Duro reclamo de Francia por la rescisión del contrato de aguas

La decisión del Gobierno de reestatizar el servicio que operaba Aguas Argentinas generó un nuevo roce con Francia, que ayer salió a presionar a favor del grupo Suez, el principal accionista de la ex concesionaria.El portavoz de la Cancillería francesa, Jean-Baptiste Mattéi, habló de una "decisión repentina" del Gobierno argentino y lo exhortó a adoptar las "medidas adecuadas" para que Suez pueda terminar sus actividades en "condiciones satisfactorias".Junto con el pedido de una salida ordenada, la Cancillería francesa reclamó en forma implícita que las autoridades locales le reconozcan a Suez el pago de la indemnización económica que se está dirimiendo en el tribunal internacional del CIADI.Según destacó Mattéi, el gobierno de Jacques Chirac —quien en abril hará una gira por los países del Cono Sur que dejará afuera a la Argentina (ver La relación con Francia quedó ahora en su punto más flaco)— quiere que "se garantice la seguridad jurídica de las inversiones francesas en el extranjero y que las instancias de arbitraje internacional puedan desarrollarse plenamente".Suez y sus socios europeos —Aguas de Barcelona y Vivendi— tienen una demanda en el CIADI que trepa a US$ 1.700 millones. Es lo que reclaman como compensación por las inversiones y los daños económicos que sufrieron, supuestamente, por la caída de la convertibilidad y el congelamiento de las tarifas.Tras la posición que fijó la Cancillería francesa, Suez —por medio de su encargada de comunicaciones en París, Eleine Engieger— destacó que no comparten la decisión del gobierno argentino "porque desde 1993 les dimos agua a más de 2 millones de usuarios que no tenían el servicio". Y añadió que "el juicio en el CIADI seguirá su curso porque queremos recuperar nuestra inversión de US$ 1.700 millones".Frente al planteo francés, el presidente Néstor Kirchner respondió que la rescisión del contrato de Aguas permitió terminar con "un agravio y una injusticia".Ayer, en un acto en José C. Paz que compartió con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, Kirchner volvió a criticar a los dueños de la empresa que "durante 15 años se llevaron cientos de millones de dólares de ganancias, mientras que los argentinos tienen que rogar que les den una gota de agua" (ver La relación con Francia quedó ahora en su punto más flaco). Por su parte, el ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró que "ahora el objetivo principal es garantizar la operatividad de la nueva empresa Agua y Saneamientos Argentinos que prestará el servicio". José Luis Lingeri, titular de Obras Sanitarias y hombre de peso en el nuevo esquema del servicio, ayer reclamó que el Estado se haga cargo de las inversiones por $ 500 millones anuales que requerirá la compañía (ver "Hay que invertir 500 millones y los debe poner el Estado")De Vido precisó también ayer que se tomará unos días para completar el directorio que acompañará a Carlos Ben, el ex directivo de Aguas que fue designado al frente de AYSA.Tras mantener un prolongado conflicto con Suez y luego de que fracasaran los intentos de venta de la empresa a otro operador privado, el Gobierno rescindió el martes la concesión de Aguas Argentinas y armó una nueva compañía estatal para que se haga cargo del servicio. Junto con la conformación de AySA, las autoridades anunciaron un plan bianual de inversiones de $ 400 millones para superar los problemas de contaminación detectados en el conurbano.Según los argumentos oficiales, el quite de la concesión se produjo por "la acumulación de incumplimientos contractuales" y la existencia de "elevadísimos niveles de nitrato en el agua" que la empresa estaba suministrando en el Gran Buenos Aires.La reestatización del servicio y la creación de la nueva firma se concretaron por medio de los decretos 303 y 304, que ya fueron girados al Parlamento para su ratificación. Pero la intención oficial de contar con un rápido respaldo legislativo quedó por ahora en suspenso (ver La relación con Francia quedó ahora en su punto más flaco) debido a las dudas e interrogantes que plantearon los legisladores.