable aún que tanto usted como todos los funcionarios que conozcan este episodio antijurídico no se escandalicen ante una práctica imposible de superar en su arbitrariedad”.

“Se está formando en mí la convicción de que en estos tribunales internacionales no hay personas capaces de comprender que su rol no es el de negar el derecho de defensa a procuradores que intentamos defender con nobleza jurídica, pretensiones económicas enormes de inversores, en representación de una Nación en crisis económica y social, con millones de seres humanos sumidos en la pobreza”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina no será responsable de que ese “drama se incremente por este perverso comportamiento de estos centros que ya no pueden llamarse de justicia, puesto que consideran adecuado no fundar decisiones de gran trascendencia”.

Luego de exigirle a Parra dar a conocer “los nombres de todas las personas que han participado en este episodio tan desgraciado”, Guglielmino le recomendó que se pregunte “quiénes están transformando en una grotesca ironía el slogan del Banco Mundial: Por un mundo libre de pobreza”, como un aporte para que el secretario general pueda tener éxito “en el esfuerzo que deberá poner por llevar una vida más verdadera que aparente”.

El gobierno enfrenta millonarias demandas ante el Ciadi, en particular de empresas de servicios públicos privatizados. El ministro de Justicia y ex Procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, admitió que los juicios de inversores extranjeros aceptados por el Ciadi involucran un monto de 16 mil millones de dólares en indemnizaciones, un presupuesto similar al gasto de los tres poderes del Estado. Si ese organismo aceptara todos los planteos presentados por un centenar de empresas y lauda a favor de ellas, ese monto se elevaría a 80 mil millones de dólares.