DURO DOCUMENTO CONTRA EL GOBIERNO POR LAS REPERCUCIONES DEL CRIMEN DE SANDRA CABRERA

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) enviará un duro mensaje al gobernador Jorge Obeid a través de una carta documento que criticará la lentitud del Ejecutivo para resolver la despenalización de la prostitución y denunciará una serie de amenazas a trabajadoras sexuales (algunas retiradas) y hasta a un familiar de una de ellas. En el transcurso de esta semana la Justicia penal también será advertida de la “ola de intimidaciones”, que cobró fuerza los últimos quince días y preocupa a los dirigentes gremiales a la luz del asesinato de la meretriz Sandra Cabrera.
Jorge Acedo, titular de la delegación local de la Asociación de Trabajadores Argentinos (ATE) y de la CTA, recordó que una semana atrás pidió una reunión al ministro de Gobierno Alberto Gianneschi, pero todavía no recibió respuesta. “Queremos plantearle la falta de voluntad política para encarar la reforma del Código de Faltas y la ola de intimidaciones a trabajadoras sexuales de distintas zonas de la ciudad”, explicó el dirigente.

En ese sentido, El Ciudadano reflejó ayer dichos de Gianneschi en relación al proyecto de reforma, que será enviado a la Legislatura provincial recién en abril. Hasta fin de ese mes las sesiones son extraordinarias, así que sólo el Poder Ejecutivo propone los temas de debate.

Para la central a la que está adherida la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), de la cual Sandra Cabrera era secretaria general, esta demora “es inexplicable y su consecuencia es la apología del rufianismo, los negocios clandestinos y la recaudación ilegal como políticas de Estado”.

Acedo adelantó que por medio de la nota le comunicarán al primer mandatario provincial “la continuidad de gravísimos hechos de intimidación y amenazas sufridos en forma reiterada por militantes de la CTA, porque es nuestra responsabilidad institucional, ética y de sobrevivencia el denunciar toda situación de riesgo de nuestros militantes. La denuncia pública de la corrupción institucionalizada costó la vida de la dirigente Sandra Cabrera”, afirma el escrito.

En ese marco, las intimidaciones también serán advertidas a la Justicia a través de una presentación conjunta, muy posiblemente hoy mismo.
La denuncia, avalada por la CTA, comprende persecuciones (en motos o autos y a distintos horarios), amenazas y hasta un robo. Las víctimas son meretrices encuadradas en Ammar, algunas retiradas, e incluso fue hostigada la hija de una trabajadora sexual. La secuencia de estos hechos se verificó en los últimos quince días, período en que el asesinato de Cabrera fue perdiendo peso en la opinión pública.

Las autoridades policiales y judiciales se muestran reacias a ventilar datos sobre la investigación, de la que poco se conoce. Sin embargo, anteayer Gianneschi –cuya salida del gabinete de Obeid es materia de especulación periodística– sostuvo que “la causa avanza a muy buen ritmo”.
Una hipótesis que campeó desde el principio, la ligazón entre el crimen y el mundo del tráfico y distribuciòn de la droga, se avivó en las últimas semanas, sobre todo a partir de la presentación espontánea de un agente de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, identificado como Diego, que admitió una relación sentimental con Cabrera desde hace cuatro años y haber estado con ella sus últimas horas de vida.

La versión policial es que ambos estaban vinculados a la comercialización de estupefacientes y que el homicidio sería un ajuste de cuentas, aunque no por las numerosas denuncias de corrupción y amenazas que interponía la dirigente de las meretrices. A su cadáver, trascendió de fuentes judiciales, le hicieron un hisopado de las fosas nasales para ver si tenía restos de cocaína.

También apareció en escena otro agente de la Policía Federal apodado Turco, cuya gorra fue descubierta en la casa de Cabrera durante el allanamiento posterior a su muerte. Según fuentes allegadas al caso, este efectivo tiene una relación cercana con Diego, de 34 años, y estaría en pareja con una meretriz de la zona de la Terminal de Ómnibus, donde Cabrera trabajaba y vivía.

Todo indica que ambos uniformados declararán ante el juez de instrucción Carlos Carbone en los próximos días.