DUROS CARGOS FEDERALES A LOS QUE ATACARON LA LEGISLATURA PORTEÑA

Las detenciones se produjeron tras la protesta que, el 16 de junio, derivó en graves destrozos a la sede del Legislativo porteño.

Con fuertes recriminaciones políticas, la jueza de instrucción Silvia Ramond procesó ayer con prisión preventiva por “coacción agravada, privación ilegal de la libertad y daño” a 15 de las 18 personas que permanecían imputadas por los incidentes ocurridos frente a la Legislatura porteña el 16 de junio pasado, y entendió que los responsables de esos desmanes pudieron “poner en peligro la seguridad del Estado y sus instituciones”, por lo que se excusó de seguir en la causa al interpretar que se trata de delitos federales que debe investigar la Justicia de ese fuero.

Ahora, la Cámara Federal deberá sortear un juez de ese ámbito para que siga con el expediente.

Con duras consideraciones políticas, la magistrada emitió un fallo por el que, además, trabó un embargo de hasta 10 mil pesos sobre los bienes de los 15 imputados, y les adjudicó graves delitos federales que prevén penas de entre cinco y 10 años de prisión. A raíz de este dictamen, seguirán privados de libertad Carlos Santamaría, Héctor Gómez, Eduardo Suriano, Jesús Fortuny Calderón, Adolfo Sánchez, Javier Scaramella, Margarita Meira, Horacio Ojeda, Jorge Nieva, Pablo Amitrano, Eduardo Ruiz, Marcela Sanagua, César Gerez, Antonio Medina y María del Carmen Insfrán.

En cambio, la jueza dispuso el procesamiento sin prisión preventiva por “resistencia a la autoridad” de otros dos imputados, y dictó la “falta de mérito” para un tercero.

La jueza estimó que los hechos “intimidatorios” investigados en la causa “denotaron absoluto desprecio por el marco institucional y una alteración de la paz social”, y que “tuvieron por objeto que la Legislatura porteña no sesionara a fin de tratar de modificar el Código de Convivencia” urbano. Y tras ello, dejó sentado que “la violencia nunca puede ser el medio para reclamar”.

Ramond se cuidó por aclarar que en su fallo “no está en discusión la legitimidad y el noble propósito del reclamo social ante las autoridades respecto de demandas de trabajo, educación, salud, alimentación o, como en el presente caso, expresarse en oposición a la posible reforma del Código de Convivencia”. Pero enseguida señaló que ello debe realizarse “en forma pacífica, con profundo apego a la ley y sin colisionar con los derechos de terceros”, porque de lo contrario –concluyó– “el reclamo social pierde licitud, transformándose en hechos ilícitos y hasta delictivos”.

En un extenso escrito de más de 90 páginas, la magistrada también aclaró que su resolución “no trata de buscar chivos expiatorios, sino que es el eslabón primario en la cadena de responsabilidades y el umbral de una investigación que debe continuar”. Y en ese sentido, consideró que tiene que continuar la búsqueda de responsables en base a cruces telefónicos y 12 cintas de video aportadas a la pesquisa por la Legislatura. Y como ejemplo, citó que en uno de los casos se detectó un “llamado triangulado” de un manifestante, Amitrano, a un despacho de la Legislatura el día de los incidentes, a las 18.45 horas.

En su escrito, la magistrada no ahorró críticas a los manifestantes que instigaron los destrozos al edificio de la Legislatura –valuados en más de 200 mil pesos– y en esa línea escribió que “la inmensa mayoría de la ciudadanía reivindica el ejercicio de sus derechos constitucionales, al tiempo que observa con asombro, preocupación e indignación cómo algún sector de la sociedad, apelando a la violencia, el incumplimiento de la ley y el desconocimiento de los derechos de los demás, pretende justificar actitudes so pretexto de defender los propios”.

El ataque a la Legislatura, en el que participaron militantes de organizaciones de izquierda, grupos de vendedores ambulantes, travestis y prostitutas, sorprendió al propio gobierno nacional, y disparó una discusión con el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que reclamaba la intervención de la Policía. Luego, las acusaciones cruzadas enrarecieron el clima a tal punto que terminaron desatando la primera crisis de la gestión kirchnerista, que culminó con el alejamiento del hasta entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Ahora, la investigación continuará en el fuero federal, donde la Cámara de Apelaciones deberá sortear un nuevo juez para la causa o denegar la incompetencia planteada por Ramond y ordenarle que siga al frente de la pesquisa.

El presidente ratificó su plan de “ley y disuasión”

Con la ley y la disuasión. El presidente Néstor Kirchner ratificó ayer que mantendrá su política frente a las protestas piqueteras “más allá de algunos errores” que –admitió– se pudieron haber cometido.
“Nosotros seguimos respetando el derecho natural que tienen los argentinos de reclamar. Y vamos a aplicar como corresponde la calidad de la normativa de la ley”, remarcó el mandatario durante una conferencia de prensa. Y agregó que, “más allá de algunos aciertos y errores”, siempre se priorizó encarar manifestaciones callejeras “con un carácter disuasivo”.

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que frente a los reclamos sociales la propuesta del gobierno continuará siendo la de “prevenir”, pero al mismo tiempo “garantizar la seguridad con toda la fuerza policial que haga falta”.

Y ayer, el presidente también se hizo tiempo para salir al cruce de un negro pronóstico que lanzó Elisa Carrió. “Por favor, les pido que me hagan preguntas que tengan que ver con la realidad”, reclamó Kirchner cuando lo consultaron sobre los dichos de la ex diputada nacional y titular del ARI advirtiendo sobre un posible “estallido” dentro de seis meses.

Supermiércoles : otra prueba de fuego para el gobierno y otro fuerte operativo

La estrategia de seguridad del gobierno nacional afrontará mañana una prueba de fuego, cuando la ciudad de Buenos Aires se verá prácticamente sitiada por agrupaciones sociales, sindicales y piqueteras que se concentrarán y marcharán por las calles porteñas.

Es que ese día, que ya fue catologado por autoridades de las fuerzas de seguridad como “el supermiércoles”, tanto en el Congreso nacional como en la Legislatura porteña se debatirán temas polémicos, que se convirtieron en el motivo de las últimas protestas callejeras y que nuevamente darán el marco para una coincidencia de movilizaciones.
Con ese horizonte, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad y desde la Policía Federal, a través de su nuevo titular, Néstor Vallecas, se informó que se prepara un operativo “importante”, aunque hasta el momento no se ofrecieron mayores detalles. Sin embargo, se recalcó que el sistema diseñado tendrá características “muy similares” al que se desplegó en las últimas concentraciones piqueteras y que consistió en la presencia “disuasiva” de gran número de personal de la fuerza en la calle, pero sin portar armas de fuego.

Es que mañana será otra jornada donde confluirán varias marchas por distintos reclamos, todos ellos contra normas que se debatirán en ámbitos legislativos. En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará convertir en ley el proyecto de Responsabilidad Fiscal que reclama el FMI. Por su parte, el Senado analizará tres proyectos que habían sido enviados en su momento por el ex ministro de Justicia, Gustavo Beliz, en el marco de un plan integral de seguridad. El restante foco de atención será la Legislatura porteña, donde volverán a debatirse en particular las modificaciones al Código de Convivencia tras la accidentada sesión de mediados del mes pasado.