DURAS CRÍTICAS AL PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL EN SANTA FE

El jurista y miembro fundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de la República Argentina (Inecip), Alberto Binder, cuestionó con dureza el actual proyecto de reforma al Código Procesal Penal de Santa Fe que actualmente encara el gobierno provincial, por considerar que resulta “poco creíble” porque carece de una adecuada planificación. “Después de dos décadas de inacción se lanzan con 25 comisiones juntas.

Pareciera que plantean cambiar todo a la vez para que finalmente no cambie nada”, castigó el letrado, quien además es docente universitario e integrante del Centro de Políticas Publicas para el Socialismo (Ceppas). Al mismo tiempo lamentó que la provincia todavía mantenga el juicio escrito que “es un método acorde a la inquisición”, un retraso de la oralidad que la convierte en la única del país y en América latina que mantiene esas prácticas “totalmente retrógadas”.

El 10 de mayo los tres poderes públicos –además de representantes de magistrados y empleados de los distintos fueros– firmaron un acuerdo para reformar la Justicia santafesina, transformación que, en caso de concretarse, alcanzaría a todos los códigos procesales y la ley orgánica provincial. Para muchos, el proyecto impulsado por la Corte Suprema provincial significa un avance importante luego de décadas de retroceso jurídico, marcadas por la persistencia de los juicios escritos y la inexistencia del sistema de oralidad, una etapa ya superada en la mayoría de países.

Sin embargo, para Binder los anuncios “suenan más a fuegos de artificio que a una estrategia sostenible en el tiempo”. Inclusive señala que no existe una adecuada planificación sobre cómo se instrumentarán las modificaciones en el Código Procesal Penal. “De un día para el otro lanzan 25 comisiones que se refieren a los distintos juzgados o fueros cuando en 20 años no se hizo nada. Tenemos experiencias de esto de anunciar todo para que nadie cambie”, fustigó el abogado a pesar de que diferenció las actitudes de personas “bien intencionadas” que pretenden un cambio en serio.

Según su opinión para que la reforma constituya una verdadera garantía de transformación jurídica debería encararse en diferentes etapas; en una primera deberían incluirse cambios normativos, en una segunda fase se deberían diseñar planes de transformación y, finalmente, habría que adecuar las prácticas de los jueces y secretarios, a partir del control y capacitación, para “evitar que los antiguos hábitos distorsionen” el nuevo sistema que se pretende construir.

“Desde hace mucho se viene insistiendo que el Código Procesal Penal que actualmente rige en Santa Fe es violatorio a las normas constitucionales y a los pactos internacionales”, aseguró Binder, quien recordó que en los últimos 15 años muchos países los han adecuado. Inclusive en nuestro país, provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chaco, Chubut y Tucumán, entre otras, se han puesto a tono con esa tendencia jurídica mundial.

LA ORALIDAD ANTE TODO

Por otra parte, recordó que resulta “inconcebible” que Santa Fe haya postergado durante tanto tiempo la reforma y la inclusión del juicio oral en el sistema jurídico, por tratarse de una provincia “con suficientes recursos económicos” además del aporte de la academia de juristas y profesionales que unánimemente han criticado la postergación.

“El modelo del juicio escrito casi responde a los viejos modelos de la inquisición no sólo por sus características de secreto, sino porque no da lugar al enjuiciamiento público. Constituye un caso digno para un manual, por el deterioro institucional tan grande que ha causado y no existen razones para mantenerlo”, explicó para luego recordar que en 1993 en Santa Fe se presentó uno de lo primeros proyectos y que, sin embargo, nunca se llegó a tratar.

Por otra parte, el jurista consideró que más allá de los cuestionamientos “garantistas” del modelo escrito que reciente el Derecho Penal, tampoco es eficaz a la hora de impartir Justicia. “No se entiende que todavía persistan defensores, cuando es ineficiente e inadecuado para las nuevas formas de investigación jurídica y resulta incompetente para el control de la criminalidad.

“En cambio, el juicio oral –insistió Binder–, además de otorgar eficacia, garantiza el cumplimiento de los derechos humanos”

JUEZ DE GARANTÍAS Y FISCAL

Con el mismo tono crítico, el letrado recordó otro de los cambios que a su entender “sí o sí” deberían incorporarse dentro del sistema de justicia santafesino: la inclusión de un fiscal cuya función sea la de investigar y delimitar el rol del magistrado que debe constituirse en un juez de garantías. “De esa forma, se asegura una adecuada distribución de tareas y funciones: que exista alguien que defienda, que el fiscal acuse y que el juez se ocupe de hacer cumplir las reglas de juego”, dijo.

“La participación de las víctimas en el proceso penal constituye otras de las grandes omisiones en el actual sistema santafesino”, señaló Binder en relación a la existencia de figuras que permitan que las personas que fueron afectadas directamente por un delito puedan formar parte de la causa, proponer medidas, aportar testigos y pruebas.

Por último, el jurista redobla su apuesta garantista y reclama otra figura que aún para muchos juristas resulta urticante y que es la conformación de juicios por jurado, como los que existen no sólo en estados de Estados Unidos sino en otros países que cuentan con un sistema jurídico de avanzada. “Por más que se cuestione a este modelo por considerarse que los ciudadanos que forman parte de un jurado puedan ser reaccionarios o incurrir en arbitrariedad. Yo sostengo que Santa Fe es una provincia donde nunca se llevó a cabo esta experiencia y, sin embargo, ¿qué han construido los jueces profesionales, qué han aportado?”.